Aunque sólo el 9% de la población mundial habita en América Latina y el Caribe, la región registra un tercio de los homicidios del mundo. El costo del crimen y la violencia en nuestra región es muy elevado: la delincuencia se lleva un gran número de vidas, afecta el bienestar y la seguridad de las personas, y obstaculiza el desarrollo económico. Prueba de esto es que uno de cada tres habitantes de la región considera que la delincuencia es su problema más acuciante (LAPOP, 2014-2019) y más del 50% de la población teme ser víctima de un delito, de acuerdo con los datos recogidos en 2021 por Latinobarómetro.
Las fuerzas policiales son fundamentales para prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Pero, en general, la confianza en la policía en los países de nuestra región es muy baja. Según los datos de la última encuesta del Latinobarómetro, en la mayoría de los países de América Latina, menos de la mitad de la población confía en la policía nacional (Figura 1). En muchos de estos países, menos de uno de cada tres individuos confía en esta institución.
Figura 1. Confianza en la policía en América Latina
Fuente: Latinobarómetro 2021
Como revela una reciente monografía publicada por el BID (Cafferata y Scartascini, 2021), esta falta de confianza afecta la disponibilidad de los ciudadanos a financiar a la policía, el tipo de políticas de seguridad que demandan los ciudadanos, y la voluntad de colaboración entre la ciudadanía y la policía. La falta de confianza en la policía puede reducir la efectividad de las políticas para reducir el delito y la violencia. Por esto, trabajar en aumentar esta confianza es fundamental para mejorar la seguridad en nuestra región.
La reciente encuesta de Latinobarómetro preguntó a 20.000 latinoamericanos en qué creían que debía gastarse el presupuesto público destinado a la seguridad, dándoles como opciones financiar a la policía o que los ciudadanos pagaran su propia seguridad privada. Entre quienes confiaban en la policía, el 63% indicó que el dinero debía usarse para financiarla (Figura 2). Sin embargo, entre quienes no confiaban en la policía, solo el 42% eligió esta opción y casi el mismo porcentaje (38%) indicó que el dinero debía destinarse a la seguridad privada. La menor confianza en la policía está asociada a una menor disposición de los ciudadanos a proveer recursos para las agencias de policía.
Figura 2. Recursos para la policía o para la autoprotección según la confianza en la policía
Fuente: Latinobarómetro 2021
La menor confianza en la policía también se vincula con una menor probabilidad de que los ciudadanos denuncien delitos menores, como el robo de un teléfono celular o una bicicleta. En la misma muestra de 20.000 latinoamericanos, aproximadamente el 60% de quienes confiaban en la policía dijeron que denunciarían esos delitos, pero sólo cerca del 40% de quienes desconfiaban de ella dijeron que lo harían (Figura 3). La información de las denuncias es clave para la definición de las estrategias policiales, ya que permite asignar de forma más eficiente a los recursos y obtener información sobre el éxito o fracaso de estas estrategias.
Figura 3. Denuncia de delitos a la policía según la confianza en ella
Fuente: Latinobarómetro 2021
En resumen: menor confianza está asociada a una menor voluntad de asignar recursos a la policía y de aportar información para resolver algunos delitos. Esto puede convertirse en un círculo vicioso: menos recursos y menos información sobre los delitos pueden reducir la capacidad y efectividad de las agencias de policía, erosionando aún más la confianza ciudadana en esas instituciones.
¿Cómo se puede trabajar para mejorar la confianza ciudadana en la policía y revertir esta dinámica?
Sin dudas, la tarea de construir confianza en la policía (como en otras instituciones públicas) es extremadamente compleja y requiere esfuerzos múltiples y sostenidos. La confianza se cimenta en que unos actores no tomen ventaja de las oportunidades que existen para actos oportunistas. Acciones oportunistas son más factibles cuando uno de los actores tiene mayor información y poder que el otro. Por estas razones, es natural que los ciudadanos desconfíen de la policía y que una noticia sobre mal comportamiento o corrupción genere caídas drásticas en la confianza. Dada la falta de información, los ciudadanos no suelen tener otra opción más que formar su opinión a partir de esos incidentes.
La literatura destaca cuatro ejes sobre los que las policías pueden trabajar para intentar cambiar las percepciones que tiene la gente y aumentar la confianza: (i) la efectividad policial, (ii) el trato con la ciudadanía, (iii) la transparencia, integridad y rendición de cuentas, y (iv) la asimilación de los valores de la comunidad. Todas estas áreas de acción tienen como objetivo aumentar la información y al mismo tiempo reducir la brecha de percepciones negativas.
En general, los ciudadanos van a confiar más en la policía si consideran que es efectiva en su tarea de control y prevención de la delincuencia, sus agentes tratan a la gente de forma respetuosa e imparcial, es abierta sobre su accionar y está dispuesta a responder por sus errores, y comparte los valores fundamentales de la ciudadanía.
En cada uno de estos ejes, existen acciones que pueden ayudar a generar mayor confianza y legitimidad. Por ejemplo, la evidencia preliminar sugiere que las iniciativas de acercamiento comunitario, que reúnen a la policía y a los ciudadanos para intercambiar información o que hacen que la policía interactúe más con los ciudadanos pueden favorecer la confianza. Estos intercambios pueden ayudar a romper prejuicios, resaltar las semejanzas y reducir (o entender mejor) las diferencias entre ambas partes. Por supuesto, estas iniciativas solo pueden funcionar si la gente está dispuesta a participar y a plantear sus preocupaciones a la policía, y si la policía está dispuesta a escuchar y a modificar su comportamiento de acuerdo con la evidencia. A su vez, trabajar para fortalecer el uso de los principios de justicia procedimental en la interacción entre los agentes de policía y la ciudadanía puede favorecer la cooperación y ayudar a construir confianza.
Pero es importante no engañarse: la evidencia también refleja que generar cambios en la opinión pública es difícil y que estas iniciativas no siempre logran el efecto deseado. En general, las intervenciones de acercamiento comunitario y de aplicación de principios de justicia procedimental impactan de forma directa en grupos reducidos de personas (aquellas que interactúan con la policía) y su efecto en la opinión general puede ser pequeño. A su vez, el impacto de estas intervenciones puede verse limitado si no existe un apoyo institucional para que los agentes involucrados den seguimiento a los planteos realizados por la comunidad. En este sentido, resulta clave crear sistemas de incentivos, monitoreo, control y resultados que respalden y favorezcan estas acciones. En resumen, el éxito en la construcción de confianza parece depender de que se la considere un objetivo central de la estrategia institucional y no se limite únicamente a un conjunto de intervenciones específicas.
La evidencia y los recientes eventos en la región demuestran que aumentar la confianza en la policía es un desafío inaplazable para mejorar la seguridad y la buena convivencia ciudadana. Sin ello, no puede haber políticas públicas de calidad. El desafío es tan arduo como necesario: estos factores son fundamentales para mejorar la provisión de servicios públicos, la gobernanza, y la construcción de un clima de negocios que estimule la inversión y respalde el crecimiento económico inclusivo y sostenible de nuestra región.
Un gran problema en la región es la violencia política, y jurídica. Es decir la falta de certeza sobre la toma de decisiones tanto por parte de los políticos (ministerios/secretarios) y los jueces y fiscales.
A nivel político, durante una gestión a los policías se los aplaude a otros por la misma acción se los hecha (caso chocobar por ejemplo en Argentina), algo similar pasa con los jueces que buscan mantener una política “progresista” y así saben que es más fácil pegarle al policía.
Esto genera que la policía prefiera no actuar, y eso se percibe como una inacción. Pero esa inacción es generada desde la propia política.
Por ejemplo, La Seguridad no es “ciudadana”, esa es una definición política. La seguridad es seguridad. Pero la maleabilidad y falta de criterios objetivos en seguridad, hace que la seguridad termine no siendo nada, porque todos dicen como deben actuar las policías pero nunca trabajaron de o en la policía.
Tal vez si se escucha al policía y se le da espacio para poder expresarse y se tiene en cuenta sus opiniones (sin sanciones directas o indirectas, recordemos que en muchos países tienen prohibido estar sindicalizados), ciertas cosas podrían cambiar, y los policías tendrían confianza en la política.
Pero la política en general no da espacio a la policía.
La única manera de separar la delincuencia de los territorios, es en una tarea conjunta de la Policía con la comunidad, ese acercamiento hará zonas seguras que se alimenta de la cooperación producto de la confianza que se generen mutuamente, Policía Comunitaria.