Los objetivos de desarrollo sostenible post-2015, propuestos por las Naciones Unidas, plantean varias metas. Entre éstas la meta 16.9 indica que “para el año 2030 todas las personas contarán con una identidad legal”, incluyendo un registro de nacimiento; meta que para los países de América Latina y el Caribe puede ser alcanzable si se utilizan los mecanismos adecuados para brindar una identificación legal a todos y todas.
Nuestra región, ha realizado grandes avances para identificar a su población, en los últimos años. Hoy en día se estima que la tasa de subregistro es del 8%, afectando en su gran mayoría a los hogares rurales con bajos niveles de ingreso.
Varios países han implementado distintas estrategias para llegar a este grupo de población indocumentada. Como ejemplos se pueden mencionar la incorporación de oficinas de registro civil en centros hospitalarios, oficinas móviles en centros educativos, brigadas móviles hacia zonas lejanas, y campañas de comunicación y concientización. Estos esfuerzos han formado parte de las propuestas enfocadas en ampliar la cobertura de servicios hacia la ciudadanía; que sin duda han permitido que la región, en un lapso de 10 años, haya disminuido la tasa de subregistro en un 10%.
El registro de nacimientos posee costos directos e indirectos que varían de acuerdo a las condiciones sociales, geográficas y económicas. Por ejemplo cuando las oficinas registrales se encuentran en zonas cercanas, los ciudadanos cubren estos costos y registran a sus hijos. Sin embargo, cuando las oficinas se encuentran distantes y alejadas y los recursos son limitados, el registro de personas deja de ser prioritario para una familia que requiere cubrir otras necesidades.
Este escenario se evidencia en países que poseen una importante población rural. UNICEF, en su publicación “Registro de nacimiento e infancia” señala que para familias en situación de pobreza o vulnerabilidad costear el registro de nacimiento es muy difícil. En este estudio se cita el caso de Paraguay, donde se ha estimado que la expedición del certificado de nacimiento para una familia que vive en una zona rural, puede llegar a costar $28 dólares lo que implica el 14% del salario básico. Por otra parte, en un análisis realizado por el BID en el 2007 sobre el subregistro de nacimientos, se logró estimar que los costos asociados del proceso de registro civil y obtención de documentos de identidad puede constituir un obstáculo para que las personas en situación de pobreza accedan a una documentación. En este estudio se estimó que en ciertas circunstancias las personas deben destinar entre un 18% – 20 % de su ingreso mensual para obtener su documento; y esto, en su mayoría, no se debe a los costos operativos o de emisión del documento, si no a los costos asociados para la obtención del mismo.
Situaciones como estas han llevado a que países como Perú, Ecuador, Nicaragua, entre otros, impulsen iniciativas para acercar los servicios registrales a la población. En estos casos ha sido la institución que ha asumido dichos costos, incluyendo en su planificación presupuestaria una asignación para llegar a la zona de los invisibilizados. Este tipo de inversiones permitirá que los niños, niñas, adolescentes y adultos dejen de ser excluidos y accedan a sus derechos.
Con todo, también se necesita que estos servicios sean sostenibles para continuar haciendo visibles a los invisibles. Es así que hoy se requiere de iniciativas e ideas innovadoras que puedan fortalecer los esfuerzos institucionales para identificar y reportar de manera eficiente y efectiva a los no visibles; y así dar una identificación legal a la población más vulnerable y alcanzar la meta 16.9.
En las próximas entregas estaremos presentando las iniciativas y prácticas innovadoras que los países de la región están impulsando; y destacaremos los esfuerzos institucionales y las estrategias implementadas para reducir el subregistro.
Sobre las autoras
Florencia Serale trabaja como consultora en temas de identificación y gobierno abierto en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. Es Argentina, egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde se graduó de Licenciada en Economía. Actualmente, se encuentra preparando su tesis de Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UDESA). Florencia se desempeñó como Asistente de Investigación y posteriormente como Analista de Operaciones en la Representación del BID en la Argentina, donde trabajó durante cinco años en el diseño y ejecución de proyectos de gestión pública subnacional, desarrollo urbano y áreas metropolitanas, entre otros. Sigue a Florencia en Twitter @florserale
Estefania Calderón es consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y colabora en la División de Capacidad Institucional de Estado. Tiene más de 8 años de experiencia en temas relacionados al análisis de políticas públicas, acceso a la identidad legal, y diseño y evaluación de programas de desarrollo. Antes de unirse al Banco, trabajó como asesora técnica en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en Ecuador. Es Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Así también posee una especialización en Género, Violencia y Justica de la FLACSO. Sigue a Estefania en Twitter @esteficalderon
Deja un comentario