La transición energética que estamos viviendo es particular en naturaleza y costos. A diferencia de transiciones energéticas anteriores, que se desarrollaron a lo largo de un siglo o más, el actual proceso está siendo impulsado por políticas que tienen por objeto transformar, de aquí a 2050, los cimientos energéticos de la economía mundial. Este plan de reformas sin precedentes debe hacerse sin poner en riesgo la seguridad del suministro energético y procurando un acceso universal al uso de la energía. Para ello, es fundamental identificar los costos asociados a la transición energética para que sea exitosa. Estos, no solo abarcan los costos monetarios directos correspondientes a la inversión en tecnologías limpias, y la expansión de las fuentes de energía renovable, sino también aquellos que no son directamente cuantificables, algunos de los cuales describimos brevemente en esta entrada.
1. Los costos ambientales asociados a la descarbonización de nuestras economías
Este proceso, que tiene por objetivo hacer frente a la crisis climática, no está exento de costos ambientales, los cuales son inherentes a casi toda actividad productiva. Por ejemplo, la implementación de infraestructura renovable, como parques eólicos y solares, puede afectar la biodiversidad y los ecosistemas locales. Lo mismo ocurre con la explotación de minerales críticos como el cobre o el litio. También, la reutilización, eliminación o destrucción segura de infraestructura y nuevas tecnologías que alcancen su vida útil, como paneles solares, turbinas eólicas o baterías plantean desafíos en la gestión de residuos. Estos retos resaltan la importancia de trabajar en medidas de mitigación medioambiental para implementar las políticas mencionadas, y de comunicar mejor los desafíos.
2. Los costos de los activos varados
Un segundo tipo de costos asociado a la transición energética son aquellos relacionados con dejar de utilizar activos que aún no han sido completamente depreciados, es decir, activos que aún no han terminado su vida útil, lo que se conoce como activos varados. Tal sería el caso de una política pública que implique el cierre anticipado de centrales eléctricas en base a carbón, petróleo o gas. Ello, traería como consecuencia, en muchos casos, que la inversión realizada no se recupere, lo que en sí ya implica asumir un costo, que alguien lo tendrá que pagar. Además, el cierre anticipado de estas centrales eléctricas tampoco garantiza por sí mismo que ellas no se vuelvan a utilizar. Pensemos en un escenario en que el cierre de estas plantas se dictamine sin una planificación adecuada, que derive en una situación de escasez, trayendo consigo un aumento desmedido de los precios de la electricidad, o bien poniendo en riesgo la seguridad del suministro. No sería raro pensar que, al poco tiempo, exista una presión ciudadana suficiente, para que las autoridades decidan que la plantas puedan volver a operar. Por ello, es importante hacer las reformas procurando una transición justa y que no ponga en riesgo la seguridad del suministro.
3. Los costos asociados a no explotar combustibles fósiles
Un tercer costo de la transición energética está relacionado a los combustibles fósiles que se dejarían de extraer, pero que aún sería rentable explotarlos. Pensemos en la decisión de un país o comunidad de no utilizar sus reservas petroleras o minas de carbón, una opción que es posible que se tome en algún momento del tiempo. Sin embargo, nada garantiza que, en el futuro, la comunidad en cuestión no decida volver a explotar el recurso. Que ello no ocurra presenta grandes retos, ya que los recursos seguirían existiendo, y los costos de no usarlos existen. Por ejemplo, no explotar estos recursos traerá pérdida de empleos e ingresos a los gobiernos, afectando a comunidades dependientes de estas industrias, que en muchos casos se constituyeron en torno a ellas. Para minimizar estos costos, el desafío de los tomadores de decisiones vuelve a ser procurar una transición justa, y así garantizar condiciones de vida suficientes, ya sea mediante políticas de reconversión laboral u otro tipo de mecanismos, para que la misma comunidad que en algún momento quiso dejar de explotar ese recurso, no quiera volver a hacerlo.
¿Qué más podemos hacer para mitigar estos costos asociados a una transición energética?
Para mitigar estos costos es necesario no descansar solo en dictámenes gubernamentales que prohíban ciertas actividades. Un aspecto esencial, que nunca esta demás recordar, es tener una estructura de precios adecuada, que refleje los costos reales de producir o consumir un bien. En particular, la presencia de subsidios energéticos y la ausencia de impuestos al carbono provocan distorsiones en los mercados energéticos. En un contexto óptimo, si los precios también reflejaran el impacto ambiental de cada bien o servicio, podrían servir de incentivos para promover la adopción, paulatina y decidida, de energías más limpias. En este sentido, serían los agentes económicos quienes, motivados por el mercado, se moverían hacia la producción y el uso de tecnologías más limpias.
Esta entrada fue elaborada en co-autoría con David Matías y José Eguiguren, consultores del equipo de conocimiento de la División de Energía
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