Una forma amplia de entender el crimen es utilizando la teoría económica. El análisis económico del crimen se basa el trabajo de Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía en 1992.
Becker suponía que los criminales son individuos que actúan racionalmente y buscan maximizar su bienestar. Todos tratamos de elegir las mejores opciones, los mejores trabajos dentro de nuestras posibilidades, para maximizar nuestro bienestar.
Lo que distingue a los potenciales criminales es que ellos están también dispuestos a realizar actividades ilegales para conseguir ese objetivo.
¿Que implica que sean racionales? En términos muy simples, implica que eligen la mejor opción que está a su alcance dadas sus restricciones, y que no se contradicen en sus decisiones (en otras circunstancias, con el mismo menú de opciones disponibles, volverían a elegir la que escogieron antes).
En este marco, los individuos cometen actos criminales si los beneficios de hacerlo superan los de las actividades legales. Es decir, si el beneficio económico de delinquir (o sea el auto o el celular robado) supera el costo esperado de cometer el delito, que está influenciado por la severidad y la certeza de la pena que afrontan. Los criminales comparan el beneficio neto de delinquir con el de realizar actividades legales, y eligen lo más rentable.
El problema en nuestra región es que el beneficio esperado de cometer crimines es más alto que el que derivan de otras actividades. Hay varias razones por esto
Un factor importante que distingue a la región del resto del mundo en desarrollo es su alta tasa de urbanización. Se ubica en torno al 80% (superior a la tasa promedio de 50% de los países en desarrollo), y similar a la tasa de Europa o Corea. Este proceso de urbanización ocurrió muy rápido, con millones de personas desplazándose a la ciudad y sin una adecuada planificación. Como resultado, las ciudades enfrentan grandes desafíos en la provisión de servicios como infraestructura, educación, salud y una gran deficiencia en la seguridad ciudadana.
En el contexto del modelo, podemos pensar que zonas con deficiente y desigual cobertura de servicios básicos, concentran factores de riesgo que contribuye a las mayores tasas de crimen y violencia. La desigualdad de oportunidades, hace que la población en peor situación vea al crimen relativamente más rentable que las actividades legales a las que tendría acceso. El deterioro de los espacios urbanos, como la falta de iluminación o pavimento tiende a incrementar las probabilidades de delitos, ya que las zonas en malas condiciones, con infraestructura dañada, pueden ser un indicador de ausencia del estado y por ende, zonas de baja probabilidad de ser arrestados y condenados.
La teoría de la prevención situacional de la violencia, justamente se basa en esta premisa: mejorar los espacios urbanos contribuye a reducir el crimen.
Respecto de la policía, que es un actor clave para disuadir y reducir el crimen, en la región observamos gran heterogeneidad. En la actualidad varias ciudades están atravesando un proceso de modernización y equipamiento de sus policías. Por ejemplo el BID está financiando programas de mejora de la gestión y el uso de sistemas de información, y análisis criminal en Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay, entre otros. O en Honduras el BID está cambiando la curricula de la policía para que sea más acorde al contexto actual.
Todas estas intervenciones, en términos de la economía del crimen, tienen como objetivo aumentar la efectividad de la policía, incrementar la pena esperada a través de la probabilidad de que los delincuentes sean aprehendidos, y que los crímenes sean esclarecidos, y así disuadir y reducir el crimen.
Finalmente, los indicadores del sistema de justicia penal en la región varían mucho entre países, pero en promedio se encuentran lejos de los estándares internacionales. Smit y Harrendorf proveen cifras para 2006 en distintas regiones. El porcentaje de detenidos por cada 100 delitos denunciados en Estados Unidos era de 70, y es menos de la mitad de eso en América Latina y el Caribe. El porcentaje de adultos procesados por cada 100 delitos denunciados en Europa (Occidental y Oriental) era de 30 y alrededor de 14 en América Latina y el Caribe. Finalmente, el porcentaje de condenados cada 100 delitos en Canadá fue 9 y en nuestra región, 4.
Cifras más actuales para la región siguen apuntando en la misma dirección. Por ejemplo, en México de cada 100 crímenes registrados solo 8 iniciaron una investigación policial preliminar en 2012 según datos del INEGI o en Honduras solo el 21% de los crímenes reportados a la policía cuenta con un informe de investigación completo (Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana BID, 2014).
Bajo el prisma de la economía del crimen, la muy baja probabilidad de castigo en América Latina y el Caribe es consistente con las elevadas tasas de crimen que se observan en la región en comparación con el mundo desarrollado en donde los potenciales criminales racionales son disuadidos, entre otras cosas, por una mayor probabilidad de aprehensión y de ser condenados.
La prevalencia de la impunidad, en este marco, incentiva la comisión de delitos.
Si bien este es solo uno de los enfoques posibles para entender las decisiones de los agentes, es lo suficientemente general como para interpretar otros enfoques.
En primer lugar, las políticas sociales de prevención de la violencia hacen las actividades legales más atractivas, aumentando los incentivos de elegirlas por sobre el crimen.
- Por ejemplo, los centros comunitarios que mejoran la educación, las capacidades y el comportamiento de los jóvenes aumentaría su retorno de trabajar, y por ende reducirían el crimen.
- Tratar ofensores de violencia doméstica, cambiaría sus preferencias en términos de cómo resuelven sus conflictos en el hogar, y al reducir el beneficio esperado de actuar violentamente, se reduciría el crimen.
Por su parte, mayores penas en cuanto a la certeza de ser aprehendido y condenado, o la severidad de las mismas podrían aumentar el costo esperado de delinquir, haciendo las actividades criminales menos atractivas:
- Estrategias policiales basadas en análisis criminal, como el patrullaje preferencial de puntos calientes del crimen (conocidos como hotspots), aumentaría la probabilidad de arresto, y reduciría el crimen.
- Tener policía comunitaria más cercana al ciudadano y con mayor presencia en el territorio, podría aumentar la condena esperada y reduciría el crimen.
- Mayor acceso a la justicia, aumentaría la tasa de esclarecimiento de los casos, aumentando el castigo esperado para los criminales, con lo cual, también se reduciría el crimen.
- Por último, el buen uso de la tecnología por parte de la policía y la justicia, como las cámaras de seguridad, que ayude a la resolución de los casos o a disuadir el crimen, aumenta el costo esperado de delinquir y reduciría el crimen. Respecto a las cámaras, la evidencia disponible sobre su efecto proviene en su mayoría de EEUU y el Reino Unido. Los estudios rigurosos muestran efectos moderados pero positivos, especialmente para ciertos tipos de delitos como el robo de autos y en general no hay desplazamiento a otras áreas. En la región no hay evaluaciones rigurosas de las cámaras.
La economía es a menudo descrita como el estudio de la asignación de los recursos escasos, y el crimen es uno de los muchos problemas sociales al cual destinamos nuestros limitados recursos.
La cuestión económica clave en relación a los costos de la reducción del crimen se centra en qué cantidad de recursos deben destinarse a combatir el crimen, y en cómo asignar esos recursos entre los diferentes operadores del sistema de justicia penal, como la policía, los tribunales y las cárceles, y en otras intervenciones de prevención social de la violencia.
Para ello, generar conocimiento de que funciona y que no funciona, y que es costo-efectivo, es clave y es una tarea pendiente en la región en la que el BID tiene un rol fundamental. Queremos que exista información detallada sobre el crimen y la violencia para que todos los actores – la policía, la justicia, incluso la sociedad civil – puedan enfocar mejor sus acciones de prevención. Y también buscamos que los programas sean rigurosamente evaluados, para saber qué funciona y qué no funciona, para así compartir las mejores prácticas en toda nuestra región.
Foto: Flickr CC Dan Moyle
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De acuerdo, las explicaciones del delito argumentan diversos factores asociados como la anomia, la pobreza, la urbanización desordenada y conflictiva, la poca efectividad policial y del sistema de justicia y otros. Por el contrario, se esperaría que mejorando dichos aspectos podría lograrse una reducción de la criminalidad. Personalmete apuesto a la articulación de actores clave. Pero no hay que olvidar que ninguna explicación del delito posee validez total, simpre habrá dudas sobre excepciones, diferentes realidades y asetividad metodológica.
Laura Jaitman, fiel a la visión norteamericana de la delincuencia y la criminalidad social, enfoca sus apreciaciones, y lo hace ella, porque Gary Becker, a quien ella cita, va un poco más allá, involucrando un tema clave como la discriminación, en una simple relación de costo beneficio.
En el marco de esa relación costo-beneficio, el criminal de cuello blanco, ahíto de escanciar el erario reiterada y sistemáticamente, se encuentra en la misma categoría del campesino que se encuentra en posesión de una tierra, cuya explotación tradicional sólo da frutos míseros, en términos económicos, por la ausencia de una infraestructura de comercialización, por la ausencia del estado. Y a su humillante situación se le suma la descomposición social que favorece la proliferación de cultivos ilícitos, frente a cuyos actores nuestro hombre tiene dos opciones: acepta cultivar coca, marihuana o amapola, o pierde su tierra y hasta la vida. Realmente no parece que este par de delincuentes puedan ser explicados de la misma manera. Aunque ambos representan un fenómeno delictivo con profundas raíces sociales.
Ah, pero podríamos decir que la reflexión de Jaitman sólo abarca el delito urbano y que, por eso, nuestro campesino sería algo así como un “outsider” en este esquema. Pero, ¿a dónde va a parar la droga (y la renta que genera) que se ve obligado a sembrar? ¿A dónde y a qué se va él cuando decide no sembrar?
De repente, nuestro delincuente de cuello blanco tiene la oportunidad de sopesar el costo-beneficio para su crimen (que no puede ser prevenido con ninguna de las cámaras ni aplicativos para los que el BID presta plata) y toma una decisión netamente económica. El “delincuente común”, de otra parte, no puede ser explicado con una simplificación tan atroz como la falta de calles pavimentadas o de iluminación. Es una conclusión muy a la altura de nuestro sistema de salud (vivo en Colombia), donde los indicadores se nutren con las cifras falaces de un ejercicio médico orientado a paliar los efectos sin atender a las causas.
La manera en que amplías el panorama me parece muy atinada, gracias por haber dejado tu comentario.
creo que el aumento del crimen es por cuestiones multifactoriales y por ende se tiene atender de manera multifactorial, estoy en acuerdo que la falta de atención en las comunidades genera una percepción de incertidumbre, y es en ocaciones un factor para la comisión del crimen , no estoy en acuerdo con el aumento en la severidad de las penas , por eso la violencia es mucho más cruda en nuestros momentos , se tiene que atender dando mayor oportunidad en las zonas de donde se registren la detención de algunos criminales. mucho mayor la atención. . comunidades fuertes generar un ambiente de tranquilidad, aunque exista individualismo dentro de ellas.
Excelente abordaje del tema. Para no adoptar prácticas solo por moda y a un alto costo, sino replicar las buenas prácticas ya validadas en nuestra propias ciudades en particular de Lationamérica.
Muy interesante y totalmente aplicable a la situación actual de la zona.
Entender el crimen por los medios de comparación económica sólo funciona con los criminales a gran escala los que ya están en la alta sociedad, y hacen de todo para seguir manteniendo ese estatus social a cualquier costo y de las formas más inescrupulosas, son los que estafan, los que malversam fondos económicos estatales, empresariales o de asociaciones y los que lavan dineros mal ávidos.
Si voy a usar los argumentos expuestos en este Post me llevarían a estas personas, son los que si tienen esa capacidad de comparación, razonamiento y evaluación entre pena y beneficio.
Saben lo que hacen, por más millones que ganen no les temen a nada, saben que a cuánto más delitos que generen más dinero, es más dura la pena, pero también saben que cuanto más dinero, más fácil de comprar la justicia, abogados, policías, muchos de estos delincuentes almenos aquí en Paraguay incluso pagan un abono mensual a la policía por protección lo consiguen fácilmente por causa de la corrupción.
Esto si es comparación y evaluación PENA/BENEFICIO ECONÓMICO
En cuanto al que roba celular o auto, apenas sabrá leer, no tendrá ganas de superación económica y de progreso y de seguro es adicto a algún tipo de droga, al final lo que lo lleva a delinquir sería en parte por la discriminación y gran parte por las drogas pero creo que no sera por que se iso una evaluación de pena y beneficio económico.
Para disminuir esta clase de delitos sin duda es por la prevención con oficiales en las calles haciendo un patrullaje honesto sin ninguna protección o complicidad con estos delincuentes lo que es muy difícil aquí en Paraguay.
Deben mejorar sus formas de actuar ante una denuncia, y que trabajen de forma más profesional en vez de simplemente labrar actas de denuncias.
En este país faltan policías en las calles pero no por que no existan suficientes oficiales sino por que una gran e importante parte trabaja como guardia privado percibiendo salarios elevados, una realidad muy mala para la imagen de esta institución porque convierte una institución estatal en un negocio de seguridad privado como se denuncia en este Link
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/agentes-policiales-del-este-lucran-como-guardias-privados-y-custodios-159147.html?desktop=true
Difícilmente encontrarán personas que den una buena referencia de la policía nacional paraguaya por causa de esta y otras prácticas corruptas que llevan, lo malo es que no todos son así existen unidades honestas pero lamentablemente los que son corruptos se apoyan entre ellos, se protegen y se encubren lo que hace imposible denunciar a estos agentes corruptos, que una comisaría utilice sus recursos para salvarse de denuncias de forma alevosa ya es el colmo y es una realidad. Siguen practicando la persecusion y el amedrentamiento a las personas que tratan de denunciarlos.
Paraguay está muy lejos de una policía honesta, capacitado y eficiente.
Los aumentos de recursos que se les otorga sólo sirven para ser malversados, por que resultados de buen trabajo y reducción del nivel de criminalidad no dan.
Buena aproximación, pero independientemente del costo beneficio está la problemática moral, si la población es creyente en alguna fe que tienda al amor al prójimo y al bien común, mientras más fuerte sea la formación religiosa, cuquiera en esta línea, y su consecuente formación moral, más se disuadiriía el delito, por la sencilla razón de que el objetivo del bienestar no estaría en este plano, sinó en el espiritual que busca la eternidad.