*Por Camila Barrios
La pobreza ha sido un tema recurrente en las agendas de los diferentes gobiernos. En Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos explicó que en su primera legislatura la población que vivía por debajo de los límites de la pobreza extrema pasó de componer el 13,5% de la sociedad al 8,4%.Eso, implica un descenso de 5,1 puntos porcentuales.
Sin embargo, hay un riesgo en ver a asociados a la situación de pobreza, como la segregación espacial, la polarización de la pobreza y creación de nodos de vulnerabilidad. En esa medida, catalogar a una familia como pobre dentro de una ciudad sin hacer un seguimiento constante a su situación no tiene validez, ni permite entender plenamente sus características individuales y colectivas.
En Colombia, por ejemplo, el crecimiento de los asentamientos informales mantiene ribetes propios, que se suman en los procesos hacia centros urbanos de la segunda mitad del siglo XX. Este fenómeno se potencia desde la década de los sesenta con el inicio del Conflicto Armado del país, llevando a un desplazamiento forzoso que durante el 2013 reportó que, solo en 2013, hubo 157 mil casos según estimaciones del IDMC.
El principal problema, más allá del tránsito de personas desde áreas rurales hacia áreas urbanas, es que las ciudades no estaban preparadas para recibir el flujo de personas de la época. La respuesta, entonces, fue tardía, generando que la ubicación de las familias se diera sobre zonas informales, periféricas y alejadas del centro de la ciudad.
El desplazamiento interno es una de las explicaciones al síntoma que se vive en las urbes colombianas: segmentación y accesos a ciudades diferenciadas por la lógica del mercado aplicada al suelo. Son áreas urbanas donde el foco se aleja del desarrollo integral de quienes las habitan y donde los asentamientos son el retrato de esta desigualdad y espacios de concentración de pobreza y vulneración, detrás de viviendas de material ligero y pobladas por personas que no logran desenvolverse en plenitud.
Actualmente, las políticas realizadas en torno al tema surgen a raíz de cuantificar la pobreza a partir de los ingresos con los que cuenta una familia. Si bien la medición de esta situación en el país ha sido aplaudida a nivel internacional, las decisiones aún se fundan en solo una dimensión. En el caso de Colombia, se considera que una familia no se encuentra en situación de pobreza si tiene un ingreso mensual de 452,33 USD, según información basada en la línea de pobreza por indicadores de ingresos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Si bien este indicador permite comprender la capacidad adquisitiva de una familia, cuando se habla de pobreza de carácter urbano se debe evaluar el entorno en el que se vive a partir de una aproximación holística, puesto que de ese modo es posible determinar el nivel de vida que puede tener una persona.
El dato resulta insuficiente para analizar cómo el desarrollo urbano posibilita o restringe el crecimiento en un entorno que garantice el acceso de calidad a servicios públicos, equipamientos, mobiliario urbano, espacio público, entre otros elementos. Esto, a menos de que dicho análisis se someta una vez más a la variación del ingreso y a la capacidad de distintos actores de generar una demanda acorde a este tipo de oferta.
Bajo esta premisa, el estudio de la pobreza urbana plantea la necesidad de evaluar en dónde se localizan las personas en función de su nivel de ingresos y cómo se genera suelo para vivienda bajo la lógica del mercado y la regulación del Estado.
Dentro de su análisis de la pobreza, el DANE considera que las Necesidades Básicas Insatisfechas nos permiten determinar las carencias y necesidades de las familias. Específicamente, se busca determinar la calidad de las viviendas, viviendas con hacinamiento crítico, servicios inadecuados, alta dependencia económica, entre otros. A partir de estos datos, en Bogotá, las localidades periféricas se consolidan como las más críticas, como se observa en el mapa.
En comparación con otros países, la medición de pobreza en Colombia es considerada acertada. Desde una mirada oficial, constantemente se rectifica que las estructuras, viviendas y zonas se encuentren en buen estado. De esta forma se omite que las ciudades están teniendo crecimientos exponenciales y espontáneos, que no necesariamente responden a la lógica del desplazamiento como factor primordial, pero que siguen manteniendo a las ciudades divididas, con análisis estadísticos que no se corresponden con su aplicación en la política pública.
De esta manera, la solución a la pobreza y las manifestaciones sobre su alza y disminución no deben ser desvalidadas, pero si revisadas. Más allá de la resignificación de este problema, es importante considerar si las tendencias que se exhiben en la opinión pública son suficientes para comprender la complejidad de sus variables, para que los distintos sectores puedan no solo entenderlas sino que a partir de eso generen soluciones integrales a nivel urbano y humano, que sean coherentes con el objetivo su superación.
*Camila Barrios es estudiante de Gestión y Desarrollo Urbanos-Ekística y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Actualmente es la Directora del Catastro de Asentamientos Informales en Bogotá de TECHO-Colombia.
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