Por Norma Peña y Lina Marmolejo
Cuando hablamos de crisis en nuestras cárceles, pensamos en instalaciones sobrepasadas de gente, con camarotes de muro a muro, de patios desbordados de gente.
Y pensamos en hombres. Pero hay otra realidad en nuestros países y en el mundo: la creciente presencia femenina en nuestros centros penitenciarios y los desafíos que eso implica.
Los números nos muestran una realidad impactante y nos llaman a la acción.
La organización no gubernamental Prison Policy Initiative presentó recientemente un informe sobre el estado de las mujeres en prisión, en el que comparó los niveles de encarcelamiento de mujeres en Estados Unidos con el contexto internacional. Ya se sabía que Estados Unidos tiene la tasa más alta de encarcelamiento del mundo, equivalente a 716 privados de libertad por cada 100.000 habitantes.
Pues para el caso de las mujeres, el escenario no es muy diferente.
Estados Unidos se encuentra en segundo lugar de encarcelamiento (127 mujeres por cada 100.000), después de Tailandia (130 por cada 100.000). Incluso, si los estados de EEUU fueran comparados internacionalmente como países, ocuparían el top 25 de encarcelamiento, con tasas superiores incluso a la de Tailandia, que en esta lista estaría en el lugar 26. Es tal la desproporción en el nivel de encarcelamiento de mujeres, que EEUU tiene solo el 5% de la población femenina mundial pero contribuye un 30% de las mujeres encarceladas. Esto equivale aproximadamente a 206.000 mujeres en las cárceles y prisiones del país.
La realidad que presentan estos números es preocupante. La pregunta que nos surge es entonces: ¿dónde se encuentran los países de América Latina y el Caribe en este panorama? Este mismo reporte del Prison Policy Initiative presenta las tasas de encarcelamiento de mujeres para algunos países de América Latina y el Caribe:
A nivel mundial, la población carcelaria femenina creció un 50% entre el año 2000 y el 2015. En ese lapso de tiempo, en América Latina y el Caribe esta población pasó de un estimado de 36,623 a 87,438[1] según datos del International Centre for Prison Studies. Este crecimiento se debe principalmente a delitos relacionados con el tráfico de drogas. Como explica María Noel Rodríguez de UNODC, las mujeres por lo general se encargan de entregar la droga al consumidor, lo cual implica un mayor riesgo a ser capturadas por las autoridades.
El narcomenudeo suele permitirles cuidar de sus hijos y familia, generando ingresos que difícilmente se igualan con otras actividades. La participación de las mujeres en el tráfico de drogas suele estar ligada a su relación con los hombres con quienes tienen una relación de pareja. Muchas mujeres son apresadas por complicidad en el tráfico que realizan sus parejas, por traficar entre fronteras como “mulas” o por ingresar pequeñas cantidades de droga a los centros penitenciarios donde se encuentran sus parejas.
La mayoría de las mujeres en prisión son madres, quienes pueden estar con sus hijos solo hasta cierta edad, o simplemente no estarlo, dependiendo de la legislación de cada país. El encarcelamiento de la madre genera una ruptura familiar irreparable y graves consecuencias para los hijos, quienes pasan al cuidado de familiares, vecinos, amigos o a la tutela del Estado. Los niños cuyo padre o madre se encuentra en prisión tienen mayores probabilidades de abandonar el sistema escolar y de entrar en conflicto con la ley. La separación también afecta a la madre encarcelada, en especial cuando el centro penitenciario carece de facilidades para mantener los lazos familiares como guarderías, servicios de salud materno- infantil y mental y apoyo psicosocial en la fase de separación, o cuando estos se encuentran alejados de las viviendas de sus familiares, afectando la frecuencia de las visitas. No obstante, existe evidencia controvertida del beneficio o no que trae consigo tener a los hijos cerca y mantener los lazos familiares en la reinserción de las mujeres, y en el futuro desarrollo de los niños[2].
Adicionalmente, como explica Ana Cárdenas de la Universidad Diego Portales, las privadas de libertad sufren el doble estigma de haber abandonado a sus hijos y familias, además de la conducta criminal en la que incurrieron. Junto con Elena Azaola resaltan que en muchas ocasiones las cárceles reproducen estructuras patriarcales y roles tradicionales de género al no brindar opciones laborales y de ingreso económico, al brindar una oferta limitada de capacitación, o al promover la participación solo en labores de aseo y mantenimiento de la infraestructura, con baja potencialidad de vinculación laboral posterior.
Tradicionalmente, los centros penitenciarios han sido pensados respondiendo a las necesidades de la población penitenciaria masculina. Consciente de esta situación, en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, o “Reglas de Bangkok”. Este compendio de 70 reglas presenta los parámetros que las autoridades de justicia y sistema penitenciario deberían adoptar para el tratamiento de las mujeres en conflicto con la ley.
Rehabilitación con enfoque de género
En los últimos años la región ha visto surgir algunas iniciativas promovidas desde las prisiones o con el apoyo de la sociedad civil y el sector privado, hacia una rehabilitación con enfoque de género y una adecuada atención post-penitenciaria, que facilite la reinserción social y laboral. Esto se observa en la existencia de algunos programas de pre-egreso, de acompañamiento sico-social para atender los factores de riesgo, de preparación y capacitación para el trabajo, de emprendimiento y autonomía económica, y de reconstrucción y mantenimiento de los vínculos familiares. Varios países han impulsado legislaciones con alternativas al encarcelamiento para cumplir penas en libertad, lo cual permite mantener los lazos familiares y trabajar sin el estigma del encierro.
No obstante, es fundamental seguir respondiendo a los múltiples desafíos que enfrenta nuestra región con respecto a su población penitenciaria. Algunos desafíos son generales asociados al crecimiento de privados de libertad, al alto porcentaje de población en prisión preventiva y al alto grado de hacinamiento, según Olga Espinoza de la Universidad de Chile. Otros desafíos son específicos para las mujeres como explica Ana María Morales de Paz Ciudadana. Tomando el caso de Chile, que es válido para toda la región, se necesita entender mejor las trayectorias delictuales de las mujeres, analizar el uso de la prisión preventiva y ofrecer programas de intervención con enfoque de género.
En su marco de trabajo en Seguridad Ciudadana y Justicia, el BID proporciona asesoría técnica y financiera a los países de la región para que las personas privadas de libertad accedan a programas de rehabilitación y reinserción, de manera eficiente y oportuna, asegurando las garantías de sus derechos. Las líneas de acción buscan incrementar la oferta y acceso de servicios básicos de justicia penal, ampliar la oferta de mecanismos alternativos a la prisión, racionalizar el uso de la prisión preventiva y mejorar los mecanismos de rehabilitación y reinserción para privados de libertad.
En futuros posts, presentaremos algunas de las iniciativas que el BID está adelantando para promover la reinserción de mujeres privadas de libertad, así como el trabajo que algunas ONGs de la región.
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[1] Cálculos hechos con base en datos de entre 1999 a 2003 para la primera cifra y con el último dato disponible para cada país para la segunda cifra (que corresponde a los años: 2015, 2014, 2013 y 2012).
[2] Ver Children’s Family Environments and Intellectual Outcomes during Maternal Incarceration de Julie Poehlmann (2005) y The Impact of Maternal Imprisonment on Children’s Educational Achievement: Results from Children in Chicago Public Schools de Rosa Minhyo Cho (2009).
Crédito foto: Flickr CC Javier Morales
Agradezco a las autoras por llamar la atención sobre este tema. Me queda una duda en lo que se refiere a que la participación de las mujeres en el tráfico de drogas suele estar ligada a su relación con los hombres con quienes tienen una relación de pareja. ¿Es una relación de causalidad? ¿Es decir, de no estar estas mujeres en una relación de pareja con un delincuente no hubieran delinquido? Yo sugiero elaborar un poco al respecto para que no quede la sensación un poco en el aire de que las mujeres sólo actúan cuando hay detrás la voluntad de un hombre.
Por otra parte, las políticas públicas que buscan facilitar a la población el cuidado de las generaciones futuras deberían tener siempre en cuenta que los hombres tienen una responsabilidad compartida en el cuidado de los hijos y si bien por las diferencias que aún subsisten entre hombres y mujeres, la atención y la forma en cómo se abordan las necesidades de cada uno (hombres y mujeres) puede ser diferente, no se debe perder el foco de que el objetivo es que estas diferencias desaparezcan. En este sentido cuando se proponen intervenciones para facilitar el cuidado de niños, no debería dejar de mencionarse que es un beneficio para los padres (es decir mamás y papás) y la familia en general, y si se prioriza a las mujeres es por unas condiciones particulares y no porque sea la regla.
Estimada Verónica,
Gracias por el comentario e interés en el tema. La participación de las mujeres en el tráfico de drogas y la relación con sus parejas, se levantó, no con el fin de querer implicar que las mujeres sólo actúan cuando existe detrás la voluntad de un hombre, sino para resaltar que en este tema en particular -la entrega de drogas- sí existe una fuerte influencia de la actividad ilícita del hombre sobre su pareja. Marcela Lagarde, presenta por ejemplo, cómo muchas mujeres encarceladas por delitos de drogas incursionaron en esto al ser esposas o compañeras de traficantes (LAGARDE, Marcela ¨Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas¨, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993). El involucramiento de las mujeres en delitos de drogas es relevante pues si bien durante los últimos años la población penitenciaria de ambos sexos ha crecido, el crecimiento en las mujeres se explica principalmente por lo anterior, mientras que en los hombres se da por el aumento en delitos violentos. Valdría la pena, en todo caso, identificar a través de estudios de trayectorias delictuales, el porcentaje específico de mujeres que han cometido delitos de drogas de manera autónoma versus quienes lo han hecho en relación con sus parejas.
En cuanto al cuidado de los hijos, es cierto que es una responsabilidad compartida entre los padres. Pero que se prioriza a las mujeres entre otras razones para atender necesidades como la atención prenatal, permitir la lactancia y los cuidados del recién nacido, manejar con atención psicológica la etapa de separación, entre otros.
Cabe mencionar, en todo caso, que el enfoque de género en las prisiones no debe ser manejado solamente alrededor de la cuestión de ser madre. Debe incluir aspectos como el fortalecimiento de habilidades para la vida; la respuesta a las necesidades particulares de salud, higiene y cuidado de las mujeres; el empoderamiento económico; etc.
Para que el enfoque de género en cárceles sea completo no olvidar a los cientos de miles de mujeres invisibles que están “detrás” de cada persona encarcelada en la región. Madres, esposas, hermanas e hijas, ellas sostienen económica y anímicamente a sus familiares –varones y mujeres- presos. Para ello, enfrentan, padecen y negocian con sistemas de justicia, penitenciarios y post-penitenciarios mayormente ineficaces, violentos y corruptos. Son, además, las cuidadoras primarias de los casi dos millones de niños con padres y madres encarcelados a los que se esfuerzan por brindar techo, alimento, educación, salud y amor. Sin políticas ni programas que las apoyen, estas mujeres son muchas veces el único sistema real de protección y reinserción con que cuentan los presos varones y mujeres latinoamericanos a su egreso.
Ver estudio Las Mujeres Invisibles (2014) de Catalina Perez Correa y post Los niños y las niñas invisibles de los encarcelados (blog de Sin Miedos, Julio 22, 2015).
For the much-needed gender approach in prisons to be complete let´s not forget the hundreds of thousands of invisible women “behind” each incarcerated person in the region. Mothers, spouses, sisters and daughters, they are the ones that support economically and emotionally their –men and women- relatives in prison and when released. These women cope week after week with mostly ineffective, corrupt and violent justice and prison systems. They are the primary caregivers of the nearly two million children with incarcerated parents for whom they strive to guarantee shelter, food, education, health care and love. With no public policies or programs to support them, these women are often the only “real” protection and reintegration system released prisoners (men and women) count on.
See Catalina Perez Correa´s Las Mujeres Invisibles (2014) and July 22nd 2015 post Los niños y las niñas invisibles de los encarcelados (blog de Sin Miedos).
Gracias por el comentario, estimado Martín.
Sin duda, los costos directos e indirectos para las mujeres que tienen un familiar en privación de libertad, son altísimos. Y como Catalina Perez menciona, las mujeres sostienen el sistema pero no son tenidas en cuenta a la hora de tomar o informar las decisiones sobre los privados de libertad (por ejemplo, el cambio de ubicación en centros alejados de las viviendas de los familiares). Aprovecho para compartir el enlace al documento de discusión: ¨Las mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres¨ Catalina Perez Correa, 2015, BID: https://publications.iadb.org/handle/11319/7235?locale-attribute=en