Electromovilidad: la promesa de descarbonización del transporte para América Latina y el Caribe

En la COP27 los países confirmaron sus compromisos de reducción de gases efecto invernadero.

Para América Latina y el Caribe (ALC) esta es una instancia relevante por su incidencia en el desarrollo económico y compromiso medioambiental en todos los sectores. En el caso de transporte, resulta clave dado que el sector aporta 34%^[1] de las emisiones totales generadas en ALC. En este sentido buscar mecanismos para descarbonizar esta actividad es esencial para las metas de reducción globales.

Cuando miramos la situación del sector transporte en los países en vías de desarrollo, el panorama resulta complejo. Comúnmente en estas economías, un mayor desarrollo económico está asociado a un aumento de la demanda por movilidad, lo que conlleva normalmente a una mayor emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, es fundamental definir las opciones que tiene la región de ALC para descarbonizar los sistemas de transporte, sin afectar el desarrollo humano y económico de sus habitantes.

El desafío de descarbonizar el transporte es multisectorial, en cuanto supone una fuerte inversión en infraestructura tanto para los sectores de energía como de transporte. El rol del sector energético es esencial, como proveedor de energía mediante fuentes limpias como reemplazo a los combustibles fósiles.  En términos energéticos, la región cuenta con un importante potencial de producción de energías renovables^[2]. Por ejemplo, Chile ha aumentado de forma importante la participación de renovables en su matriz de generación eléctrica, y tiene un potencial de energía renovable para construir 70 veces la capacidad de generación que tiene hoy, la más grande de la región y a precios competitivos. Otro ejemplo es Brasil, que ya en 2020 producía el 50% de su consumo doméstico con energías renovables^[3].

Simultáneamente al desafío del sector energético, el sector transporte se enfrenta a la disyuntiva de aumentar los costos en el proceso de descarbonización, lo que podría traer un efecto no deseado para los costos de transporte de mercancías y personas.

La electromovilidad es la opción tecnológica más desarrollada para abordar el desafío de la descarbonización, con la ventaja de su bajo costo de operación. La eficiencia del motor de combustión interna es de aproximadamente 50%, mientras que la del motor eléctrico está por sobre un 95%.^[4] Adicionalmente, los vehículos eléctricos tienen la ventaja de recuperar energía gracias a los sistemas de frenos regenerativos. Por lo tanto, un vehículo eléctrico consume del orden del 20% de la energía que un vehículo a combustión equivalente. 

La electromovilidad promete reducir de manera importante las emisiones del transporte, siempre que se materialice la producción de energía limpias como principal forma de suministro de energía de los vehículos. La principal barrera que enfrenta esta tecnología es el elevado costo de adquisición. Sin embargo, su precio se ha reducido aceleradamente con el desarrollo tecnológico de las baterías, y se espera que los precios se equiparen al de los vehículos a combustión en el mediano plazo.

Mientras tanto, el mayor desafío para la masificación de esta tecnología es disponer del financiamiento para afrontar los costos de inversión. La recomendación es priorizar la electrificación de flotas de uso intensivo; como es el caso del transporte público, las flotas institucionales y las flotas de transporte privado de última milla. Por sus altos costos debido al uso intensivo de combustibles fósiles, estas flotas tienen mayor potencial de pagar gran parte o el total de la inversión inicial adicional; mediante los enormes ahorros operacionales que generarían al electrificarse.

El BID ha mostrado su compromiso con la electrificación del transporte con medidas que buscan levantar el ecosistema de la electromovilidad en la región.

El objetivo es diseñar estrategias, políticas y regulaciones para avanzar en la electromovilidad. También se está avanzando en los marcos regulatorios y modelos comerciales; que permitan el desarrollo de la red de infraestructura de recarga y la renovación de flotas de autobuses eléctricos. Recientemente, el BID y el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) han unido fuerzas para crear el primer fondo regional de US$450 millones en préstamos para promover la movilidad eléctrica (e-movilidad) y el uso del hidrógeno verde en América Latina y el Caribe^[5].

Estos avances son palpables en Bogotá y Santiago, donde el BID ha financiado la compra de e-buses para el transporte público. Este apoyo ha convertido a estas ciudades en las dos mayores flotas de transporte eléctrico de la región. Estos son solo algunos de los ejemplos que se han materializado a la fecha, pero los esfuerzos requeridos por la dificultad climática son superiores. El BID continuará apoyando el despegue de los proyectos de electromovilidad con la finalidad de fomentar medios de trasporte más sostenibles en América Latina.

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