La informalidad laboral y el desastre de las pensiones

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Durante dos décadas, a partir de los años noventa, los países de América Latina y el Caribe se enzarzaron en un debate a propósito de cuál sería el tipo de sistema de pensión que mejor proveería para los ciudadanos jubilados. Se preveía que las poblaciones envejecerían rápidamente. Los presupuestos eran ajustados y las tasas de ahorro privado y nacional eran bajas. Había que encontrar una manera de garantizar las jubilaciones a la vez que se aumentaba el ahorro y se dejaba espacio para otros gastos del gobierno.

Había quienes pensaron que los países deberían conservar los sistemas tradicionales de reparto en los que las jubilaciones se pagan con las contribuciones actuales de la población trabajadora, más joven. Otros pensaban que debían adoptar los sistemas de capitalización individual basados en las contribuciones de las personas, más un retorno del mercado. El debate, que situaba los sistemas gestionados por el Estado frente a los sistemas dependientes del mercado, fue feroz y estuvo cargado de elementos ideológicos. También fue lamentablemente inadecuado.

Fundamentalmente, ignoró la realidad de los mercados laborales de la región, un punto que destaca la edición de 2016 de la serie de publicaciones insignias del BID, Desarrollo en las Américas, titulado Ahorrar para desarrollarse: Cómo América Latina y el Caribe puede ahorrar más y mejor.

Para empezar, los dos sistemas padecían de una falta de inclusión. Más de la mitad de la fuerza laboral en la región está empleada informalmente. Como consecuencia, no contribuyen a las pensiones. En los tres deciles más bajos de la distribución del ingreso, esa cifra llega hasta el 90%-95%. Los sistemas también son regresivos. Si un trabajador tiene la mala suerte de tener un historial laboral inestable, marcado por períodos de empleo formal e informal (y, en ciertos momentos, desempleado), se le negará una pensión en la mayoría de los sistemas de reparto. Se requiere un mínimo de años de pago de cotizaciones, y en Colombia, para citar un ejemplo, hasta el 65% de los contribuyentes no cumple con este principio. Estas personas no sólo acaban sin tener una pensión; lo hacen después de haber subsidiado a otros trabajadores más afortunados y acomodados a lo largo de sus carreras.

Los sistemas basados en las cuentas individuales no han funcionado como se esperaba. Numerosos países, entre ellos México, Perú y Chile, han vivido la transición a estos sistemas desde los años ochenta. Pero no están en mejores condiciones para tratar con la realidad de un empleo informal muy extendido. Estos nuevos sistemas se fundaron en las mismas bases inestables y han acabado produciendo resultados similares, a saber, cobertura insuficiente y ahorros insuficientes para la jubilación.

Hacia principios de la década del 2000, en numerosos países de la región era evidente que ninguno de los dos sistemas funcionaba realmente y que un gran número de personas estaba llegando a una edad avanzada en condiciones de pobreza. Por esto, se llevó a cabo otro intento para lidiar con las fallas de los sistemas. Éste se produjo bajo la forma de pensiones financiadas por el Estado, que proveía a numerosos jubilados en dificultades, independientemente de los pagos anteriores. Estas presiones, denominadas inadecuadamente no contributivas (porque al final alguien tiene que pagar) se han vuelto endémicas en la región.

Actualmente, aproximadamente una tercera parte de la cobertura en la región es “no contributiva” y se ha ayudado a millones de personas. Sin embargo, son escasos los beneficios, que oscilan entre el 5%-7% del ingreso per cápita en Colombia y México, hasta aproximadamente el 30% del ingreso per cápita en Brasil y Argentina. Los programas pueden ser caros y llegar a representar hasta el 1% del PIB. Además, empeora el problema del gasto fiscal que supuestamente debía resolver el sistema de cuentas individuales. También pueden desincentivar el ahorro y las transferencias dentro de la familia. ¿Por qué deberían ahorrar las personas para su jubilación cuando saben que el gobierno proveerá para ellos independientemente de que hayan ahorrado o no?

América Latina y el Caribe está entrando en un período de grandes transiciones demográficas; hacia finales de siglo, en la región habrá proporcionalmente más personas en edad avanzada que en Europa. Sin embargo, los sistemas de pensión de la región siguen estando a años luz de lo que se requiere para abordar los retos sociales y demográficos en el futuro. No proporcionan una red de protección lo bastante amplia para las personas en edad avanzada y no permiten a los gobiernos ahorrar lo suficiente para invertir en salud, educación e infraestructura de maneras que aumenten la productividad y reduzcan la desigualdad. La solución de los sistemas de pensiones requerirá mucho más que un simple ajuste. Exigirá cambios estructurales, empezando por la necesidad de abordar el problema de la informalidad laboral y sus desastrosas consecuencias. Al fin y al cabo, no importa realmente cuán atractivo parezca el sistema de pensiones en el papel si los fundamentos sobre los que descansa —el mercado laboral—no están preparados para servir de soporte.

 

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El Autor

Santiago Levy

Santiago Levy

El economista mexicano Santiago Levy ingresó al BID en 2007 como gerente general y economista jefe del Departamento de Investigación. Actualmente es vicepresidente de sectores y conocimiento. Antes de ingresar al BID, fue director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) desde diciembre de 2000 a octubre de 2005. Bajo su mandato, promovió cambios en la Acta de Seguridad Social para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del IMSS, además de generar reservas a largo plazo. De 1994 hasta 2000, Levy sirvió al gobierno mexicano como viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, convirtiéndose en el arquitecto principal del conocido programa social Progresa-Oportunidades que beneficia a los pobres. Levy gestionó los ajustes presupuestarios durante la crisis económica de 1994-95 y la caída de precios del petróleo en 1998. Anteriormente fue presidente de la Comisión Federal de Competencia de México y director del Programa de Desregulación Económica en el Ministerio de Promoción Comercial e Industrial. Levy posee un doctorado en economía y una maestría en economía política de la Universidad de Boston, además de un post doctorado honorífico de la Universidad Cambridge. Ha sido asesor de varios gobiernos y organizaciones internacionales, además de ocupar diversos cargos docentes en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Universidad de Boston, donde fue profesor asociado y director del Instituto para el Desarrollo Económico. Es autor de por lo menos 75 artículos, monografías y capítulos de libros en temas tan diversos como reducción de la pobreza, competitividad, políticas cambiarias, desequilibrios en las exportaciones, precios, microeconomía y energía. Su trabajo "La pobreza en México" obtuvo en 1992 el Premio Nacional de Investigación en Economía del Banco de México.

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