Transporte eléctrico: ¿qué está haciendo Uruguay?

Uruguay posee un desarrollo destacado en la infraestructura y servicios de transporte y energía.  El BID ha trabajado conjuntamente durante varias décadas en pro de ese desarrollo: en el sector transporte, inicialmente en el financiamiento de la construcción y rehabilitación de carreteras nacionales, la construcción de infraestructura urbana y la ampliación del puerto de Montevideo; más recientemente en la implementación de nuevas tecnologías para gestión del tránsito urbano y la rehabilitación de caminos rurales. A su vez, en el sector energía, el BID ha participado con financiamiento de los nuevos proyectos de generación de energía eólica y por biomasa.

En la última década, Uruguay ha avanzado fuertemente en la transformación de su matriz energética, generando oportunidades para orientarnos, también desde el sector transporte, hacia las energías renovables. En este artículo, el equipo técnico de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay describen la estrategia del país para promover el transporte eléctrico.

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Uruguay ha realizado una transformación estructural en su matriz energética, logrando en apenas 6 años que más del 90% de la energía generada provenga de fuentes renovables. Este logro se sustenta en una política de Estado iniciada en 2010, que con una visión de mediano y largo plazo ha promovido la incorporación tecnológica y la participación privada en la generación de energía, y ha permitido realizar fuertes inversiones en infraestructura, incluyendo la culminación de la interconexión eléctrica internacional. De esta forma Uruguay se sitúa hoy entre los países líderes mundiales en producción de energías de fuentes renovables y ha logrado soberanía, confiabilidad y eficiencia en la generación de energía.

A pesar de esta importante transformación en la generación, el 38% de la demanda total de energía continúa siendo abastecida por derivados de petróleo, y esto se explica en gran parte porque el 68% de la misma corresponde al sector transporte. Avanzar entonces en la electrificación del transporte resulta imprescindible para que el país logre mayor eficiencia sectorial y una mejora ambiental por reducción de emisiones contaminantes; lineamiento estratégico que se encuentra definido en la política energética nacional. Esto es posible porque además de la transformación de la matriz energética a fuentes renovables, el país cuenta con la infraestructura de redes de distribución y transmisión eléctrica adecuada para impulsarse en pro de este objetivo.

En este marco desde el año 2015 el país ha conformado un grupo interinstitucional[1] para llevar adelante esta línea estratégica mediante acciones tendientes a desarrollar instrumentos normativos, técnicos y fiscales que permitan la paulatina incorporación de vehículos eléctricos al parque vehicular. A la vez, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se ha trabajado junto a las empresas públicas para liderar el proceso de cambio y así brindar una señal de confiabilidad en la política.

Así, Uruguay ya ha implementado estaciones de recarga eléctrica cubriendo más de 300 km de las principales carreteras turísticas del país, constituyendo la primera ruta eléctrica de América Latina y el Caribe. El plan prevé alcanzar en 2020 la cobertura del servicio de recarga para vehículos eléctricos para la totalidad de las carreteras principales país, logrando una cobertura superior a 2.500 km de los 9.000 km de carreteras nacionales.

También se han generado importantes beneficios en el régimen jurídico y fiscal con el fin de incentivar la incorporación de vehículos eléctricos. Concretamente:

• Se ha exonerado de tasas de importación y se ha reducido el impuesto específico interno para los vehículos eléctricos de uso comercial y de distribución urbana.
• También se han implementado beneficios fiscales para la promoción de inversiones que incorporen vehículos utilitarios eléctricos.
• Se han licitado permisos exclusivos del servicio de taxis para vehículos eléctricos, incluyendo beneficios en el costo de estos y exoneraciones en el pago de tributos de circulación.

Luego de estos cambios normativos, ha sido incorporada al país una flota de 130 vehículos eléctricos, de los cuales 62 son vehículos específicos para actividades de servicios públicos urbanos y 24 son taxis del servicio público de Montevideo. Se espera para 2019 alcanzar a 300 taxis eléctricos, aproximadamente el 10% de la flota hoy disponible, y también continuar incorporando vehículos eléctricos en los planes de renovación de flota de servicios públicos.

Trabajando en conjunto con la Intendencia de Montevideo y uno de los principales operadores de transporte urbano, este último ha adquirido un bus eléctrico de última generación que ha sido incorporado a la operación del sistema de transporte público urbano, con fines de validación de su viabilidad técnica.

Finalmente, se está haciendo un esfuerzo importante por informar a operadores del transporte y a la ciudadanía respecto de los beneficios de una movilidad eléctrica y de los instrumentos disponibles para esta transformación energética. En este marco, con el apoyo de los representantes de marca de los principales fabricantes de vehículos eléctricos, se han realizado ya dos muestras de movilidad eléctrica (MUEVE), donde además de las actividades informativas, también puede probarse la conducción de los vehículos.

Los próximos desafíos a los que el plan estratégico se enfrenta se centran en la potencial expansión de la flota de buses, taxis y utilitarios. Para ello se continuarán licitando permisos para taxis eléctricos y se diseñarán instrumentos operativos específicos para el acceso a vehículos eléctricos por parte de los operadores de logística urbana. Con el objetivo de introducir buses eléctricos en el transporte urbano, el MIEM ha presentado una solicitud de crédito al Fondo Verde para Clima (GCF)^[1], con el objetivo de apalancar la sustitución del 10% de la flota de transporte público de Montevideo, aproximadamente 120 vehículos.

Otro desafío, ya de mediano y largo plazo, es la ejecución del proyecto “Hacia un sistema de movilidad urbana sostenible y eficiente”, que tiene como objetivo establecer una transición efectiva hacia un sistema de movilidad urbana que sea inclusivo, adaptable, eficiente y de bajo nivel de carbono. El proyecto es financiado con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF-6)[2] y permitirá generar políticas de transporte, educativas y tecnológicas, así como marcos normativos e institucionales para lograr cambios estructurales y culturales en el transporte, que permitan mayor eficiencia energética y ambiental del sector.

En BID Transporte trabajamos por un transporte eficiente y sostenible.

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[1] El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), fue adoptado como mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) a finales de 2011. Su objetivo es contribuir de manera ambiciosa a la consecución de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático de la comunidad internacional.

[2] El Global Environment Facility (GEF) Trust Fund fue establecido en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, para ayudar a los países a abordar los problemas ambientales más relevantes.

[1] Integrado por los Ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM), de Economía y Finanzas (MEF), de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), de Transporte y Obras Públicas (MTOP), las empresas públicas de energía (UTE y ANCAP), y la Intendencia de Montevideo (IM).

*Autores:

Ec. Ruben García: Ruben García es Economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Posee una maestría en Desarrollo Sostenible, Energías Renovables, Agenda 21y Responsabilidad Social Corporativa, de la  Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE) en Madrid, España. Es técnico en Comercio Exterior por el Consejo de Capacitación Profesional (COCAP) y especialista en gestión de calidad UNIT-ISO 9000 del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).  Es docente de la materia Costos de la Calidad del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Ha desarrollado su actividad profesional en la esfera pública y privada. En el ámbito público fue Asesor Profesional del área de energía renovables de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), durante los años 2010-2014. Actualmente ejerce el cargo de Subdirector Nacional de Energía.

Ing. Antonella Tambasco: Antonella Tambasco es Ingeniera Química, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Cursa actualmente la maestría en Ingeniería de la Energía en la misma universidad. Es profesional certificado para la aplicación del  Protocolo Internacional de Medida y  Verificación  (IPMVP,  International Performance Measurement and Verification Protocol)  de la Efficiency  Valuation  Organization. Ha desarrollado su actividad profesional dentro de la esfera pública y privada en las áreas de energía y medio ambiente. Trabaja desde el año 2013 en la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería en el área de Demanda, Acceso y Eficiencia Energética, en particular en el diseño de políticas vinculadas a eficiencia energética en el sector transporte.