Por Germán Sturzenegger y Diana M. Rodríguez del equpo de @BIDagua
El Congreso de Chile aprobó recientemente una innovadora Ley de fomento al reciclaje que establece, en pocas palabras, que “el que contamina paga”. Sustentando en este principio, la norma introduce el concepto de responsabilidad extendida del productor, que obliga a productores e importadores a internalizar los costos asociadas al manejo de los residuos generados por los productos que ponen en el mercado.
Se espera que con esta ley Chile incremente significativamente su tasa de reciclaje. Actualmente el país registra una tasa de 10% de reciclaje, lo cual está por debajo del promedio regional del 14%. La normativa incentiva el reciclaje a través de dos mecanismos principales:
i) la definición de metas de recolección y valorización de residuos; y
ii) la promoción del eco-diseño y el etiquetado responsable.
Bajo esta nueva ley, los productos que usen menos materia prima y que sean más fácilmente reciclables, es decir, que incluyan el eco-diseño, podrán identificarse con etiquetados especiales que brinden información al consumidor sobre su nivel de amigabilidad con el medio ambiente.
Otro aspecto importante de la ley es el reconocimiento del rol de los recicladores de base como actores de la gestión de residuos sólidos. Se estima que en Chile hay 60.000 recicladores de base trabajando en la separación y clasificación de residuos reciclables, quienes ahora podrán prestar servicios de gestión de residuos a productores e importadores. Este reconocimiento confirma una tendencia creciente en la región sobre las potencialidades de las organizaciones de recicladores como prestadores de servicios.
Chile da de esta forma un gran paso hacia nuevos paradigmas de gestión de residuos sólidos. Los diferentes actores se distribuyen las responsabilidades del sector sobre la base de un principio muy simple: el que contamina paga.
La Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) es un programa puesto en marcha en 2011 por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Coca-Cola Latinoamérica, Fundación Avina, la Red Latinoamericana de Recicladores (Red-LACRE) y PepsiCo Latinoamérica, con el objetivo de fomentar la integración de los recicladores informales en América Latina y el Caribe al mercado formal del reciclaje.
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