¿Quién está viviendo en nuestras cárceles?

El mes pasado murieron 68 personas en una cárcel venezolana. Sólo unas semanas antes, otras 7 personas perdían la vida en un motín en una prisión mexicana, y a principios de año otra revuelta carcelaria más en Brasil dejaba a nueve muertos y 15 heridos. La lista de motines carcelarios continua. Y el problema de nuestras cárceles también.

Las prisiones de América Latina y el Caribe no sólo hacinan presos en poco espacio, también aglutinan entre sus paredes un microcosmos de todos los desafíos que padece la región. Las cárceles de la región están repletas de presos sin sentencia. No hay divisiones apropiadas entre delincuentes de diferentes niveles de peligrosidad. Muchas están controladas por grupos criminales. A veces faltan alimentos, agua, espacios para recibir visitas familiares y para realizar actividades deportivas. Nuestras prisiones sufren, en general, la escasez de recursos presupuestarios.  Dos datos que hablan por sí solos. El número de presos es, en promedio, 60% más alto que el número de cupos. Y en algunos países, hasta un 70% de la población carcelaria está esperando juicio.

Radiografia de nuestras cárceles

El objetivo último del sistema penitenciario es la rehabilitación de los privados de libertad. Hoy, sabemos que un millón y medio de latinoamericanos están ahora mismo en la cárcel, pero no sabemos quiénes son. Y desafortunadamente, es muy complicado rehabilitar a una población que no conocemos.

¿Qué datos nos permiten hacer una radiografía de la población penitenciaria? El número de personas privadas de libertad. Quiénes son y por qué están en las cárceles. Si tienen pareja o responsabilidades familiares. Si sus padres abusaban del alcohol o las drogas. Si tuvieron familiares en prisión. Si crecieron en un ambiente de violencia doméstica y si abandonaron sus casas a edad temprana. El grado de escolaridad alcanzada. Cuántos estaban trabajando o estudiando en el momento de ser detenidos. También es importante saber cuáles son las condiciones de reclusión. Si existen servicios básicos en la cárcel. Si esos servicios son gratuitos o no. Si se exige dinero o favores a cambio de acceder a ciertas comodidades dentro del penal. En definitiva, si existen o no condiciones para un proceso efectivo de reinserción a la sociedad.

Para apoyar a los países de la región a obtener estas respuestas, el BID viene apoyando una agenda de investigación en justicia criminal y rehabilitación penitenciaria. Basado en la experiencia de países como México y Chile, el BID diseñó y aplicó encuestas penitenciarias que fueron validadas por directores de cárceles en Costa Rica, Honduras, Bahamas y Guyana.

Las encuestas nos arrojaron algunos datos inesperados:

1. Las cárceles de la región están llenas de gente joven. La mayoría de los presos son jóvenes entre 18 y 29 años.
2. Las mujeres cada vez más cometen delitos, especialmente contra el patrimonio. Por ejemplo, en El Salvador, los hombres detenidos por extorsión corresponden al 21.9%, mientras que las mujeres detenidas por la misma razón representan el 33.7%.
3. El 75% de los reclusos son cabeza de familia. Esto implica que el impacto del encarcelamiento puede estar afectando hoy en la región a cerca de seis millones de habitantes.
4. Las mafias a veces son los verdaderos “gestores” de una prisión. Existen muchas cárceles de la región “pacificadas” porque en ellas el verdadero poder lo tienen criminales y bandas organizadas.
5. La desesperación económica no es la causa principal del delito. La mayoría de los privados de libertad en América Latina y el Caribe tenían trabajo al momento de ser detenidos.
6. Las drogas y el alcohol se mezclan con el crimen. Un 32% de los privados de libertad había consumido alcohol o droga durante las seis horas antes de cometer el delito por el cual están presos.
7. El uso de armas agrava la duración de las penas. En el 31% de los casos, el delito por el que una persona está en la cárcel se cometió con algún tipo de arma.
8. La entrada en prisión se percibe como el castigo de los criminales pobres. Un poco más de la mitad de los privados de libertad (51.8%) cree que podría haber evitado la cárcel si hubiese tenido dinero o influencias en el momento de ser detenido.
9. Aún desde la cárcel, la población reclusa tiene escaso conocimiento sobre el sistema judicial. Un 54% de los privados de libertad considera que no tuvo una comprensión aceptable de lo que estaba sucediendo en su proceso de juicio.
10. El nivel de reincidencia parece estar correlacionado con la duración de las penas. La menor reincidencia delictiva no ocurre en países como Chile, sino en países como El Salvador. Puede ser el caso que en países donde las personas tienen sentencias más cortas, hay más de probabilidades de que una persona reincida ya que sale y entra de la cárcel más rápido.
11. Agentes de la seguridad que se pasan al lado oscuro. El 17% de los privados de liberad perteneció, antes de ser detenido, a algún cuerpo de seguridad.
12. El ciclo de la violencia parece tener un componente intergeneracional. Un 40% son hijos de padres que abusaban del alcohol (39.8%) y de familiares que estuvieron presos (26.8%).

Los datos que muestran las encuestas penitenciarias confirman que los delincuentes suelen presentar similares factores contextuales (consumo de drogas asociado con antecedentes penales de familiares; violencia intrafamiliar y abandono del hogar materno). También constatan que la carencia de empleo no es un precursor claro de una vocación delictiva, que la calidad de los procesos de rehabilitación y reinserción social está ligada a la calidad del sistema penitenciario, y que el clima interno penitenciario depende de la calidad de la gestión del sistema por parte de las autoridades a cargo.

Trabajar en los sistemas penitenciarios es quizás la tarea más difícil de las muchas que deben asumir los sistemas de seguridad ciudadana y justicia de la región. Esto es aún más difícil por la falta de conocimiento de los que están en las cárceles y lo que sucede en ellas. Por eso, nos hemos dado la tarea de contribuir a cambiar esta realidad con más información que oriente nuestros programas y políticas.

Porque para resolver un problema, antes es necesario conocerlo.