Por Robert Pantzer
“Se trata de jóvenes que cometieron errores que no son tan diferentes de los errores que cometí y de los errores que muchos de ustedes cometieron. Lo que diferencia a muchos convictos es la falta de apoyo y de segundas oportunidades.”
– Barack Obama
El Commonwealth of The Bahamas es conocido por su tranquilidad y sus hermosas playas. Tiene un lado menos soleado: altos niveles de delincuencia y una tasa de encarcelamiento de 379 por cada 100,000 habitantes, duplicando con creces el promedio mundial. Las cárceles están sobrepasadas, con tres presos por cada dos puestos disponibles. Tres de cada cinco permanecen detenidos a la espera de un juicio.
Parte del problema radica en que las Bahamas envía a la cárcel un número alto de delincuentes que no son violentos. Cuando son liberados, muchos no reciben asistencia para reconstruir sus vidas. Vuelven a la delincuencia, para terminar tras las rejas de nuevo, lo que le cuesta al estado aún más dinero.
El gobierno ha reconocido que encarcelando jóvenes por delitos asociados con el uso de drogas y la posesión de armas de fuego no va a resolver el problema. Por esta razón las autoridades, apoyadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, organizaron recientemente en Nassau una mesa redonda con expertos internacionales para discutir nuevas formas de abordar la situación penitenciaria, así como la implementación de un nuevo sistema de libertad condicional.
Tal como comentaba el Ministro de Seguridad Nacional, el Hon. B.J. Nottage, en su discurso de apertura, “armas, drogas y pandillas son la tríada en nuestro país hoy en día. Aproximadamente el 24 por ciento de los condenados, después de su liberación será condenado por un segundo delito”. La mesa redonda de expertos en Nassau fue solo el inicio de un mayor debate con el objetivo de generar un proyecto de ley que permita establecer un sistema de libertad condicional en las Bahamas.
Esperamos que este proyecto de ley se produzca antes de que finalice el año, como un paso importante en el camino de considerar elegibles para la libertad condicional a cientos de personas encarceladas en la actualidad.
Finalmente, la identificación de la población penal no violenta permitirá un ahorro importante. Cada preso le cuesta al estado $14.000 anualmente (Bahamas tiene 1,500 encarcelados). Estos ahorros podrían destinarse a los programas de reinserción y al cuidado de delincuentes que presentan alto riesgo de violencia y que deben permanecer tras las rejas. Tal sistema de reinserción puede tener el potencial de reducir el delito a la par con cualquiera de los mejores retornos sobre los dólares invertidos en seguridad pública.
Como este debate apenas se inicia, es importante educar e involucrar a los ciudadanos de Bahamas, que podrían ser resistentes a estos cambios. Si el pueblo de Bahamas desea una postura firme pero estratégica frente a la delincuencia, este es el camino a seguir.
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Foto: Flickr CC Bodyalive NJ
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