Flickr Creative commons/ AK Rockefeller
Robert Muggah, Director del Instituto Igarapé
Nathalie Alvarado, Coordinadora del Cluster de Seguridad Ciudadana del BID
Niveles epidémicos de delito y violencia constituyen uno de los más grandes desafíos para el desarrollo económico y social de las ciudades de América Latina y el centro y sur de África.
A pesar del rápido crecimiento económico y las transformaciones políticas y sociales en ambas regiones, muchos estados y ciudades están expuestas a altas tasas de victimización real y percibida. La inseguridad personal y del hogar se correlaciona estadísticamente con una reducción en los niveles de vida. Asimismo, se asocia con retrocesos en la reducción de la pobreza y la prestación de servicios a los ciudadanos.
Como era de esperar, los ciudadanos latinoamericanos y sudafricanos están registrando una disminución de su confianza en las instituciones públicas y un incremento en el miedo a salir de sus casas.
Durante décadas, entidades públicas y privadas de América Latina y Sudáfrica han invertido en el diseño e implementación de una amplia variedad de respuestas destinadas a promover la seguridad nacional y la seguridad pública. La mayoría de estas intervenciones fueron seguidas por las instituciones militares y policiales, un legado de los regímenes autoritarios con el consentimiento de la élite.
La seguridad se construyó en términos de Weber como el deber del Estado, con la ley y el orden mediado exclusivamente por las fuerzas armadas, las fuerzas del orden y sus fuerzas auxiliares. Los resultados de estos esfuerzos fueron dramáticos, incluyendo la introducción de una legislación draconiana, penas más severas, crecientes tasas de homicidio, y prisiones sobrepobladas.
Desde finales de 1990, un enfoque diferente para promover la seguridad pública ha surgido en toda América Latina, el Caribe e incluso algunas ciudades de Sudáfrica.
El concepto de “seguridad ciudadana” privilegia elementos como un Estado responsable y una ciudadanía proactiva. Fue una reacción directa a los paradigmas de seguridad nacional que habían predominado durante las épocas de la dictadura y de apartheid. Como un conjunto de discursos y prácticas, la seguridad ciudadana hace hincapié en métodos preventivos, la reducción de factores de riesgos, la mejora de factores protectores en las zonas afectadas por la delincuencia y el fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas de gestionar y garantizar la seguridad. Además, promueve modelos orientados a la comunidad, la participación ciudadana, las intervenciones basadas en datos y en evidencia. Brasil, Chile, Colombia, México y Sudáfrica son verdaderos laboratorios de experimentación, tanto con éxitos y como con fracasos.
En la última década, las principales agencias internacionales de donantes, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han estado apoyando a las ciudades, los gobiernos a nivel estatal y federal, a acuñar este concepto, a desarrollar un enfoque integral de seguridad ciudadana y en la búsqueda de soluciones a la medida.
Asimismo, una evaluación reciente del Instituto Igarapé ha contado no menos de 1.350 programas de seguridad ciudadana y proyectos en toda América Latina y el Caribe desde 1998. Otra evaluación de actividades similares en Sudáfrica produjo casi 60 iniciativas, aunque el número es probablemente mucho más alto. A pesar de su relativa rápida propagación y el creciente apetito por la seguridad de los ciudadanos entre los gobiernos, los organismos bilaterales y multilaterales, fundaciones e instituciones de investigación, hay muy poca evidencia sobre los impactos de estas intervenciones y su capacidad para mejorar (o no) la seguridad real y percibida y de los ciudadanos.
Hay muchas ideas que se pueden extraer del intercambio de experiencias entre los ajustes incluso del sur de África y América Latina. La naturaleza urbana de la inseguridad ciudadana, los efectos agravantes de la guerra contra las drogas, y las profundas divisiones entre ricos – y los que lo no – son todos factores que resuenan mucho más allá de las fronteras de ambas regiones.
Por supuesto también hay muchas variables que son únicas a cada territorio, y uno debe moderar la tentación de generalizar. Aún así, teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de las prácticas innovadoras de seguridad ciudadana, podría ser posible una reflexión crítica sobre lo que funciona y lo que no.
Durante el Foro Urbano Mundial 2014 (WUF) en Medellín, el BID y el Instituto Igarapé se han asociado para motivar precisamente este tipo de conversación. Durante una sesión especial sobre seguridad ciudadana en las ciudades, que reunirá alcaldes y autoridades locales de Colombia, Brasil y Sudáfrica para discutir los desafíos y lecciones aprendidas de la prevención del delito y la violencia con un enfoque integral y la adopción de enfoques innovadores para la seguridad.
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Estimados estoy agradecido por sus investigaciones y la labores ,me resulta estimulante ver en la toma de conciencia de la necesidad de trabajar junto a las Instituciones de Seguridad Publica en cuanto a la forma de modificar los indicadores de desconfianza hacia estas. La actual situación de emergencia y en muchos casos la labor de las Fuerzas e Instituciones de Seguridad a derivado en situaciones de abuso de autoridad lo que ha llevado a profundizar la desconfianza en estas, Las situaciones vividas en paises como Perú, Chile, Argentina, Centro América identifican estas situaciones. Esto personalmente creo que nos lleva a momentos bisagras…momentos donde se pueden aplicar cambios o estructurar procesos de transparencia y comunicación con la población. Los acuerdos en los organismos técnicos que agrupan a las Fuerzas de Seguridad tales como Ameripol podrían facilitar procesos en este sentido, con auditoria de campo por Instituciones, donde se puedan establecer indicadores comunes a través de tableros de comando que nos permitan aumentar la eficiencia y eficacia en el manejo de los dineros públicos con publicidad y rendiciones de cuentas a través de redes sociales.