Por Julia Johannsen. 

En un post reciente en este blog, Caridad Araujo reflexionaba sobre la necesidad de “poner al niño en el centro de la ecuación”. A primera vista uno podría preguntarse: ¿No es obvio eso? ¿Quién más podría estar en el centro cuando se trata de la educación y el desarrollo infantil si no es el niño?

Al observar cómo diferentes gobiernos en la región diseñan programas de desarrollo infantil temprano me he podido dar cuenta de un factor que puede amenazar un enfoque centrado en el desarrollo adecuado del niño: la presión pública de la población adulta. Es posible que para satisfacer a esta población, que es la que ejerce el poder electoral hacia los políticos y tomadores de decisión, se pongan motivos productivos y laborales en el centro de la ecuación del desarrollo infantil.

Me explico. Presentada como una política de desarrollo infantil, la creación de un sistema público de centros que brinden servicios de cuidado infantil puede concebir como uno de sus principales objetivos el liberar mano de obra femenina para que participe en el mercado de trabajo. Tal como comentaba Sergio Urzúa recientemente en este mismo espacio, dependiendo del peso relativo que recibe este objetivo, esto puede amenazar la calidad de los programas públicos. Al mismo tiempo, si el enfoque de estos servicios es en el desarrollo adecuado de los niños, entonces la participación laboral de sus madres puede constituirse en un efecto externo deseado y en un factor adicional positivo de los programas de desarrollo infantil temprano.

Este último es el caso en Bolivia. El programa “Crecer Bien para Vivir Bien” fue ratificado por la Asamblea Plurinacional el 30 de mayo de 2012 y está listo para iniciar su ejecución en dos departamentos: Chuquisaca y Potosí. Su objetivo es “mejorar en forma sostenible y con pertinencia cultural el desarrollo cognitivo, socio-emocional y físico de niñas y niños bolivianos, mediante un programa modelo de desarrollo infantil temprano, mejorando el acceso y la calidad de la atención de los niños menores a 4 años”. Este objetivo parte de la legislación vigente en el país, de un enfoque basado en los derechos del niño, y en una concepción de la primera infancia similar a la que Patricia Jara describía en este blog: “los primeros mil días de vida, … una ventana de oportunidad estratégica para contribuir a que los niños y niñas logren condiciones iniciales de desarrollo de alto potencial”.

El programa boliviano prevé la mejora de la calidad del servicio institucionalizado ofrecido en noventa centros infantiles. Además, brindará atención en las comunidades y los domicilios mediante sesenta brigadas móviles que visitarán a los niños y a sus cuidadores para ofrecer servicios de consejería y estimulación temprana y para monitorear el estado de desarrollo de los niños y detectar potenciales rezagos. A estas intervenciones se une el tratamiento temporal de ciertas formas de rezago en sesenta salas de estimulación temprana ubicadas en centros de salud.

Con motivo del inicio de este proyecto, Johnny Vedia, Director General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Deportes afirma que “enfrentamos un gran reto respecto a la falta de estándares de calidad y protocolos de atención integral y de supervisión que sean consistentes a nivel nacional, ya que actualmente cada departamento y municipio gestiona los centros infantiles en su ámbito bajo sus propios protocolos (donde existen). El desarrollo de estos estándares y protocolos constituye el paquete de actividades priorizadas al iniciar este programa nacional innovador, antes de empezar obras de infraestructura, equipamiento o capacitación y contratación de personal”.

Si bien sabemos que las intervenciones en desarrollo infantil temprano son de las políticas públicas más rentables y efectivas en romper el ciclo inter-generacional de la pobreza y promover la igualdad de oportunidades, las evaluaciones de estas políticas indican que aún existen vacíos grandes respecto a aspectos operativos de su implementación. ¿Qué tan efectivas son ciertas modalidades en áreas urbanas en comparación con las rurales? ¿Qué sabemos sobre costo-efectividad de diferentes variaciones en intensidad y frecuencia de las intervenciones (horarios de centros o frecuencia y duración de visitas domiciliarias)? ¿Cuán importante es la calidad del recurso humano y cuáles son los aspectos críticos a tener en cuenta en su formación?

Estos son sólo algunos ejemplos. En un nuevo post esperamos describir la evaluación de impacto experimental que el Ministerio de Salud y Deportes propone para acompañar a este programa. Con la evaluación se busca contestar algunas de estas preguntas antes de llevar el programa a una escala mayor.

Julia Johannsen es especialista en protección social en las oficinas del BID en Bolivia. Su trabajo se centra en el diseño y la supervisión de los programas de transferencias condicionadas, salud materno-infantil y desarrollo infantil temprano.

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