La electromovilidad ha venido creciendo en la última década impulsada principalmente por políticas y compromisos internacionales para mitigar el cambio climático. En Noruega, más de un tercio de las ventas de vehículos corresponden a vehículos eléctricos, China se ha convertido en un líder mundial en ventas de vehículos eléctricos—820,000 unidades, Alemania se encuentra implementando un plan integrado para masificar la electromovilidad a partir del 2020, y para 2025, se proyecta que mas de 40 millones de vehículos eléctricos estarán en operación en el mundo (Pérez Jaramillo, Gutiérrez and Mix 2018).

En América Latina y el Caribe, región que tiene una menor cantidad de emisiones por kilowatt generado que Europa o Norte América (Brander, et al. 2011), estamos iniciando y dando los primeros pasos en esta transición que tendrá un impacto significativo en nuestros esfuerzos de mitigación al cambio climático. Tenemos avances importantes en la región, particularmente en el transporte público, como el caso de Chile, que a la fecha ya cuenta con aproximadamente 400 buses eléctricos en operación (Modern Diplomacy 2020), y Bogotá, que iniciará operaciones de 379 buses eléctricos en los próximos meses del 2020.

Sin embargo, para lograr una transición más rápida en la región tanto para el mercado de buses eléctricos como de automóviles eléctricos los gobiernos de la región deben definir las regulaciones y estándares técnicos que serán exigidos para este mercado emergente.

Los procesos de estandarización en el subsector de la movilidad eléctrica son esenciales para fortalecer el mercado regional de este sector—ya que certifican a los fabricantes la apertura del país a las especificaciones de los vehículos y permiten asegurar la interoperabilidad y la conectividad a nivel regional.

Los vehículos eléctricos no solo representan una oportunidad de reducir varias externalidades resultantes de una movilidad dependiente de combustibles fósiles, sino que también representa la posibilidad de utilizar los recursos de sus fuentes de energía eléctrica limpia.

Paraguay, similar a la mayoría de los países de la región, empieza recién a dar sus primeros pasos en electromovilidad.

Paraguay es un país donde las mínimas condiciones para la movilidad eléctrica están dadas— el país genera casi el 100% de su energía eléctrica de fuentes renovables por medio de hidroeléctricas. La producción de energía eléctrica del país tiene un excedente que es inclusive exportado a los países vecinos.

Sin embargo, a pesar de contar con una fuente energética limpia, a causa de la dependencia del sector de transporte en hidrocarburos, el consumo final energético de Paraguay es casi 40% de derivados de petróleo, 44% de biomasa y solamente 16% de electricidad. El sector transporte es el principal consumidor de estos combustibles fósiles, al representar el 93% del consumo total de productos derivados de petróleo, que son casi en su totalidad importados (Viceministerio de Minas y Energia- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 2019). Una transición a una menor dependencia de derivados de petróleo en el transporte generaría cambios que alterarían significativamente la distribución del consumo energético final de Paraguay que resulta poco sostenible tanto en términos ambientales como económicos.

Reconociendo el potencial de la transición tecnológica del Paraguay y la necesidad de avanzar en la definición de normas respecto a movilidad eléctrica, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) y el Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) —un “centro de enseñanza e investigación en educación, ciencia y tecnología” de la hidroeléctrica Paraguaya-Brasilera Itaipu— establecieron un comité técnico para avanzar en la formulación y emisión de normas y estándares técnicos de vehículos eléctricos en Paraguay.

Este comité es el Comité Técnico de Normalización 61 (CTN 61) de “Automatización de Sistemas Eléctricos y Smart Grid” y es integrado por profesionales de entidades públicas y privadas de los sectores de transporte, energía y otros sectores transversales[1].

El CTN 61 es el actor principal que promovió la emisión de las primeras Normas Paraguayas relacionada a electromovilidad: la ISO 8713 de vocabulario  de  vehículos  eléctricos,  y  la  IEC  61851  de  conectividad  para vehículos eléctricos. Actualmente, el comité se encuentra en proceso de revisión de nuevas normativas emitidas por organismos de certificación internacionales – como la Comisión Electrotécnica Internacional, la Organización Internacional de Normalización (también conocidas como IEC e ISO respectivamente, por sus siglas en inglés) y otros— para garantizar que la inclusión de vehículos eléctricos en el mercado paraguayo se realice de manera segura y exitosa.

De modo a apoyar en este proceso de estandarización de la movilidad eléctrica en Paraguay, el BID y el Centro de Recursos Naturales, Energia y Desarrollo (CRECE)[2], han desarrollado una Guía para la Estandarización de la Movilidad Eléctrica en Paraguay que provee un marco de priorización para el CTN 61 en el que se definen etapas para la emisión de normativas respecto:

• A los vehículos eléctricos
• La infraestructura de carga de los vehículos eléctricos
• El servicio de soporte requerido para esta tecnología emergente

El objetivo de la guía es el de establecer una hoja de ruta de los tipos de normas que deben ser revisadas por el Comité Técnico de Normalización para asegurar el avance progresivo de la electromovilidad en Paraguay. La hoja de ruta tiene las siguientes etapas: preparación del mercado, despegue del mercado y masificación de la electromovilidad –definiendo para cada una de estas un horizonte temporal. 

El BID y CRECE han colaborado con el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) para el desarrollo de esta hoja de ruta. Un estudio de caso referencial para que otros países también establezcan sus estrategias para la emisión de normas. Y aseguren una transición exitosa y segura hacia la movilidad eléctrica en la región.

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[1] Algunos de los miembros que conforman el CTN 61 son la hidroeléctrica Binacional Itaipú, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay, el PTI, INTN, Ministerio de Industria y Comercio, y la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM).