Era el 28 de junio de 1969. En aquella época el barrio de East Village en Nueva York era uno de los lugares en donde se concentraban los bares y locales frecuentados por personas LGBTIQ+. Eran establecimientos ilegales y, en su mayor parte, controlados por la mafia. El hostigamiento por parte de la policía era frecuente, con redadas periódicas y arrestos.
Y fue así como ese 28 de junio a la una y media de la madrugada en una de esas redadas, esta vez en el club Stonewall Inn, varias decenas de personas LGBTIQ+ decidieron resistirse a las fuerzas policiales. Así se desataron los “Stonewall Riots” (“Disturbios de Stonewall”): seis días de duros conflictos callejeros en el sur de Manhattan, que se saldaron con decenas de personas heridas y se transformaron en un símbolo de la lucha por la igualdad de los derechos del colectivo LGBTIQ+. El movimiento moderno por los derechos igualitarios para poblaciones LGBTIQ+ había nacido en esa redada.
Han pasado más de 50 años desde los “Stonewall Riots” y el movimiento por la igualdad LGBTIQ+ ha alcanzado numerosos hitos, empezando por la legalización de las diferentes orientaciones de género en numerosos países. Sin embargo, el acoso y la discriminación contra estas poblaciones prevalece fuertemente, no solo en Estados Unidos, sino también América Latina y el Caribe (ALC). Y, al igual que en el caso de Stonewall, en la región aún hay mucho por avanzar para erradicar la discriminación, incluyendo una parte considerable que procede de los sistemas judiciales y las fuerzas del orden de los países.
Los retos y brechas por la inclusión de personas LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe
A pesar de los avances legislativos y sociales en relación con esta población, especialmente en la última década, los niveles de violencia contra las personas LGBTIQ+ son preocupantes. Por ejemplo, el 63% de los crímenes basados en prejuicios (es decir, delitos causados simplemente por el género, la raza, o la orientación sexual de las víctimas) entre el 2014 y 2019 en América Latina fueron LGBTIfóbicos. Un sondeo del Pew Research Center en 2014, por ejemplo, mostraba que 7 de cada 10 personas en ALC consideran que la homosexualidad es moralmente inaceptable.
El problema es más complejo porque en la región existe una amplia disparidad en el tratamiento legal que reciben las personas LGBTIQ+. En la última década, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica y Uruguay, han reconocido legalmente las uniones civiles o el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Sin embargo, en varios países de la región la legislación se sigue penalizando las uniones entre personas del mismo sexo.
Los prejuicios contra el colectivo LGBTIQ+ fueron evidentes en las respuestas al COVID-19 en todas las regiones del mundo, así como más discriminación y violencia. La pandemia ha exacerbado estos problemas tanto en regiones como Europa y Estados Unidos, así como en diferentes países de América Latina y el Caribe. Las personas LGBTIQ+ reportaron haber sentido un incremento en la discriminación y maltrato en sus casas y barrios desde que empezó el periodo de confinamiento. En mayo del 2020, por ejemplo, en Reino Unido se reportó un 38% de incremento en llamadas por abuso doméstico dentro de la población LGBTIQ+.
Pero la violencia LGBTIfóbica no ocurre solamente en espacios privados, sino también en los públicos, y entre sus perpetradores se encuentran además los agentes de seguridad ciudadana. Si bien existe un subregistro y ausencia de información relativa a muertes de personas LGBTIQ+ a manos de agentes del Estado, según un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), oficiales de policía se encuentran directamente involucrados en un “buen número” de asesinatos de mujeres trans. Incluso, varias organizaciones han informado que las fuerzas policiales se sienten facultadas para ejercer violencia contra las personas LGBTIQ+.
Esto evidencia no solamente un problema grave en cuanto a violencia causada por agentes del Estado sino, también, altos niveles de impunidad y falta de capacitación adecuada. Además, resalta la necesidad de mejoras en cuanto a los protocolos de atención para operadores de justicia, que los mismos deben seguir para prestar un servicio que facilite el acceso a la justicia libre de discriminación.
¿Cómo fortalecer la respuesta del sector de seguridad y justicia para las personas LGBTIQ+?
El papel de las fuerzas del orden es crítico a la hora de proteger a las personas LGBTIQ+. Es importante fortalecer la respuesta del sector de seguridad y justicia (policía, fiscalía, y/o poder judicial) para prevenir la violencia contra las personas de este colectivo y brindarles una atención adecuada. La respuesta del sector de seguridad y justicia tiene que apuntar a la sensibilización de su personal, y a la mejora de sus sistemas de gestión de información. Entre otras cosas, esto significa:
1. Dar un seguimiento y monitoreo de estos casos de violencia y sus respuestas
2. Robustecer la investigación y la judicialización de los casos de violencia contra personas LGBTIQ+
3. Promover la coordinación entre diferentes sectores para poder brindar una atención adecuada, oportuna e integral a las personas LGBTIQ+ que son víctimas de violencia.
Han pasado más de 50 años desde los disturbios de Stonewall Inn y aunque en este tiempo las personas LGBTIQ+ han logrado importantes progresos hacia la igualdad de sus derechos, sería un grave error pensar que acontecimientos como los disturbios desencadenados en Nueva York en 1969 no volverán. Es mucho lo que queda por hacer para disminuir la violencia LGBTIfóbica y empoderar a instituciones de seguridad y justicia de nuestra región, para que velen por la seguridad de toda su ciudadanía.
La reducción de las actitudes y comportamientos homófobos entre las fuerzas de seguridad es de enorme importancia, dado que permitiría a las personas de la comunidad LGBTIQ+ no tener que ocultar su identidad sexual. Esa es una cuestión clave, ya que uno de los desafíos en ALC es determinar el porcentaje de población que se identifica como LGBTIQ+. El rechazo social, combinado con la actitud de las fuerzas del orden, aumenta el sentimiento de desprotección de estas personas y les lleva a ocultar su identidad, lo que a su vez dificulta la implementación de políticas públicas que les protejan de la violencia.
Por lo tanto, aunque en junio conmemoremos el mes del orgullo LGBTIQ+, debemos hacer que esa conmemoración recuerde los principios del movimiento a favor de la igualdad hacia las personas con independencia de su orientación o identidad sexual, y que marque una pauta de trabajo de lo que sigue por delante para alcanzar ese objetivo. El sendero iniciado en Stonewall Inn dista de haber llegado a su final.
En conmemoración al mes del orgullo LGBTIQ+, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los países de la región a mejorar la realidad que enfrenta la población LGBTIQ+, por medio del financiamiento de proyectos como la Cooperación Técnica “Fortalecimiento de la Respuesta del Sector de Seguridad y Justicia a Personas LGBTQ+” (ATN/OC-18767-RG), que tiene como objetivo fortalecer la respuesta del sector de seguridad y justicia para prevenir la violencia contra personas LGBTQ+ en ALC y brindar atención adecuada en casos de victimización. A partir de este proyecto se espera:
a. Profundizar la información existente sobre violencia contra personas LGBTIQ+ y, en particular, en el sector de seguridad y justicia
b. Generar un modelo de protocolo estandarizado de atención a personas LGBTIQ+ para prevenir la violencia y discriminación por parte de las instituciones del sector
c. Generar espacios regionales de diálogo y capacitación para el personal de dichas instituciones sobre este modelo de protocolo.
A través de esta operación, se espera tanto catalizar nuevos esfuerzos como contar con nuevas alianzas, para cerrar las brechas de información existentes y atender las demandas de la población LGBTIQ+ en más países de América Latina y el Caribe. En un mundo muy polarizado estamos muy orgullosos y orgullosas de mostrar con hechos concretos el compromiso del Banco en asegurar los derechos de las personas LGBTIQ+ en nuestra región.
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