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Cuatro lecciones sobre la automatización en el sector público

Cuatro lecciones sobre la automatización en el sector público a partir de una encuesta a más de 9.000 funcionarios de la región

3 August, 2021 por Benjamin Roseth - Javier Fuenzalida - Francisco Suárez - Rodrigo Salas 2 Comentarios


Supongamos que los gobiernos deciden abrazar la transformación digital. Como decisión estratégica, eso está muy bien. Pero una verdadera transformación va mucho más allá de decidir. Hay que hacer. ¿Quiénes hacen la transformación? Los funcionarios públicos. ¿están listos los funcionarios públicos para semejante cambio?  

La transformación digital y la automatización del sector público

La pregunta es relevante porque la transformación digital crea nuevas funciones, transforma otras y hasta torna innecesarias algunas. Los estudios más apocalípticos sobre el impacto de la automatización en el mercado laboral (por ejemplo, Frey y Osborne, 2017), sugieren que varios puestos de trabajo en el sector público serían sustituidos por máquinas. Sin embargo, hasta hace poco, no teníamos siquiera estimaciones del efecto de la automatización sobre las ocupaciones que se ejercen en el Estado. Más lejos aún estábamos de conocer cómo el sector público debía prepararse proactivamente frente a este impacto. Con la ola creciente de iniciativas de transformación digital alrededor de América Latina y el Caribe (ALC), esta cuestión se volvió urgente.

Como se describe en el nuevo libro del BID, “Transformación Digital y Empleo Público: el Futuro del Trabajo del Gobierno”, hemos diseñado un nuevo instrumento para medir cuán susceptible son los empleos del sector público a la automatización. Se trata del Índice de Potencial de Automatización (IPA), que se elabora a partir de una encuesta a funcionarios centrada en tres dimensiones:

  • Lo que hacen las personas en el ejercicio de su trabajo – en particular, cuánto tiempo dedican a tareas que son consideradas “cuellos de botella” para la automatización;
  • El nivel de “rutinización” de sus ocupaciones;
  • El nivel de educación que requieren esas ocupaciones.

Complementariamente, la encuesta incluyó una serie de actitudes, competencias y percepciones de funcionarios relativas a la transformación digital. Esto, con el propósito de tener un mejor conocimiento de las estrategias que deben ser seguidas frente a eventuales transformaciones del empleo público debido a la automatización.

La encuesta fue aplicada a 9.306 funcionarios de 65 instituciones del gobierno chileno en enero del año 2020. Este proyecto fue una alianza entre el BID, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile.

Aquí les contamos lo que aprendimos.

Cuatro lecciones sobre la automatización del trabajo en el sector público

1. Aunque existe margen para automatizar ocupaciones en el sector público, este no es tan grande como uno supondría

Es fácil caer en la caricatura común del funcionario timbrando montañas de papeles y pensar que todo el trabajo de los servidores públicos es monótono, rutinario y repetitivo: atributos que lo hacen particularmente automatizable. Pero esa percepción ignora que la gran mayoría de las ocupaciones del sector público son, de hecho, un trabajo bastante cualificado. 

La encuesta confirma esta idea, ya que sus resultados sugieren que, si bien casi todos los funcionarios tienen ocupaciones con cierto margen de automatización, relativamente pocos (el 6,4%) tienen trabajos altamente automatizables (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 Niveles del Índice de Potencial de Automatización (IPA)

Esto permite abordar con mayor precisión una de las consecuencias de la transformación digital en el empleo público señalada al inicio de este artículo: no es realista aspirar a la automatización de la gran mayoría de los puestos de trabajo del sector público. Se trata más bien de modificaciones a estas ocupaciones, y no tanto de su eliminación.

2. La gran mayoría de los funcionarios tienen actitudes bastante favorables a la transformación digital

Dado que casi todos los trabajos del sector público son en algún grado automatizables, surge la pregunta: ¿qué tan preparados están los funcionarios para esta transformación? A este respecto, los resultados de la encuesta aportan algunas buenas noticias. La gran mayoría de los servidores públicos están dispuestos a cambiar sus tareas laborales y tienen actitudes positivas hacia la tecnología, así como una buena motivación laboral y competencias favorables hacia la tecnología (ver gráfico 2). También se sienten motivados, comprometidos y satisfechos en su trabajo. Todo esto sugiere cierta flexibilidad y predisposición favorable por parte de los funcionarios respecto de los cambios que podría suponer la transformación digital.

Gráfico 2 Actitudes hacia la transformación digital

3. La capacitación es un reto grande

Si la transformación digital cambia las ocupaciones en el sector público, ¿cómo se adaptan los funcionarios a esta nueva realidad? La respuesta a esa pregunta se resume en una palabra: capacitación. Sea en sus puestos actuales o en otros nuevos, es altamente probable que en el futuro muchísimos servidores públicos tengan que aprender a realizar labores diferentes que tendrán algún vínculo con la tecnología.

En este frente, la encuesta arrojó una realidad menos promisoria. Aunque el 64% de los funcionarios reportó recibir algún tipo de capacitación en el último año, solo el 25% recibió capacitación relacionada con tecnología. Además, un 46% de los encuestados señaló que ha sido suficiente la capacitación recibida cuando sus instituciones han implementado cambios tecnológicos.

4. Los funcionarios con ocupaciones más automatizables tienden a estar menos preparados para la transformación digital

Prácticamente en todos los temas abordados por la encuesta –actitudes laborales, disposición al cambio y acceso a la capacitación– hay un patrón claro: quienes ejercen las ocupaciones con mayor potencial de automatización presentan resultados menos favorables para la transformación digital.

Es decir, cuanto más automatizable sea el puesto de trabajo, el funcionario que lo ocupa está menos motivado para cambiar de tareas, tiene peores percepciones del liderazgo de sus supervisores, y ha accedido menos a instancias de capacitación.

¿Quiénes se encuentran en esta situación tan preocupante? Los funcionarios de menor nivel jerárquico. Probablemente esto no nos debería sorprender, pues las ocupaciones basadas en el papel –que son las primeras en ser eliminadas como consecuencia de las iniciativas de transformación digital– suelen concentrarse en menores niveles jerárquicos. Esta caracterización proporciona un grupo prioritario hacia el que deberían apuntar los esfuerzos de capacitación y gestión del cambio necesarios para la transformación digital. 

Las lecciones sobre la automatización en el sector público son clave para poder prepararse proactivamente frente a este impacto, ya que la ola creciente de iniciativas de transformación digital que han surgido en América Latina y el Caribe se volvió urgente y está aquí para quedarse.

Para saber más sobre las implicaciones de la automatización para el trabajo del sector público, te invitamos a leer “Transformación Digital y Empleo Público: el Futuro del Trabajo del Gobierno”.


Archivado Bajo:Gobernarte, Gobierno Digital Etiquetado con:empleados públicos, funcionarios públicos, gobierno digital, transofrmación digital

Benjamin Roseth

Benjamin Roseth is a Senior Specialist in Modernization of the State at the Inter-American Development Bank. He coordinates analytical work for the Digital Cluster of the Innovation in Citizen Services Division, including impact evaluations and other quantitative and qualitative research. Previously, as a Young Professional at the IDB, he worked in the Office of Evaluation and Oversight. Prior to the IDB, he was a strategy consultant at Deloitte and a Junior Associate in the Public Management Unit of the World Bank. He holds an M.A. in International Relations with a specialization in Economic Development from Columbia University, a B.A. in International Relations from Tufts University and a B.A. in Music from the New England Conservatory. He is from Seattle, USA.

Javier Fuenzalida

Javier Fuenzalida es profesor asistente del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Además, es investigador postdoctoral en la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford (Reino Unido) e investigador adjunto del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Posee un doctorado en Administración Pública de la Universidad de Rutgers (EE.UU.), así como una maestría en Gestión y Políticas Públicas y una licenciatura en Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile.

Francisco Suárez

Francisco Suárez, ciudadano de Chile, cuenta con una licenciatura en Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile. Es Consultor Asociado del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

Rodrigo Salas

Rodrigo Salas es Administrador Público de la Universidad de Chile. Master en Social Research Methods (Soc. Policy) por la London School of Economics (LSE) y Magíster en Economía Financiera por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente se encuentra cursando Doctorado en Sistemas de Ingeniería en la Universidad de Chile. En su carrera profesional se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y como Coordinador en Evaluaciones de Programas en Seguridad Ciudadana para la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de Chile. Se ha desempeñado como se desempeñó como Jefe del Departamento de Estudios de la División de Planificación, Estudios e Inversiones del Ministerio de Planificación y Cooperación (2007), Subdirector de Procesos y Soporte del Fondo de Solidaridad e Inversión Social del Ministerio de Planificación y Cooperación (2008-2011) y como Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile . Además ha desarrollado numerosos estudios, evaluaciones y consultorías en materia de políticas públicas, seguridad ciudadana y programas sociales.

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Comments

  1. Hugo Cáceres dice

    30 August, 2021 at 11:38 am

    Amigos autores de la nota
    Entendible y necesario el tratamiento del tema en general
    Vean de profundizar el análisis de viabilidad para el caso argentino, porque es importante responder las 2 preguntas centrales en relación al valor agregado público, dado las características observables por ineficacia, ineficiencia e inequidad de nuestro sector público nacional, provincial y municipal que muestra intentos fallidos de modernización digital
    Gracias por la atención
    Saludos. Hugo Cáceres
    Posadas, Misiones, Argentina

    Reply
  2. EDISON EDUARDO ESTRELLA ROSERO dice

    30 August, 2021 at 12:10 pm

    Interesante la información, creo que estaría bien la encuesta, pero si preguntamos a las personas en funciones el resultado estaría sesgado a lo que los empleados sugieren o creen es lo mejor.
    Creo es necesario revisar el diseño de los procesos y calificar los que sean necesarios digitalizar pues el usuario de los servicios hace gran parte de las operaciones cuando utiliza los procesos digitalizados, aunque en varias acciones son negativos. Ejemplo pague el Impuesto Predial en un Banco Privado calificado para recibir el ingreso, ha pasado varias semanas y sigue con la deuda pendiente, no hay forma de hacer el reclamo a pesar del recibo de ingreso del banco y no puedo hacer uso de otros servicios relacionado.
    El DISEÑO es fundamental y existen criterios técnicos definidos como el Marco Integrado de Control Interno formulado a nivel internacional por la Fundación COSO que muchos países han tomado como referencia, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador y muchos más, sobre todo para disponer de información oportuna y completa para la toma de decisiones y el control de los organismos encargados, lo más cerca de las operaciones.
    La CGE en Ecuador programa acciones de control a los últimos 7 años por la caducidad que es un criterio legal, cuando lo técnico establece no más de dos años atrás, como puede ayudar la digital para hacerlo a tiempo? La mayoría de servidores son abogados o cuasi abogados y quieren que todo lo que se haga en el sector público debe estar normado en una ley y por eso la burocratización. Empezar con el rediseño legal, no es posible en estas circunstancias la digitalización.
    Mi opinión es más general, pero expongo lo de Ecuador. El BID otorgo un préstamo reembolsable para Fortalecer el Sistema de Control a la CGE, hace años el resultado es contrario ha ido hacia atrás y los dos CGE´s han huido uno y otro está procesado. Es una pena, pero una realidad. Hace unos dos años hice la denuncia al BID, pero dijeron que no había condiciones para a investigación, tres licitaciones declaradas desiertas sin motivo para mi es y era causa suficiente para revisar la ejecución del Proyecto, las influencias políticas seguramente son la causa. Buen día, buen aporte inicial, pero hace falta más.

    Reply

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