Flickr/Creative Commons – William Droops
Por Ignacio Munyo
Desafortunadamente la delincuencia juvenil crece en casi todos los países de América Latina, una región donde la inseguridad ciudadana es la principal preocupación. Académicos, activistas y legisladores debaten causas y posibles soluciones al complejo problema de la violencia juvenil.
En “The Juvenile Crime Dilemma”—recientemente publicado por Review of Economic Dynamics, journal oficial de la Society for Economic Dynamics—he desarrollado un modelo para analizar las causas de por qué un número creciente de jóvenes participa en actividades delictivas. Argumento que este fenómeno es impulsado por un cambio en los incentivos (link a versión simplificada del modelo, el trabajo completo puede encontrarse aquí), más que la consecuencia inevitable de una generación de jóvenes que difieren intrínsecamente de sus predecesores.
Hay consenso en la literatura psicológica que la maduración psicosocial es posterior al desarrollo cognitivo y que esto se refleja en marcadas diferencias en el comportamiento social y emocional entre adolescentes y adultos. Sin embargo, un modelo de comportamiento racional que considera decisiones consistentes de adolescentes que descuentan las consecuencias futuras de sus actos y que reconoce los cambios significativos en los incentivos para la actividad delictiva en detrimento de las actividades legales, es capaz de explicar en su totalidad el reciente incremento observado en la delincuencia juvenil en Uruguay.
En el marco de análisis desarrollado, adolescentes racionales enfrentan el dilema recurrente de decidir entre actividades legales y las actividades delictivas en función de su dotación de habilidades para trabajar y para delinquir.
El modelo incorpora el hecho de que las decisiones tomadas por los adolescentes dejan secuelas que afectan las decisiones futuras y son difíciles de revertir en etapas posteriores de la vida. Estas inercias son las que explican, en parte, porqué existen carreras delictivas y porqué el adolescente encausado en el estudio o en el trabajo es mucho menos propenso a delinquir cuando se enfrenta al mismo botín y a la misma sanción potencial que otro adolescente que no estudia ni trabaja.
Con el fin de evaluar su poder explicativo, calibré el modelo con datos para Uruguay. El modelo fue capaz de reproducir más de 90 por ciento del reciente aumento de la delincuencia juvenil en Uruguay—que se triplicó en la última década—, al afectar los parámetros clave en línea con los cambios observados en los incentivos a la actividad delictiva.
En efecto, en la última década en Uruguay se produjo una significativa disminución en el rentabilidad de las actividades legales relativo a las delictivas que vino de la mano con la introducción de una legislación benevolente en el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley.
Este modelo también resulta ser una herramienta útil—complementaria a la evaluación de impacto—para cuantificar los efectos potenciales de medidas alternativas para enfrentar la delincuencia juvenil. El modelo tiene la ventaja que considera la interacción de varios factores dinámicos—que muchas veces operan en direcciones opuestas—para computar el efecto final sobre los incentivos que afectan el comportamiento de los adolescentes.
Por ejemplo, si la convivencia en los centros de reclusión facilita la adquisición de habilidades para delinquir, o si el pasaje por estos centros reduce significativamente los potenciales retornos futuros en actividades legales como consecuencia del estigma que impone la sociedad, entonces castigar de forma más severa a los adolescentes—a través de períodos de privación de libertad más extensos—en lugar de disuadirlos a no cometer delitos, podría incrementar los incentivos para que vuelvan a delinquir.
De hecho, el modelo predice que una baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años—una alternativa considerada en varios países—sería una medida efectiva para reducir la delincuencia juvenil. Sin embargo, si la transmisión de habilidades para delinquir en los centros de reclusión es lo suficientemente fuerte, penas más severas a los adolescentes terminarían por aumentar la probabilidad de reincidencia una vez que estos hayan alcanzado la mayoría de edad. En estos casos, la cura podría ser peor que la enfermedad.
Resulta por ende crítico minimizar la “escuela del crimen” en los centros de reclusión.
Si bien estamos todavía lejos de entender en profundidad cómo funciona el proceso de rehabilitación, sentencias más largas son consistentes con una reducción en la probabilidad de reincidencia si durante la reclusión es posible mejorar las habilidades para trabajar y restringir el desarrollo de habilidades para delinquir. Es este el gran desafío pendiente en materia de políticas públicas.
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