Por Janaina Goulart
La decentralización y los sistemas federales trae consigo un desafío en lo que se refiere al combate contra la delincuencia: la necesidad de coordinar entre varias fuerzas policiales, y entre múltiples programas por entidades federales y locales. Esta realidad es particularmente relevante en países federales grandes, como México, Argentina y Brasil.
Un programa aprobado por el BID para el fortalecimiento de la gestión fiscal en el Estado de Amazonas en Brasil tiene un aspecto innovador que puede servir de ejemplo.
El proyecto incluye una serie de acciones para mejorar los mecanismos de recaudación, fiscalización y mejor asignación de las inversiones públicas. También tiene previsto un componente específico para la gestión de resultados en la seguridad ciudadana, algo novedoso en los programas del BID que buscan mejorar la eficiencia fiscal.
Ya hemos hablado en Sin Miedos sobre la necesidad de implementar reformas estructurales profundas para que los estados en Brasil puedan ofrecer servicios de seguridad de calidad a los ciudadanos. La inseguridad, y la percibida ineficiencia del gobierno para combatirla, fue una de las frustraciones expresadas durante las recientes manifestaciones callejeras en el país.
Con los recursos del programa, Manaos va a fortalecer la gestión de los recursos para una iniciativa en curso que integra las instituciones dedicadas a la seguridad pública, y que ha dado buenos resultados hasta ahora. Entre 2010 y 2012, los gastos del estado en seguridad aumentaron en un 40,4 por ciento, principalmente por la implementación del programa “Ronda del Barrio”, que prevé la mejor coordinación y focalización y una acción conjunta de las policía Militar y la Civil, atendiendo a la población también por parte de las Delegaciones Integradas de Policía (DIPs).
El programa alcanzó una reducción de la tasa de homicidios en un 18 por ciento en los primeros cinco meses de 2012.
El éxito de la iniciativa requiere más inversiones, y por eso, Manaos optó por optimizar tanto la estructura de la integración de las entidades relacionadas con la seguridad, que contará con un apoyo técnico y financiero del BID, como asimismo otras inversiones relacionadas con esta perspectiva integral.
Para que eso acontezca, el modelo de integración de las policías Militar y la Civil será reglamentado por el estado, previendo una nueva metodología de trabajo, focalizada en Áreas Integradas de Seguridad Ciudadana (AISC), que serán coordinadas por una unidad organizacional responsable de priorizar el Sistema Integrado de Acciones de Seguridad Pública del Estado, que incluye el monitoreo y el control de la eficiencia y efectividad de los gastos del sector.
La participación de la sociedad civil está prevista en todas las acciones. El estado va a regular el Consejo de Seguridad Pública (CONESP), al igual que los reglamentos de los Consejos Interactivos Comunitarios de Seguridad (CONSEG). Este esquema institucional es fundamental, entre otras razones por dos aspectos claves: crea las condiciones para que la sociedad y el estado actúen conjuntamente en las acciones relacionadas con la seguridad, y formaliza los mecanismos de control de la sociedad civil sobre la asignación de los recursos invertidos.
¿Estaríamos presenciando la génesis de posibles reformas modelos de seguridad estatal? Mucho se ha hablado sobre la necesidad de que las políticas de seguridad incorporen acciones multidisciplinarias y actores diversificados para que sean efectivas. Seguramente, muchas experiencias de Amazonas podrán servir a otros estados brasileños, pero el simple hecho de adaptar un nuevo concepto del problema trae en sí un cambio estructural que podrá generar las condiciones para otras innovaciones.
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