Por Ben Solís Sosa*
Tal como fue abordado en un artículo anterior, la COVID-19 tuvo un impacto significativo en la demanda de servicios tales como transporte público, energía eléctrica y agua potable. En este último caso, debido a la falta de información en tiempo real, no fue posible analizar a detalle el impacto de la pandemia. Sin embargo, hoy, un año después de su inicio, proponemos un análisis de las principales variables comerciales y financieras de algunas empresas de la región, con el objetivo de centrar la atención en los problemas que se han generado y explorar alternativas de política pública para su solución.
Los servicios de agua potable y saneamiento han sido siempre considerados de interés económico general: son imprescindibles para las actividades del ser humano y su acceso adecuado reduce significativamente la incidencia de enfermedades infecciosas. Su relevancia escaló a un mayor nivel en el contexto de la pandemia de la COVID-19, debido a que se requiere un lavado de manos de mayor duración y con mayor frecuencia a fin de reducir la probabilidad de contagio de las personas.
Efecto en la demanda y los ingresos de las empresas
Como respuesta a la pandemia, los países implementaron –con mayor o menor intensidad— medidas de confinamiento y restricción a la movilidad de las personas. Esto implicó cierres totales o parciales de establecimientos comerciales y la reducción de la actividad industrial. Asimismo, se priorizó el trabajo remoto, cuando este fuera posible. Como consecuencia de lo anteriormente descrito y del incremento en los hábitos de higiene, es esperable que el volumen facturado residencial se haya incrementado, mientras que los metros cúbicos vendidos a comercios e industrias se hayan reducido. El efecto neto en la demanda total dependerá de cada país. Por ejemplo, como puede verse en el siguiente gráfico, la demanda agregada de agua potable cayó en 6% en Santiago de Chile, mientras que se incrementó en 4% y 3% en Lima y Sao Paulo, respectivamente.
Ante los distintos de efectos en la demanda de agua, cabe preguntarse cuál ha sido el impacto en los ingresos de las empresas prestadoras. Como puede verse en el siguiente cuadro, la pandemia ha significado una reducción que oscila entre 3% y 4% en los ingresos por ventas de las empresas seleccionadas, acumulados al tercer trimestre.
Ingresos por ventas (en unidades corrientes de moneda nacional)
La explicación de esta reducción en los ingresos incluso cuando, como vimos anteriormente, la demanda agregada de metros cúbicos se ha incrementado, radica en el cambio en la composición del volumen facturado y las tarifas diferenciadas por tipo de usuario.
Como puede verse en el siguiente gráfico, tanto en Lima como en Bogotá el consumo residencial se incrementó, pero el no residencial cayó en 16% y 42%, respectivamente. Es decir, las empresas de agua registrarían menores ingresos debido al importante efecto de la caída de la demanda de usuarios no residenciales que, en promedio, pagan una mayor tarifa por metro cúbico que los usuarios residenciales.
Efecto de la COVID-19 en la facturación por tipo de demanda
Adicionalmente a la caída en los ingresos facturados, debe mencionarse que las empresas también registran una disminución en la cobranza. La primera explicación es, sin duda, la dificultad de muchos hogares de pagar las facturas ante el incremento en el desempleo como consecuencia de la desaceleración económica. Sin embargo, también contribuyen a ello las políticas de reprogramación impulsadas en las empresas de agua, a fin de que los hogares puedan pagar sus facturas en cuotas durante el periodo de pandemia. Esta medida, aunque alivia la situación de los hogares, resta inevitablemente liquidez a las empresas de agua.
Efecto en los costos de las empresas
Existen múltiples motivos por los cuales es esperable observar un incremento en los costos de las empresas de agua. En primer lugar, como sucede en el resto de empresas de otros sectores de la economía, las restricciones y protocolos impuestos por los gobiernos implican incurrir en costos adicionales tales como la compra de pruebas de detección, equipos de protección personal, materiales de desinfección, entre otros. En el caso de las empresas de agua, estas nunca detuvieron su actividad y la posibilidad de hacer teletrabajo es limitada en labores operativas. Destacan también la entrega de agua a través de camiones cisternas a zonas no abastecidas por la empresa (Sedapal), la donación de canastas de alimentos básicos en el contexto del COVID-19 (SABESP) y el incremento en el costo de seguros (Acueducto), entre otros.
Como puede verse en el siguiente cuadro, las empresas de agua de Lima, Sao Paulo y Santiago han registrado incrementos en sus costos totales (es decir los costos de ventas y gastos administrativos) de 3%, 11 y 13%, respectivamente. Solo para la empresa de Bogotá se observa una reducción de los costos totales de 2%. En este caso particular, el incremento en los costos de ventas (1,7%) fue contrarrestado por una reducción en los gastos de administración y depreciaciones (-14%).
Costos totales de prestación (en unidades corrientes de moneda nacional)
Comentarios finales
A un año de iniciada la pandemia, resulta innegable el rol fundamental de los servicios de agua y saneamiento en la lucha contra la propagación de la COVID-19. En particular, como ha sido recogido por un documento recientemente publicado por el BID, los prestadores han respondido a esta coyuntura garantizando el derecho al agua y saneamiento mediante distintas estrategias (camiones cisterna, tanques elevados, interconexión para redundancia en distribución, etc.). Los esfuerzos de política deben continuar estando orientados a asegurar que los hogares cuenten con estos servicios en cantidad, calidad y precio adecuados.
Los resultados han mostrado un deterioro en la situación financiera de las empresas de agua como consecuencia de la pandemia. Ante ello, es necesario garantizar que dichas empresas cuenten con suficientes recursos para enfrentar los costos de prestación del servicio. Tales son los casos de Perú, donde las empresas han recibido transferencias excepcionales por parte del gobierno o Colombia donde se incrementaron las necesidades de transferencias municipales para cubrir el déficit originado por los subsidios domésticos.
Ante esta situación de shock externo, imprevisible y fuera del control de las empresas, y considerando la reducción en el espacio fiscal de muchos países, es importante que los gobiernos evalúen los mejores instrumentos regulatorios a su disposición (tarifas, préstamos, compromisos de inversión, estándares de calidad) a fin de reestablecer el equilibrio económico financiero de las empresas (y prestadores de menor tamaño) sin afectar la calidad del servicio.
Para saber más sobre el futuro de los servicios de infraestructura en América Latina y el Caribe, consulte nuestra publicación insignia aquí.
*Ben Solís es consultor del Sector de Infraestructura y Energía del BID. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Competencia y Regulación de Mercados por la Barcelona Graduate School of Economics. Ha trabajado previamente en las áreas de regulación tarifaria y estudios económicos de los organismos reguladores de agua potable, saneamiento y energía en Perú.
Otros factores a tomar en cuenta son el retiro temporal de personal vulnerable, así como la menor intermitencia en el servicio, que puede incrementar el volumen perdido en fugas activas. En México se sumó al efecto de incrementos en tarifas eléctricas, la reducción en subsidios federales y, en algunas regiones, el impacto de la sequía. Puede ser una oportunidad para establecer nuevas reglas de soporte financiero que induzcan mejores condiciones de gobernanza, procesos de control internos y regulación del desempeño.