Cuatro oportunidades de oro en la construcción de una Agenda Digital Fiscal en América Latina y el Caribe

La transformación digital fiscal —y no más impuestos— es la solución para el déficit fiscal en la región

El avance exponencial de la innovación tecnológica y la conformación de una nueva economía digital es una realidad que impacta no solamente a los países desarrollados, sino también a todos los países de América Latina y el Caribe en el corto y mediano plazo.

El surgimiento de nuevos modelos de negocio y soluciones digitales disruptivas en plataformas abiertas, constituyen una gran oportunidad para los países, al mismo tiempo que exige adaptar los mecanismos actuales de gestión fiscal y tributaria de que se dispone en la región, con el uso intensivo de datos de la nube, Big Data y Data Analytics, sistemas on-demand, Blockchain, Inteligencia Artificial y Machine Learning, entre otras tecnologías.

En los últimos años ha habido avances significativos en las áreas de gestión fiscal y financiera pública en la región, tales como la factura electrónica para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Brasil, México y Chile; y los grandes sistemas de administración financiera que permitieron una mayor integración de la información y una ejecución presupuestaria más eficiente y transparente; entre otros progresos.

Sin embargo, la adaptación a los mecanismos disponibles para una buena gestión fiscal y tributaria no es automática. Existen barreras culturales, reglamentarias, de inercia institucional y de aversión al riesgo que solamente podrán ser superadas con liderazgo y con desarrollo de nuevas capacidades. En este contexto, presentamos cuatro oportunidades de oro para la construcción de una agenda digital fiscal en los países de la región.

1.Inteligencia Fiscal Tributaria Digital

 

Una de las fuentes más importantes de financiación de cualquier Estado son los impuestos. Cada vez que un trabajador o empresa paga sus impuestos está contribuyendo al desarrollo de su país. Sin embargo, cada año la región deja de percibir alrededor de US$340.000 millones debido a la evasión tributaria, casi el 7% de su Producto Interno Bruto.

Esta pérdida de ingresos, a causa de elusión y evasión fiscal, limita la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos tales como saneamiento, sistemas de salud y escuelas. Por otra parte, los sistemas tradicionales de seguimiento y control tributario, que incluyen formularios impresos y visitas de inspección y fiscalización; implican una gran cantidad de tareas que hace que el sistema tenga un costo alto.

Simplemente subir los impuestos no soluciona el problema, pues en muchos casos estos ya están en niveles altos, afectando la competitividad de los países. Una alternativa es usar la “Inteligencia Fiscal” para mejorar el cumplimiento tributario.

El avance tecnológico y la digitalización ofrecen una oportunidad de oro para que los gobiernos mejoren la fiscalización de los impuestos a través de la inteligencia fiscal, que consiste en el uso sistemático de técnicas para recopilar información que sirva a la Administración Tributaria en la planificación y ejecución de sus tareas, especialmente para combatir la evasión fiscal y los delitos aduaneros.

El primer paso es tener digitalizada la información necesaria para realizar trámites comerciales y otras transacciones sobre las cuales inciden los impuestos. Por ejemplo, la factura electrónica del IVA, encriptada y centralizada, con firma digital; o las declaraciones de renta prellenadas; son tecnologías que permiten cruzar datos de los contribuyentes y el sistema financiero, con las nóminas de las empresas y la seguridad social.

La inteligencia fiscal va en la búsqueda de todos los tipos de información, incluso aquellas que no están declaradas ni disponibles en fuentes abiertas, tales como las variaciones de patrimonio no justificadas, gastos con tarjetas de crédito, o la participación en sociedades no declaradas. Todo eso ayuda a construir bases de datos que posibilitan realizar cruces de información y detectar la evasión fiscal y otros fraudes, con la construcción de perfiles de riesgo de los contribuyentes para hacer fiscalizaciones y auditorías más selectivas y efectivas.

El uso de mecanismos alternativos para una mayor integración de los catastros de contribuyentes con otros registros de personas físicas y jurídicas, o la conformación de centrales digitales de monitoreo de la acción fiscal, o un mayor intercambio automatizado de datos a nivel internacional; todo contribuye a la inteligencia fiscal.

Finalmente, la adopción de nuevas herramientas tecnológicas permite el uso masivo de las bases de datos del sector público y de otros datos que no están declarados, para la investigación fiscal digital, incluyendo minería de datos (data mining), cruces de información, Big Data y Data Analytics, uso de modelos matemáticos y algoritmos tipo Machine Learning, entre otras innovaciones.

2. Nuevas políticas tributarias para la nueva economía digital

La innovación tecnológica genera oportunidades para nuevas fuentes de crecimiento económico y nuevos tipos de empleos, que afectan a la sociedad, a los mercados laborales y a las instituciones. Los beneficios son tangibles, pero también es una realidad la que no todos los países puedan adaptarse a las nuevas tecnologías a la misma velocidad. El gran desafío de las políticas públicas en este momento es desarrollar mecanismos y consensos que no impidan el avance tecnológico en la sociedad y, al mismo tiempo, mantenga la igualdad de oportunidades.

En algunos países de la región ya se pueden percibir reducciones en la recaudación tributaria debido a la llegada de la nueva economía digital. El impuesto a las comunicaciones por teléfono, por ejemplo, con el uso de nuevas plataformas de servicios digitales como WhatsApp, empiezan a verse impactados.

Una eventual compensación cobrada no debería ser tan alta que desincentive el progreso tecnológico, ni tan baja que no permita una competencia razonable. Esta compensación debería mantener el incentivo de que la inversión en tecnología siga siendo una inversión económicamente atractiva.

Los nuevos modelos de negocio digitales compartidos, tales como Uber y AirBnb, exigen discusiones sobre el pago de impuestos por nuevas actividades económicas y utilidades que generan. Hay que considerar estas innovaciones en por lo menos cuatro dimensiones: (i) nivelamiento de las condiciones para la competencia (que Uber y AirBnb paguen impuestos similares a los de un taxi u hotel); (ii) utilizar las plataformas digitales como retenedores para cobrar impuestos a sus usuarios (incluyendo comercio electrónico, y seguridad social de los auto-empleados); (iii) discusiones sobre importaciones de servicios digitales (ventas desde el exterior); (iv) discusiones más conceptuales sobre nuevos impuestos sobre valor agregado digital (como la tasa a NetFlix que Brasil adoptó recientemente); entre otros aspectos.

Estas discusiones de políticas podrán llevar a la transformación de impuestos o tasas. Además, obligarán a los países a reformular sus sistemas tributarios, de forma que sean simples, neutrales y transparentes; que favorezcan la competencia e incentiven la eficiencia económica y la equidad para un desarrollo sostenible, con un mínimo de distorsiones y el menor costo posible para la sociedad.

3. Blockchain y nuevas plataformas transaccionales con registros distribuidos

 

Blockchain es una base de datos distribuida tipo “peer-to-peer” en la cual los participantes pueden tener niveles distintos de autoridad y deben confiar unos en los otros. Constituye una cadena de “bloques digitales” que son agregados por los participantes y validados con un protocolo consensuado entre ellos, lo que permite tener un registro ordenado, transparente, seguro e indeleble de toda la información.

Cuando un participante (o nodo) quiere realizar una transacción (enviar dinero, realizar un smart contract, etc.), le envía tal información a los nodos a los que esté conectado, y automáticamente cada nodo comprueba que las transacciones sean válidas (por ejemplo, que no se esté mandando un dinero que ya haya sido gastado) y todo es replicado en toda la red.

Existen al menos tres tipos de redes Blockchain: las públicas, las federadas y las privadas. En las públicas cualquier persona puede participar, como en el caso de las criptomonedas. En las privadas una entidad se encarga de proponer y aceptar los bloques, y el público puede tener o no permisos de lectura. Las federadas son un modelo mixto, no están controladas por una única entidad, tampoco permiten a cualquier usuario validar bloques.

Blockchain puede conectar bases de datos de entidades públicas ya existentes (como un piloto en México en el área de compras y contrataciones públicas, por ejemplo) con el uso de contratos abiertos que pueden incrementar la transparencia presupuestaria, la trazabilidad financiera, y mejorar el manejo de riesgos anticorrupción, usando las bases de datos del sector público de los países.

En el largo plazo, Blockchain podría conectar firmas y personas en un nuevo ambiente de negocios, incluyendo el pago de sus impuestos y todos los registros correspondientes. Esto podría eliminar los intermediarios, y los impuestos serían recaudados automáticamente, y no por las firmas, a través de reglas y smart contracts consensuados en esta nueva plataforma descentralizada. Países como Estonia, Finlandia y Dubái están desarrollando los primeros pilotos de Blockchain en esta dirección, y en el Reino Unido empezaron un piloto de medios de pagos electrónicos de beneficios sociales por el Tesoro, directamente a teléfonos móviles, usando Blockchain. Estos nuevos modelos podrían un día eliminar la necesidad de conciliación financiera, y los impuestos y contribuciones serían recaudados en tiempo real y de forma más transparente.

Si bien todavía existen pocas aplicaciones de Blockchain en funcionamiento en el sector público, hay que seguir estudiando esta gran oportunidad que podrá transformar totalmente los negocios y la forma de recaudar los impuestos y de realizar el gasto público. Al final, es un tema mucho más cultural y organizativo, de empoderar las redes, que un tema tecnológico, y las reglamentaciones todavía no están desarrolladas, sin embargo, se presenta con un gran potencial.

4. Compartir soluciones, códigos y estándares digitales

En la nueva economía digital es cada vez más fácil replicar y aprovechar sistemas, partes de sistemas, algoritmos, y soluciones digitales en lo general. Las reglas y procesos digitales son cumulativos, y pueden aprovecharse indefinidamente, principalmente con el uso de códigos abiertos e interfaces estándares. En el largo plazo, los datos constituirán el activo de mayor valor, no los procesos o sistemas, ni la infraestructura tecnológica.

En el Banco Interamericano de Desarrollo ya existe una plataforma para compartir los códigos de sistemas (http://code.iadb.org/es/comparte-tu-codigo) que posibilita el acceso a apps, algoritmos, hojas de cálculo, sistemas y otras herramientas digitales.

Esta es una oportunidad de oro para el sector público, principalmente para los gobiernos subnacionales, debido al potencial de escala y de portabilidad, pues el costo marginal es menor si se aprovecha la posibilidad de replicar conceptos y reutilizar bases y procesos comunes. Por ejemplo, esta plataforma posibilita que municipios compartan soluciones que hayan desarrollado aplicadas al catastro digital y el impuesto predial, que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades locales y contribuir a una mayor recaudación.

Conclusiones

Estas cuatro oportunidades de oro pueden ayudar a preparar un Road Map Digital Fiscal en un país o un gobierno subnacional o local, con un gran potencial para mejorar el recaudo de ingresos sin subir las tarifas de los impuestos actuales. Si bien estos cuatro temas no excluyen a otros, ni agotan todo el desafío digital a enfrentarse, pueden ayudar a estructurar una visión de futuro, una estrategia, y la construcción de prioridades y liderazgos para la transformación digital en el sector público en el área fiscal.

Cada país de la región tiene capacidades institucionales distintas, lo que sí cuenta, pero no debería ser un impedimento para avanzar. Una resistencia menor al cambio, con un buen liderazgo, puede compensar una insuficiente capacidad institucional. Igual que fue la institucionalización en el mundo analógico, la evolución institucional digital es un tema fundamental y estratégico en la agenda de desarrollo en los países de América Latina y el Caribe.

Además de hacer la administración tributaria más eficiente, la digitalización puede facilitar a los contribuyentes el pago de sus impuestos. Actualmente, en América Latina y el Caribe se necesita el doble de horas/año para administrar el pago de sus impuestos si se compara con los países de la OECD.

En los próximos años la tecnología va a liderar los cambios institucionales y los nuevos marcos regulatorios en el sector público, y construir una agenda digital fiscal es imprescindible como parte de este proceso de transformación.

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