Los países de América Latina y el Caribe (ALC) enfrentan desafíos estructurales en su economías que parecen no tener solución: nuestro crecimiento económico es inestable y menor al de otras economías emergentes; nuestras tasas de desigualdad son las más altas del mundo; los recurrentes déficits fiscales llevan a que las deudas de nuestros gobiernos sean cada vez sea mayores; y el cambio climático amenaza nuestra naturaleza, infraestructura y calidad de vida de la población.
Para asegurar que la década postpandemia sea un periodo de recuperación y prosperidad para la región, es necesario que los países sean estratégicos en la gestión de la política fiscal, potenciando instrumentos fiscales para empezar a resolver estos desafíos estructurales desde sus raíces.
Para apoyar a los países en esta tarea, hemos actualizado nuestro Marco sectorial de política y gestión fiscal y producido este folleto que resume sus principales conclusiones.
Este marco es un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que orienta el trabajo operativo, de diálogo y de generación de conocimiento del Grupo BID en el sector fiscal. El documento contiene la evidencia más reciente sobre la efectividad en el desarrollo en el sector, tanto de la experiencia internacional como de los proyectos financiados por el BID.
El carácter transversal de la política y gestión fiscal
Por su naturaleza transversal al estado y a la economía, la política y gestión fiscal se encuentran en una posición única para contribuir a resolver los desafíos estructurales señalados en el comienzo de este blog. Esto no solo como resultado de las intervenciones directas del gobierno, sino también por los incentivos que la gestión fiscal genera para el sector privado, el cual será clave para enfrentar los desafíos económicos y sociales y lograr una mayor productividad y crecimiento durante la pospandemia.
Basados en esta oportunidad, a seguir destacamos cuatro áreas de acción que hemos resaltado en nuestro marco sectorial.
Área de acción #1: Adoptar una gestión fiscal procrecimiento
La política y la gestión fiscal de los países de ALC se ha caracterizado por ser procíclica, exacerbando ambientes macroeconómicos volátiles. Además, el gasto público suele presentar una baja calidad y eficiencia, y existen numerosas ineficiencias en la política y gestión de ingresos. Revertir esta realidad requiere de una gestión fiscal inteligente, que permita acelerar el proceso de recuperación económica e incrementar el crecimiento de largo plazo anclado en la movilización de recursos del sector privado.
Para promover una política fiscal que sea anticíclica, nuestros países deben fortalecer las instituciones macro fiscales, como las reglas y los estabilizadores fiscales automáticos, para que los gobiernos tengan los incentivos y los mecanismos para poder economizar durante los periodos de bonanza a fin de construir un colchón de recursos que pueda ser utilizado para mitigar la baja en la actividad económica durante los periodos de vacas magras.
Una política fiscal procrecimiento también significa contar con un gasto público de calidad. El impacto del gasto público en el crecimiento depende de que los recursos de los gobiernos se destinen a los fines adecuados y que estos sean utilizados adecuadamente para generar los resultados deseados. En este sentido, es importante que los gobiernos fortalezcan la gestión presupuestal, aumentando su transparencia y rendición de cuentas sobre el desempeño. También se deben fortalecer la gestión de la inversión pública, priorizando la inversión en infraestructura con alta rentabilidad social, y promover la competencia, transparencia y valor por dinero de los sistemas de contratación pública.
Por último, es necesario hacer que los sistemas tributarios propicien mejores ambientes de negocio. La carga tributaria que enfrenta una empresa promedio tiende a ser relativamente alta en la mayoría de los países de la región, reduciendo la atracción de inversiones y el desarrollo del sector privado.
Además, los tratamientos preferenciales a los impuestos como el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto a la renta corporativa distorsionan las decisiones de las empresas, creando ineficiencias asignativas en la economía y complejizando el sistema tributario. Dadas estas complejidades, las administraciones tributarias deben redoblar sus esfuerzos para facilitar el cumplimiento a los contribuyentes y así reducir el costo de hacer negocios en la región.
Área de acción #2: Potenciar el impacto redistributivo de la política y gestión fiscal
El nivel de la desigualdad de ingresos para un país promedio de ALC, medido a través del coeficiente de Gini, es de 0,48, mayor a otros países emergentes donde este promedio es de 0,38. Una de las razones por las cuales la desigualdad es tan elevada en la región es el diseño y gestión de los sistemas de transferencias y el sistema tributario, los cuales tienen un bajo poder redistributivo. De acuerdo con nuestras mediciones, las transferencias sociales y los impuestos reducen la desigualdad de ingresos en solo 5,3% en ALC, mientras en países de la zona del euro la reducción promedio es de 13,6%.
Los países necesitan mejorar la focalización del gasto público y de los beneficios tributarios para que estos realmente beneficien a quienes más lo necesitan. Asimismo, los países deben adoptar políticas que fomenten la formalización laboral, incluyendo reformas de los sistemas de seguridad social y de los regímenes simplificados de tributación.
Además, los gobiernos deben incrementar esfuerzos en su gestión fiscal para contribuir a cerrar brechas de género y para ciertos grupos diversos. Para este fin, es importante también implementar esquemas con enfoque de género en el manejo presupuestal y de compras públicas, y generar capacidades para la inclusión de perspectivas de género y diversidad de manera transversal en la definición de la política fiscal.
Área de acción #3: Promover la sostenibilidad fiscal
El nivel de endeudamiento promedio de ALC ha aumentado rápidamente durante la pandemia. De acuerdo con nuestro estudio insignia lanzado este año, “Lidiar con Deuda”, la deuda pública llegó a superar el 70% del PIB en promedio en la región. Debido a los altos niveles de endeudamiento público, muchos países están en proceso de consolidación fiscal para reducir el riesgo de insolvencia.
Es importante que estos procesos de consolidación eviten repetir los errores del pasado y aseguren que las inversiones de capital y el gasto social sean protegidos para no perjudicar la perspectiva de crecimiento del país.
Otra área que los ministerios de finanzas de la región deben enfocarse es en el fortalecimiento de la gestión de los riesgos fiscales asociados a la deuda pública, pues el alto nivel de endeudamiento actual hace que los países estén más vulnerables a los cambios de percepción de inversionistas extranjeros causados por eventos externos, como el aumento de tasas de interés internacionales, o fluctuaciones en los precios de las materias primas.
Por último, también se requiere robustecer las instituciones macrofiscales, especialmente a través del diseño de reglas fiscales, creación de fondos de ahorro y el fortalecimiento de consejos fiscales independientes que incentiven a los gobiernos a mantener niveles de endeudamiento compatibles con su capacidad de pago a largo plazo.
Área de acción #4: Construir una gestión fiscal verde
Los ministerios de finanzas pueden desempeñar un rol clave en la implementación de políticas fiscales, que no solamente ayuden a gestionar los riesgos asociados al cambio climático sino que también puedan promover, a través de la tributación y del gasto público, una transición justa y sostenible a economías con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.
En términos de mitigación del cambio climático, los gobiernos cuentan con herramientas para generar incentivos fiscales para promover la reducción de emisiones. Por el lado de los ingresos se encuentran los mecanismos de fijación de precio del carbono, los cuales incluyen la reducción de subsidios a los combustibles fósiles o la implementación de impuestos al carbono. Por el lado del gasto, los sistemas nacionales de inversión pública pueden jugar un rol muy importante, asegurando que las inversiones que realiza el estado contribuyan para el cumplimento de las metas definidas en las estrategias nacionales de descarbonización.
En materia de adaptación, es importante que la nueva infraestructura sea resiliente al cambio climático y que los stocks de infraestructura sean adaptados a la nueva realidad climática.
Finalmente, los gobiernos deben fortalecer la creación de capacidades en los ministerios de finanzas para que puedan fortalecer su contribución al desarrollo de estrategias nacionales de descarbonización, fortalecer los riesgos de ingresos por activos varados y cambios en la actividad económica, y asegurar un gasto público estratégico y efectivo a través de una gestión financiera pública verde.
Conclusión
En resumen, la política y la gestión fiscal pueden jugar un rol decisivo para solucionar los problemas estructurales que afectan nuestra región y contribuir para promover un crecimiento económico que sea más equitativo y sostenible.
Desde el BID queremos construir juntos con nuestros países miembros una política fiscal estratégica que ayude a apalancar nuestros recursos para seguir mejorando vidas.
Descarga aquí el folleto sobre nuestro marco sectorial de política y gestión fiscal.
Conoce más sobre nuestro trabajo en política y gestión fiscal.
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