De cara a las nuevas metas de desarrollo post-2015 todavía hay países en América Latina y el Caribe sin registro universal de nacimientos. Muchos individuos corren el riesgo de quedar excluidos de sus derechos y necesidades sociales, económicas y políticas por falta de documentos de identidad.
Al mismo tiempo esta situación induce debilidades en la gobernanza y dificulta la toma de decisiones en el sector público por falta de información demográfica precisa.
El buen funcionamiento del registro civil es un área primordial para una sociedad desarrollada, y el primer paso para una gestión de la identidad fluida y segura. Por gestión de la identidad se entiende la combinación de sistemas, reglas y procedimientos que define el acuerdo entre individuos y organizaciones respecto de la titularidad, del uso y de la protección de la información personal.
En la última década los países en la región han hecho esfuerzos considerables por reducir la tasa de subregistros de nacimientos. En 2000 estaba en más de 20 por ciento, hoy día está calculado en menos de 10 por ciento, en promedio. Para que América Latina y el Caribe alcance los estándares de países más desarrollados, es urgente atender los problemas estructurales detrás del sub registro o el registro tardío.
Hasta la fecha se desconoce las tasas reales de sub-registro y el registro tardío/extemporáneo de la región. La información es deficitaria, pero lo cierto es que tanto en los programas sociales y asistenciales como en la gestión cotidiana los registros civiles atienden muchas personas de todas edades sin documentos de identidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recientemente publicó un informe señalando que del 2000 a 2012 la población en condiciones de pobreza había bajado de 41,7 por ciento a 25,3 por ciento en la región. Los países con la mayor reducción en el índice pobreza fueron aquellos que más ha hecho para lograr el registro universal de su población, como Perú y Bolivia.
Los datos que salen de la región son alentadores, pero aún hay camino por correr para alcanzar el registro universal. De cara al futuro y la interoperabilidad en la región es importante tomar en consideración una gestión de la identidad que refleja la aplicación de estándares internacionales, homogenizar los procedimientos de registros, y la estandarización operativa de registros civiles.
Para lograr una gestión de la identidad impecable y segura en favor del bienestar del ciudadano y la buena gobernanza, los países deben desarrollar políticas nacionales basadas en 6 pasos.
- Revisar y consolidar procesos legales y jurídicos del registro civil e identificación
- Armonizar la comunicación institucional y mejorar la coordinación entre las instituciones del estado
- Estandarización de los procesos y procedimientos registrales y evitar duplicaciones
- Utilización de números únicos y/o biometría para inter-operar entre bases de datos con el objetivo de verificar identidades
- Maximizar el uso de tecnología para reducir los procesos de tiempo de esperar y eficiencia de transacciones, turnos y pagos
- Campaña de concientización al público sobre la importancia de la identidad única, legal y segura
Estos 6 pasos no necesariamente llevarán a América Latina y el Caribe a superar sus desafíos económicos y sociales. Pero por lo menos los problemas, y las necesidades de la población, serán mucho más transparentes para aquellos que tienen que formular las políticas. Y eso es una base importante para cumplir las metas de desarrollo post-2015.
Me parece muy interesante los planteamientos para avanzar en la solución a los trámites de Identidad en América Latina. Sin embargo, en los 6 pasos que se plantea se igonora uno que es muy fundamental en nuestros países y es el referido al costo de todo este trámite. La mayoria de las familias que carecen de un documento de identidad, obedece no necesariamente a la ausencia de oficinas de registros, campañas de concientización o coordinación interinstitucional, sino a la escasés de recursos económicos para pagar estos trámites, aspecto que esta relacionado al ingreso familiar y por tanto a la disponibilidad del empleo que existe en nuestros países.