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La complicada relación entre homicidios y narcotráfico

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Es común asociar los altos niveles de crimen en América Latina y el Caribe al narcotráfico o al crimen organizado en general. Sin embargo, la situación es mucho más complicada. Algunas áreas de la región con las tasas más altas de homicidios cuentan con relativamente bajos índices de tráfico de droga, y en cambio otras con altos volúmenes de tráfico de droga, no necesariamente cuentan con las tasas más altas de homicidios. Parece ser que grupos de crimen organizado, los cuales incluyen pero no se limitan a grupos narcotraficantes, tienen un rol en muchos de los países, aunque la naturaleza de estos grupos varía entre y dentro de los países a través del tiempo.

Se pueden distinguir dos tipos de grupos del crimen organizado, cada uno con diferentes implicaciones en términos de homicidios: grupos territoriales y grupos traficantes. Los grupos territoriales están centrados en mantener el control de una cierta área geográfica. Algunos de estos grupos hacen una reivindicación política de dicho territorio y se oponen abiertamente al Estado. Otros simplemente explotan la debilidad del Estado para afirmar el control de facto. Las pandillas callejeras son un subconjunto especial del grupo territorial del crimen organizado, con características propias.

El artículo es un extracto de una serie basada en el libro Los Costos del Crimen y de la Violencia: Nueva Evidencia y Hallazgos en América Latina y el Caribe

Los grupos territoriales actúan como un Estado sustituto en las áreas descuidadas por el gobierno. Su primer paso suele consistir en monopolizar la violencia, y de esta manera, pueden proporcionar seguridad a las partes cooperantes. Por el contrario, los grupos de traficantes tienen fuertes incentivos para evitar la notoriedad y violencia. Se centran en el arbitraje del contrabando internacional, y están motivados exclusivamente por el beneficio económico.

Existe una frecuente interacción entre estos dos grupos. Al trasladar contrabando a su destino final, a menudo es muy ventajoso para los traficantes moverse a través de áreas ajenas al control estatal. A cambio de una cuota, los grupos territoriales garantizarán el paso sin dificultad y la seguridad tanto de las fuerzas gubernamentales como de los grupos rivales. La relación puede llegar a ser tan estrecha que puede tornarse difícil distinguir los grupos territoriales de los traficantes, pero las diferencias de enfoque y orientación indican que estas dos funciones distintas rara vez se integran en una sola organización.

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Algunos de estos grupos territoriales del crimen organizado han logrado capitalizar el flujo de cocaína entre los Andes y Estados Unidos. Los flujos de drogas no generan necesariamente violencia, a menos que los cambios en estos flujos alteren el equilibrio de poder entre los grupos territoriales. Los grupos de trata de personas rara vez son violentos, ya que la violencia es mala para los negocios. No obstante, los traficantes pagan impuestos a los grupos territoriales para operar en las áreas que controlan, y así contribuir al conflicto.

Honduras ejemplifica la relación compleja entre narcotráfico y homicidios. Después de la crisis política de 2009 en ese país, el flujo de cocaína de Venezuela a República Dominicana se desplazó fuertemente hacia su territorio, y el departamento de Cortés se convirtió en el más violento del país. Cortés alberga la segunda ciudad más grande del país, San Pedro Sula, que comparte frontera con Guatemala, y cuenta con una franja de costa; la mayor parte de la cocaína que transita por el país entra por vía marítima. En 2009 la tasa de homicidios en San Pedro Sula ascendió a 137,5 por 100.000 habitantes, con una proporción de asesinatos de alrededor de dos tercios atribuida al crimen organizado. En 2010 el departamento de Atlántida (con 132 muertes violentas por 100.000 habitantes), y en particular su capital, La Ceiba (158), volvió a tomar la delantera en la tasa de homicidios. Los dos departamentos continúan compitiendo por la tasa de homicidios más alta del país. Como el tráfico de cocaína comenzó a disminuir después de 2011, también lo hicieron los homicidios, y una proporción menor de los mismos fueron atribuidos al crimen organizado. En 2014 las peleas interpersonales reemplazaron a las ejecuciones llevadas a cabo por el crimen organizado y se convirtieron en la principal causa de los homicidios en Honduras. Pero los homicidios interpersonales aumentaron en términos absolutos, lo que sugiere que la violencia que alguna vez fue instrumental puede ser ahora más generalizada. Si bien todavía representan una proporción relativamente pequeña de estas muertes, los homicidios relacionados con las maras también comenzaron a aumentar durante dicho período.

En nuestra publicación Los Costos del Crimen y de la Violencia: Nueva Evidencia y Hallazgos en América Latina y el Caribe analizamos los casos de El Salvador y Jamaica, adicionalmente a Honduras. Los estudios de casos sirven para ilustrar la diversidad de hilos conductores de la violencia en la región cuando se vincula a diferentes manifestaciones de lo que habitualmente se define como “crimen organizado”. Incluso en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde la violencia se trata a menudo a nivel subregional, las diferencias nacionales son abrumadoras. Es probable que los disparadores subnacionales sean igualmente diversos. Todo esto sirve para subrayar el hecho de que la violencia en América Latina no es monolítica y las intervenciones de políticas tendrán que adaptarse a las circunstancias locales.

Sin embargo, los grupos relacionados con el crimen organizado territorial de una u otra clase parecen ser una parte significativa del problema. la proliferación de estos grupos es principalmente un asunto de gobernabilidad, ya que emergen en áreas donde el control estatal es inadecuado. La solución a este problema es claramente que el Estado restablezca su autoridad sobre la totalidad de su territorio, lo que significa tanto tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza (tal vez su principal razón de ser desde la concepción weberiana del Estado), como quedar a cargo del acceso a toda la gama de servicios estatales en las zonas problemáticas. Al hacerlo, el Estado eliminará la necesidad de que existan organismos de control extra gubernamentales.

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Foto: Flickr CC Policía Nacional de Colombia

Laura Jaitman
Sobre el autor
Laura Jaitman is an economist in the Research Department of the Inter-American Development Bank. She previously coordinated research for Citizen Security and Justice at the IDB. Her principal areas of research are the economics of crime, the evaluation of policies to prevent and reduce crime, and political economy. Before joining the IDB, she worked for a decade as a consultant to the World Bank, the IDB, and J-PAL in the evaluation of the impact of public policies in different countries of Latin America. Jaitman holds a Ph.D. in Economics from University College London; a Master's in Economics from the University of San Andrés, Argentina, and a Bachelor's in Economics from the University of Buenos Aires.
  1. Luis Fernando Peña Reply

    Es importante como complemento del análisis la inversión que el crimen organizado y en particular el narcotráfico realiza en proyectos extractivos, de monocultivo e hidroeléctrica entre otros, que sumado a la financiación en política hace muy complejo la definición de políticas para su abordaje. Además del indispensable combate a la corrupción para que las políticas tengan funcionalidad.

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