El acceso a la infraestructura energética es esencial, sin embargo, esto no garantiza que los hogares usen los servicios derivados de la energía. Un hogar puede tener conexión eléctrica pero el servicio puede ser de mala calidad (con apagones frecuentes y prolongados), o puede tener dificultades para pagar su consumo de electricidad, y de adquirir los electrodomésticos necesarios para, por ejemplo, refrigerar su comida, o vivir a una temperatura adecuada, etc. Por ese motivo, considerar solamente el acceso a la conexión eléctrica no es suficiente.
La publicación insignia del BID en 2020, De estructuras a servicios: El camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe, nos invita a pensar en el acceso como el alcance de estructura. En el caso de la energía (centrales eléctricas, torres y cables de distribución), se invita a pensarlo como el contar con servicios finales del uso de la energía en el hogar.
Los servicios de energía son “aquellas actividades de los usuarios, que utilizan la energía como un medio para obtener o facilitar servicios y beneficios finales deseados”[1]. Para ilustrar las diferencias entre acceso a la infraestructura de energía y a los servicios se pueden mencionar los siguientes ejemplos: cobertura eléctrica vs iluminación, combustibles de calefacción vs climatización de la temperatura, combustibles de transporte vs movilidad. En un reciente estudio analizamos el acceso a los servicios energéticos de los hogares de América Latina y el Caribe (ALC), con especial énfasis en los servicios de iluminación en las viviendas, cocción de alimentos, refrigeración, conocimiento-comunicación-entretenimiento, entre otros.
ALC muestra un progreso importante en la cobertura eléctrica, pero tiene un consumo bajo de energía, ¿Por qué?
Gracias a un conjunto de planes de inversión y de reformas, el acceso de la población a la electricidad pasó del 78% en 1990, al 97% en 2018, según cifras de OLADE, lo que ubica a la región solo detrás de Norte América (sin considerar México) y de la Unión Europea para alcanzar el acceso universal de cobertura eléctrica. Sin embargo, su consumo anual per cápita es de los más bajos del mundo (2 156 KWh), si se compara con el promedio mundial (3 131 KWh) y con el de otras regiones, como con Asía Oriental & Pacífico (3 678 KWh), la Unión Europea (5.908 KWh), y con Norte América (13.254 KWh). El acceso alto a la cobertura eléctrica, no necesariamente implica un alto equipamiento en lo hogares. El uso de equipos está asociado al nivel de ingreso de las familias, lo que impacta no solamente en la compra de equipos, sino también en el consumo de electricidad.
¿Qué tan asequible es el servicio de electricidad en la región?
De acuerdo con un estudio del BID una gran parte de la población latinoamericana presenta dificultades para pagar su consumo de electricidad. A modo ilustrativo, en la figura 1 comparamos el promedio anual de la tarifa eléctrica residencial por país, con el consumo de electricidad que podría pagar una persona al mes con el 10 % de su ingreso (utilizando como medida proxi del ingreso al PIB per cápita mensual), porcentaje considerado internacionalmente como el límite que indica un problema de asequibilidad.
Figura 1. ¿Qué tan asequible es el consumo de electricidad con el 10 % del ingreso promedio mensual? (ver visualización dinámica)

La brecha de acceso a los servicios de energía es todavía muy importante
En los países que disponemos de datos, se observan diferencias entre acceso a la cobertura eléctrica y acceso a los servicios provistos por este energético. Desde una perspectiva regional, si se ordena el acceso de los servicios de menor a mayor, se enlista de la siguiente forma:
- Climatización: solo alrededor de 4 de cada 10 latinoamericanos tienen acceso;
- Conocimiento-comunicación-entretenimiento: alrededor de 7 de cada 10 personas;
- Lavado de ropa: alrededor de 7 de cada 10 personas;
- Cocción de alimentos con combustibles y tecnologías limpios: alrededor de 9 de cada 10 personas;
- Refrigeración de alimentos: cerca de 9 de cada 10 personas;
- Iluminación en las viviendas: 97% que equivale al porcentaje de cobertura eléctrica.
Figura 2: Acceso a los servicios de energía en países seleccionados (porcentaje de la población).

Aún existen millones de hogares en América Latina y el Caribe que no cuentan con servicios energéticos. Por tanto, su privación, especialmente en un contexto de crisis sanitaria y económica ocasionados por el COVID-19 (donde el acceso a estos servicios es importante para apaliar los efectos de la crisis), es un factor de diferenciación social que impacta en el desarrollo y en los niveles de pobreza.
En este contexto, el acceso al servicio de conocimiento-comunicación-entretenimiento adquiere particular atención, y pone en relieve la importancia de la electricidad junto con las tecnologías de la información para que las familias puedan realizar actividades de teletrabajo, educación de los niños a distancia y otras actividades requeridas por el confinamiento. No obstante, si se desagrega este indicador considerando solamente el acceso a computador y a una conexión a internet, es preocupante ver que solo el 35 % de los latinoamericanos tienen acceso a este servicio tan fundamental en tiempo de confinamiento ya que muchos de los servicios son prestados en línea.
La brecha de acceso a servicios es heterogénea y frecuentemente está asociada a los grupos de la población más vulnerable. El análisis demuestra que el acceso a estos servicios es mucho menor para hogares indígenas, afrodescendientes, y de ingreso bajo, por lo que son elementos clave a ser incorporados en los programas de acceso que promueva la inclusión social. La ausencia de servicios energéticos puede constituir en este contexto de pandemia una trampa de exclusión y pobreza para estos grupos.
En este camino de proveer mejores servicios energéticos, es clave considerar los elementos de calidad y de asequibilidad, e ir más allá del acceso a la cobertura eléctrica, hacia un enfoque de acceso a los servicios de energía. Este enfoque también debe considerar facilidades de incentivos y de créditos para que la población adquiera las tecnologías y equipos modernos en el hogar. Esto traerá además beneficios adicionales de eficiencia energética, menores costos por el consumo, y menor contaminación en el hogar y, en un contexto de pandemia como el actual, aumentará la inclusión de grupos más vulnerables.

[1] Traducido de su fuente original del inglés al español, tomado de Fell (2017:1)
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