Por Milli Legrain
“Era un miércoles por allí de las 2 de la tarde. Me asomé a la puerta y vi dos camionetas grandes y un grupo de hombres armados con armas largas. Sin presentar papel alguno, empezaron a amenazar a la gente, apuntándoles a la cabeza y subiéndolos a las camionetas…” Así comienza el relato de una detención ilegal realizada hace unos meses por policías estatales en el norte de México.
Las víctimas eran migrantes centroamericanos, algunos menores de edad, que hicieron una parada en las afueras de Monterrey en su camino hacia el norte. Los policías buscaban los responsables de un homicidio ocurrido la noche anterior, a pocas cuadras del albergue donde se quedaban. Y aunque los migrantes no tuvieron nada que ver, los detuvieron y se convirtieron en desaparecidos.
En el estado de Nuevo Léon, desde el 2010 hasta hoy, se produjeron más de 2000 casos de privación ilegal de la libertad y secuestro, según cifras oficiales.
Frente a estadísticas tan preocupantes, una buena noticia fue la creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI). Nace en marzo de 2014 de la mano de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, con el apoyo de la ONG CADHAC, la ONU y familiares de desaparecidos.
El grupo se encarga de atender todo tipo de desapariciones en un lapso de 72 horas, cuando la probabilidad de encontrar a la víctima es todavía alta: desde denuncias de secuestro por el crimen organizado o detenciones ilegales por autoridades estatales hasta jóvenes huidos de casa.
Y los resultados son alentadores: en el primer año de vida del GEBI, casi un 90% de los casos fueron resueltos. Es decir que de 1602 personas desaparecidas, 1407 fueron encontradas. Y de las personas localizadas, un 97% fueron encontradas con vida. Así, en un país con 26 000 desaparecidos, el mecanismo es reconocido por Naciones Unidas como una buena práctica y un modelo para el resto del país. Según las propias estadísticas del GEBI, el número de denuncias de desapariciones al mes cayó de 182 en abril de 2014 a 83 en marzo de 2015.
¿Pero esto cómo se logra? El GEBI está integrado por solo ocho empleados del Ministerio Público, órgano del Estado encargado de investigar delitos, pero se comunica con las bases de datos de otras entidades públicas y se apoya en la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y las Comisiones de Derechos Humanos.
Pero según Ariel Dulitzky, experto en Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, lo que caracteriza al GEBI es la “participación y comunicación continua con las familias”, el hecho de tener “compromisos específicos y accountability [rendición de cuenta] permanente” y de contar con “un compromiso político desde el más alto nivel.”
Además, en una región donde la falta de estadísticas sobre desaparecidos es un obstáculo para la puesta en marcha de políticas públicas efectivas, el mecanismo sirve de registro. De las personas desaparecidas en Nuevo León, entre marzo de 2014 y marzo de 2015, casi un 60% eran mujeres.
El GEBI también podría ser una poderosa arma contra la corrupción y la impunidad. Aunque se sabe que los policías estatales culpables de la detención arbitraria de los migrantes hasta ahora no han sido procesados. Mirando hacia el futuro, Consuelo Morales, Directora de CADHAC, afirma que “Las desapariciones acabarán cuando los responsables de las desapariciones sean sancionados.”
Este post ha sido actualizado con más información sobre el funcionamiento del GEBI
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