El mundo está lleno de políticas públicas basadas en buenas intenciones, pero que no siempre generan resultados positivos, llegando a malgastar valiosos recursos públicos y, a veces, hasta pueden empeorar la situación que intentaban resolver.
Por eso el trabajo profesional no puede basarse solo en buenas intenciones. Un profesional de medicina, por ejemplo, no receta un medicamento basado en la creencia de que será bueno para su paciente. Solo lo hace después de que una investigación científica rigurosa haya concluido que los beneficios superan los riesgos para la salud del paciente.
Para quienes trabajamos en seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe la pregunta es: ¿cómo elegimos nuestros programas para prevenir y reducir la delincuencia y la violencia? ¿Contamos con suficientes evidencias científicas sobre los beneficios y los riesgos que producen?
Desafortunadamente, las decisiones de política en la región se orientan menos por la ciencia y más por las creencias, copiando lo que parece popular, o lo que da más rédito político, dando espacio libre a ideologías y prejuicios de todo tipo.
Hay varias razones que explican por qué ocurre esto con las políticas para reducir el delito. Y en este blog nos enfocaremos en una que tiene un peso importante: la falta de acceso al mejor conocimiento científico disponible de manera sistematizada. El problema no es que no exista el conocimiento necesario. Más bien, el desafío es acceder a ese amplio conocimiento existente de manera “curada” (asegurando su calidad metodológica) y estructurada, a fin de mejorar la capacidad para implementar políticas de seguridad basadas en evidencia científica.
Las políticas públicas basadas en evidencia
El uso de la evidencia científica para la toma de decisiones de política pública comenzó más intensamente en el área de la salud pública, con estudios para evaluar las causas de las enfermedades y los resultados de medicamentos y vacunas, buscando soluciones que realmente funcionaran y no causaran efectos secundarios graves.
Esta forma de tomar decisiones se fue consolidando y expandiendo a diferentes áreas, como la agricultura, el desarrollo social y la educación, buscando que las políticas públicas fueran más eficaces y eficientes.
En las décadas de 1960 y 1970 este movimiento se abrió lugar en el campo de la seguridad ciudadana a nivel global, con el uso de experimentos controlados aleatorios y otras formas de estudio para evaluar lo que funciona y lo que no funciona para reducir la delincuencia y la violencia.
Desde entonces, y cada vez con más fuerza, se ha ido desarrollando el campo de la criminología empírica o “ciencia del crimen” que lleva acumulada una base significativa de conocimiento sobre qué es efectivo para reducir distintos tipos de delitos y violencia. Son miles de evaluaciones de impacto acumuladas en los últimos cincuenta años.
La mayoría de estas evaluaciones son de países anglosajones, que fueron sistematizadas en repositorios disponibles en línea, sean gubernamentales como el CrimeSolutions del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o el Crime Reduction Toolkitdel Colegio de Policía del Reino Unido; de universidades como el Evidence-Based Policing Matrixde la Universidad George Masono elBlueprints for Healthy Youth Development de la Universidad de Colorado Boulder; o de ONGs y fundaciones como Campbell Collaborationo Social Programs that Work de Arnold Ventures.
Lamentablemente, estos repositorios se encuentran únicamente en inglés y poseen muy poca información de evaluaciones de programas de América Latina y el Caribe. Tampoco existía -hasta ahora- nada similar en nuestra región.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando trabajamos con departamentos de policía, fiscalías, tribunales, sistemas penitenciarios o secretarías de seguridad, nos encontramos con personas insatisfechas con el status quo, frustradas con el modelo reactivo tradicional. Personas que saben que no tienen todas las respuestas, y que buscan por su cuenta el conocimiento sobre cómo reducir el crimen y cómo prevenirlo de manera efectiva.
El BID pensó en la solución a este desafío y hay razones para ser optimista.
Una Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia para América Latina
Existen también en nuestra región múltiples casos de programas que fueron evaluados rigurosamente y ofrecen beneficios tangibles a la población, como el caso de alcaldías que diseñan planes municipales informados por evidencia, comandantes de policía que adaptan innovaciones y las evalúan, universidades trabajando junto con gobiernos para evaluar qué es efectivo en la agenda de seguridad ciudadana.
Para apoyar este movimiento silencioso que atraviesa la región, el BID lanzará este 18 de abril la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia.
La Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia es un sitio en línea que contiene el primer Banco de Evidencias en portugués y español sobre programas cuya efectividad ha sido rigurosamente evaluada. Contiene información sobre casi 100 tipos de soluciones y más de 700 casos evaluados, de los cuales alrededor de 60 son de la región.
Para desarrollar esta plataforma utilizamos como referencia los mejores repositorios disponibles en inglés, y le sumamos, de forma inédita, la evidencia científica de mejor calidad ya producida en la región, utilizando los mismos estándares científicos rigurosos adoptados internacionalmente para seleccionar estudios y sistematizar el conocimiento.
La Plataforma también tiene un Espacio de Intercambio con entrevistas a personas destacadas, notas en profundidad sobre experiencias de la región o temas específicos, herramientas para ayudar a implementar políticas basadas en evidencia, y noticias de actualidad. Con el tiempo, esperamos que este espacio se vuelva un foro interactivo que fortalezca la incipiente comunidad de práctica que existe en la región y que estimule la generación de nuevas evidencias propias de la región ya que, por ahora, solo el 8% de los casos en el Banco de Evidencias pertenecen a América Latina y el Caribe.
La Plataforma no promueve recetas. Somos conscientes de los riesgos de “simplemente copiar las formas”, de hacer una copia irreflexiva de lo que se hizo en otros lugares. Sabemos que los contextos socioeconómicos y las capacidades institucionales son importantes y varían mucho, y que por lo tanto lo que funcionó en un lugar puede no funcionar en otro.
La Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia está diseñada para ofrecer ideas, inspiración y opciones sobre qué tipos de soluciones y experiencias considerar al momento de decidir qué hacer en nuestras ciudades y países. Es decir, dar insumos que aumenten la capacidad de pensar e imaginar soluciones adaptadas a las realidades y necesidades de cada país.
Una vez diseñadas las posibles soluciones, viene el desafío de la implementación y la evaluación del impacto de nuestras intervenciones para, además, ir generando nuevas evidencias propias de la región. Para esto el BID cuenta con el compromiso de apoyar a los países en el camino de ejecutar soluciones efectivas, basadas en la evidencia y adaptadas al contexto local.
La Plataforma tampoco es dogmática. La evidencia científica es solo una de las fuentes de evidencia a considerar al momento de tomar decisiones. Otras fuentes de evidencia incluyen: la capacidad institucional y organizacional, los valores y las preocupaciones de las comunidades y partes afectadas por los programas, y el conocimiento práctico (el oficio) acumulado en los equipos profesionales.
Todas estas fuentes, si son bien recolectadas, sistematizadas y analizadas, son indispensables para informar el proceso decisorio. Lo que buscamos con la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia es ayudar a que la evidencia científica también pueda “ocupar una silla en la mesa” al momento de tomar decisiones.
La misión del BID es mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Al ser la región más violenta del planeta, mejorar vidas significa hacer a nuestras sociedades más seguras y pacíficas. Para ello necesitamos la ciencia más potente del mundo y las políticas más efectivas posibles. Por eso creamos la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia, un bien público al servicio de la ciencia de la seguridad y la justicia en la región.
Si no pudiste unirte al evento de lanzamiento oficial de la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia, puedes consultar la grabación del evento, donde personas expertas en la Academia, Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, los retos y oportunidades de utilizar la evidencia para la toma de decisiones en política de prevención del crimen y la violencia.
En el evento participaron:
- Lawrence Sherman: Director Científico de la Policía Metropolitana de Reino Unido
- Oscar Naranjo: Ex vicepresidente de la República y Director Nacional de Policía de Colombia
- Paula Mascarenhas: Alcaldesa de la ciudad de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil
- Eduardo Vergara: Subsecretario de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile
- Pablo Vázquez: Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México
- Susana Cordeiro-Guerra: Gerente de Instituciones para el Desarrollo, BID
- Roberto de Michele: Jefe de División, Innovación apra Servir al Ciudadano, BID
- Nathalie Alvarado: Coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID
- Rodrigo Serrano: Especialista Principal en Seguridad Ciudadana y Justicia, BID
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