Por Benjamin Lessing
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El pasado 4 de enero, la capital de Maranhão en Brasil sufrió una ola de ataques sobre buses y comisarías, bajo órdenes de una pandilla encarcelada local. La muerte de una niña de 6 años y las terribles condiciones en los centros penitenciarios en Maranhão, incluyendo videos de prisioneros descabezados y alegatos de violaciones de familiares de prisioneros de visita, puso la atención del mundo sobre la crisis carcelaria en Brasil.
Pero más preocupante aún es su familiaridad: esto no es nada nuevo.
El caso paradigmático se dio en 2006, cuando el Primeiro Comando do Capital (PCC) paralizó São Paulo durante días con cientos de ataques en lugares estratégicos. Pero en realidad el PCC había estaba perfeccionado tácticas aprendidas del Comando Vermelho de Rio de Janeiro, una pandilla mucho más antigua. Nacida de los calabozos de la dictadura militar brasileña en los años 70, el CV adaptó técnicas para apoderarse del sistema penitenciario y, eventualmente, expandirse en los años 80 hasta llegar a controlar las favelas de la ciudad – y su lucrativo negocio de tráfico de drogas.
Los teléfonos móviles han acelerado esta expansión, pero como demuestra el caso CV, los ingredientes básicos son un conocimiento compartido, una tecnología que pueda ser replicada y enseñada. La pandilla cuida sus miembros en las cárceles, con un sistema crudo de justicia que castiga a los que desobedecen. Esto les da el poder sobre la gente en la calle que anticipa una posible encarcelación. “Lo que hagas ahí afuera”, me dijo un ex traficante en Rio, “tendrás que responder por ello adentro”.
Por lo tanto resulta preocupante pero no sorprendente que las redes criminales basadas en las cárceles siguen expandiéndose. En 2013, más de 100 buses fueron incendiados y puestos policiales atacados en Santa Catarina, normalmente un estado pacífico en el próspero sur brasileño. Los ataques fueron obras de Primeiro Comando Catarinense, hasta ese momento una organización basada en los centros penitenciarios poco conocida. Primeiro Comando Catarinense había sido fundada siete años antes por reclusos que habían pasado tiempo en centros penitenciarios en otros estados controlados por Primeiro Comando do Capital.
Una de las dos pandillas luchando para la hegemonía en las cárceles de Maranhão a principios de 2014 es otro vástago del PCC, conocido como Primeiro Comando do Maranhão. De hecho, un informe del 2011 encontró que el PCC es activo en por lo menos 16 estados brasileños, ya sea por medio de alianzas con grupos locales o por medio de sus propias franquicias.
Investigaciones recientes sobre pandillas en las cárceles demuestran cómo las pandillas dan vuelta la lógica del encarcelamiento.
En primer lugar, las pandillas obtienen su poder imponiendo un cierto orden en los centros penitenciarios, con regimenes de protección y bienestar para los reclusos internados en un sistema brutal y caótico. Esto seguirá siendo así aún después de que termine la actual lucha por el control de las cárceles de Maranhão, cuando una pandilla se imponga sobre otra, y la violencia al interior de las cárceles disminuya (como sucedió en São Paulo) y el tema desaparezca de los titulares de prensa.
En segundo lugar, las pandillas saben cómo proyectar su poder hacia las calles, asegurando la lealtad de los reclusos liberados y los que no han sido arrestados aún pero anticipan que en el futuro podrían caer bajo las garras de los líderes presos. Este poder es con frecuencia utilizado para organizar actividad criminal local, usualmente relacionada con el tráfico de drogas, aunque las maras centroamericanas han aprendido cómo organizar redes de chantajes desde las cárceles. También permite a las pandillas ordenar ataques tipo terroristas que presionan las autoridades políticas o, por otra parte, imponer medidas de reducción de violencia, como es el caso de la tregua de las maras en El Salvador o el “código de conducta crimina” ” (lei do crime) en Brasil. Ambas medidas de las pandillas significaron importantes reducciones en las tasas de homicidio. Esto incrementó el poder de negociación de las bandas penitenciarias frente al estado.
Políticas que encierran gran números de pandilleros resultan en tasas de encarcelamiento más altas y peores condiciones de hacinamiento, y aumentan el poderío en la calle de las pandillas de las cárceles, en vez de disminuirlo.
¿Qué hacer? Un punto de partida es implementar políticas más inteligentes, incluyendo enfocarse en los verdaderos criminales de arrestos masivos en contra de todos integrantes de las pandillas. Otras medidas efectivas son penas más cortas pero más certeras para infracciones menores, y centros penitenciarios más pequeños pero con más vigilancia. Esto puede disuadir en vez de alentar la obediencia a los líderes pandilleros que se encuentran tras las rejas.
No obstante, un progreso real puede requerir una reducción de las tasas de encarcelamiento que no tienen precedente histórico. La situación en Maranhão nos recuerda que en muchos sentidos, los problemas recien comienzan, y no terminan, cuando los transgresores son arrestados.
Lo felicito profesor por el tema que aborda, ya que es de gran importancia analizar este tipo de fenómeno ya que se evidencia un sistema carcelario nefasto que simplemente aunque atrapen a muchos no van a lograr nada, a la larga solo es gastar dinero fortaleciendo pandillas. Sin embargo, opino que el artículo no fue integral a la hora de explicar cómo se puede mantener en el poder desde las cárceles. Qué factores son los que determinan dicha situación.
La delincuencia y el crimen organizado desde las carceles.
Hoy en día el problema del terrorismo y de la delincuencia armada continúa siendo de los principales retos en materia de seguridad nacional de los países desarrollados y paises como Brasil y España no se escapan de este cáncer que poco a poco va cobrando fuerzas a nivel grupal o celular de estas organizaciones. Me gustaría luego de leer este articulo sobre Brasil, comentar sobre un ejemplo aplicable que es España, solo con diferente actores pero la misma situación. Este crecimiento conspirativo si se le puede llamar es de alarma general y esto queda evidenciado en el amplio número de internos pertenecientes a distintas bandas armadas, de los que en su gran mayoría (aplastante hegemonía) corresponden a ETA y un considerable grupo a GRAPO, y en materia de terrorismo una pequeña representación de los islamistas.
Es bien sabido el seguimiento que estas organizaciones delictivas le dan a sus miembros incluso cuando ingresan a prisión, de manera tal que muchas veces son objetos de negociaciones en un proceso de guerra mediática que a veces son aprovechados al máximo por las organizaciones de cara a lograr conquistas o por el mismo Estado con los fines de imponer su política. El sector islamista en esta lista, ha tenido mayor relevancia en la política Española luego de los últimos atentados perpetrados en diferentes ciudades del mundo (ejemplo 11-M).
La influencia ejercida por estas organizaciones es tan imponente que le exigen a sus subordinados una especie de lealtad, como forma de controlar sus efectivos, cohibiéndole y restringiéndole el derecho de tener voz y prohibiéndole su salida de la Banda Terrorista, propiciándose en el Estado una especie de contraataque donde apuesta por el abandono de los disconformes, así como de la declaración o revelación (voz) de datos importantes a favor del Gobierno Español. Este estado de contraataque termina creando lo que se denomina “la guerra de desgaste”.
Es en 1989 que el Estado decide aplicar la llamada “Política de Dispersión” de los presos etarras con mira a destruir cualquier nexo o vestigio que pueda haber entre ellos, y de esa manera contribuir a un mejor tratamiento de cara a la reinserción solo logrando un incremento en los métodos violentos de estas organización, aunque a mi criterio ello representaba un duro golpe para la delincuencia organizada en general.
De una u otra manera, estas organizaciones cuentan con una gran capacidad de financiación y ETA en particular ha dirigido muchos recursos y esfuerzos hacia sus presos, con la finalidad de lograr su libertad inmediata, la reagrupación en cárceles cerca del País Vasco argumentando la crueldad para los familiares de los presos e incluso acusando al Estado de genocida por los accidentes de tránsito producidos.
Es por esto que la política de dispersión se convierte en el principal enemigo de ETA y empieza a encrudecer sus métodos y agitar sus banderas en lucha a esta política. A finales de los 90 el chantaje ETA alcanza gran intensidad cuando secuestra Miguel Ángel Blanco exigiendo el acercamiento a cárceles próximas a Euskadi como respuesta desesperada a la dispersión de sus presos. Finalmente fue asesinado.
GRAPO por su parte, dentro de su proceder no se escapa a la“guerra de desgaste” y podemos circunscribir su modus operandi a la estrategia de la resistencia “se puede resistir y vencer”. El asesinato se constituye como una de las medidas que más ha venido utilizando GRAPO en el transcurrir de su historia, así como el apoyo a sus presos. Otra medida ha sido el gran proselitismo desarrollado por GRAPO, aspecto en cual coinciden con organizaciones como los islamistas, no siendo así para ETA, ya que generalmente no hace proselitismo.
El tema del terrorismo Islamista es diferente, ya que a diferencia de las demás organizaciones que luchan por reivindicaciones separatistas y conquistas políticas, este tipo de terrorismo tiene una profunda influencia del factor religión y muchos se constituyen en islamistas de corte radical, dándose óbice a que la mayor parte de estos islamistas se encuentren en los centros de culto y en las cárceles. A mi criterio este es un terrorismo más cruento y violento que los antes analizados, en virtud de que no tiene frontera y pone su blanco sobre la aglutinación de masas y luego del 11-M ha venido a desplazar a ETA en hegemonía. Es por todo esto que entendemos que las prisiones juegan un papel fundamental en la lucha antiterrorista.
Geovanny Vicente Romero
Abogado, Politólogo y Académico.