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Electromovilidad: Una oportunidad para la descarbonización y proveer vehículos seguros a la región

May 15, 2023 by Ana María Pinto - Claudia Díaz Acosta - Raúl Rodríguez Molina Dejar un comentario


La movilidad eléctrica es una de las apuestas en el sector transporte para avanzar en el camino de la descarbonización, pero a su vez tiene el potencial de revolucionar la industria automotriz en América Latina y el Caribe (ALC), donde alrededor de 110,000 personas mueren y más de 5 millones de personas resultan heridas cada año en la región a causa de siniestros viales y son la primera causa de muerte de niños de entre 5 y 14 años y la segunda en adultos jóvenes.

A su vez, la promoción e incentivos a la movilidad eléctrica toma relevancia teniendo en cuenta que la tasa de motorización en ALC presenta un crecimiento anual promedio de 4.7%, uno de los más altos a nivel mundial. En 2015, la motorización promedio para ALC alcanzó los 201 vehículos por cada 1000 habitantes, cifra que se mantiene por debajo de los niveles en Europa (471 vehículos por cada 1000 habitantes), EE. UU.  y Canadá (805 vehículos por cada 1000 habitantes). Sumado a esto, la edad del parque automotor está por encima de los promedios mundiales, en algunos países aún se permite la importación de vehículos usados que han perdido su vida útil en los países de origen y existe una tendencia en el aumento del uso de la motocicleta.

Asimismo, y teniendo en cuenta que el mercado automotriz ha tenido tres grandes productores de automóviles convencionales en la región: Argentina, Brasil y México, siendo el mercado brasileño el de mayor volumen de unidades producidas y teniendo en cuenta que la electromovilidad brinda un menor nivel de tecnificación y mayor simplicidad en su producción, permitirá acercar determinadas fábricas de vehículos a países que no estaban en el circuito de la industria automotriz, como es el caso en Bolivia y Colombia, entre otros. En la medida que los precios de adquisición de los vehículos eléctricos se equiparen a los de combustión interna y la infraestructura de cargado tenga un despliegue mayor, se espera que la demanda de los vehículos eléctricos aumente sustancialmente, como también reflejan las metas de penetración de la electromovilidad marcadas por numerosos gobiernos de la región. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Electromovilidad de Chile, establece que para el 2035, el 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos serán cero emisiones y el 100% de las ventas de transporte público serán cero emisiones.

En 2021, según reporte de ANDEMOS, un total de 118.191 vehículos híbridos y eléctricos se matricularon en América Latina, de los cuales 6.011 unidades fueron vehículos totalmente eléctricos. Por consiguiente, en este cambio tecnológico de la flota vehicular, que ciertamente está tomando cada día más fuerza y relevancia, no pueden pasar desapercibidos los aspectos relacionados con la seguridad vial.

Así como varios países de la región como Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, han creado incentivos para que la entrada de los vehículos eléctricos sea una realidad, existe el riesgo de que vehículos importados o de fabricación local, no tengan los estándares adecuados de seguridad vehicular al momento de su fabricación y ensamblaje. Por lo tanto, el control al proceso de certificación o de homologación de vehículos eléctricos debe poder garantizar, no solo estándares relacionados con las baterías, sino en el cumplimiento de estándares vehiculares que protejan los ocupantes del vehículo y otros usuarios de la vía.

La tecnología eléctrica implica una nueva serie de riesgos adicionales, vinculados, por ejemplo, al sistema eléctrico, o a la batería, que requiere un sistema de rigidez en el vehículo que evite su deformación en caso de colisión, ya que esto podría acarrear un riesgo de combustión. Esta rigidez necesaria podría comprometer el principio de deformación del vehículo, como medida de absorción de energía en caso de colisión para proteger a los pasajeros. Por su parte, otros requerimientos pueden ser aprovechados como un elemento de mayor seguridad, como un centro de gravedad más bajo, por la ubicación de la batería en la parte inferior del vehículo, que puede mejorar la estabilidad. En definitiva, analizar la seguridad de un vehículo eléctrico requiere de un prisma diferente al de un vehículo de combustión.

El Plan Global para la Nueva Década de Acción para la Seguridad Vial (2021- 2030) recomienda a los países la adopción de estándares vehiculares para garantizar la seguridad de los ocupantes dentro y fuera del vehículo. Si bien, los países de la región vienen avanzando en los marcos regulatorios e instrumentos para el control y verificación de estándares, la entrada de una nueva tecnología, y el potencial crecimiento de una industria regional de vehículos eléctricos de marcas latinoamericanas, la electromovilidad puede convertirse en el agente catalizador de este proceso.

Sin duda, el auge de los vehículos eléctricos no sólo está transformando nuestra forma de concebir el transporte, sino que también crea nuevas oportunidades para la seguridad vial. Por lo tanto, la apuesta por la descarbonización del transporte debe converger con la agenda de seguridad vial para cumplir con el propósito de proveer una movilidad sostenible, segura e inclusiva en la región.


Archivado bajo:Seguridad Vial, Transporte Etiquetado con:movilidad, seguridad vial, transporte

Ana María Pinto

Ana María es Jefa de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde trabajó como Especialista en Transporte desde 2017. Anteriormente, Ana María trabajó para el gobierno de Colombia a cargo de la Subdirección de Transporte del Departamento Nacional de Planeación. Ana María también trabajó para la oficina del alcalde de Barnet y la oficina del viceprimer ministro en Londres. Ana María es economista de la Universidad del Rosario, Colombia, y tiene una maestría en planificación y desarrollo de la University College London.

Claudia Díaz Acosta

Claudia es Consultora para la División de Transporte del BID. Previamente dirigió la Oficina de Seguridad Vial de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá (Colombia) donde fue responsable de la ejecución del Pan Distrital de Seguridad Vial de la ciudad. Previo a trabajar en la Secretaría fue especialista en Transporte y Ambiente para el programa de Desarrollo Resiliente y Bajo en Carbono de USAID y el US Forest Service. También hizo parte del grupo de investigación de Sostenibilidad Urbana y Regional de la Universidad de los Andes. Claudia es Ingeniera Ambiental de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Ingeniería Civil en el área de Transporte de la misma universidad.

Raúl Rodríguez Molina

Raúl Rodríguez Molina es Especialista de la División de Transporte en el BID, donde trabaja como integrante del Grupo de Infraestructuras de Integración en la preparación de proyectos de integración regional para América Latina y el Caribe. En el BID ha desarrollado una prolongada experiencia en el apoyo a iniciativas regionales de infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones. Cuenta con una maestría en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Antes de su incorporación al BID, Raúl trabajó en el diseño, construcción y supervisión de grandes obras civiles en diferentes países de Europa y América Latina. Su principal ámbito de interés profesional es la planificación y financiación de infraestructuras de conectividad transnacional y sus impactos en el desarrollo económico y social.

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