Faltan las mujeres en la tregua de pandillas en El Salvador

La frágil “tregua de maras” en El Salvador, en vigor desde marzo de 2012, no cabe en ningún modelo clásico de negociaciones de paz con grupos armados. Aun así, como en la mayoría de los procesos que involucren grupos armados para tratar de reducir o eliminar la violencia, surgen preguntas sobre estrategia, tácticas, riesgos y marcos legales.

En el caso de El Salvador, hay una evidente ausencia en el debate: la participación de las mujeres en el proceso. Esto a pesar de que la importancia de incluir a las mujeres es una de las principales lecciones de otros procesos de paz en las últimas dos décadas.

En El Salvador, no hay mujeres entre los líderes de las pandillas o sus portavoces. Tampoco las hay en el equipo de mediadores o en el “comité técnico” que apoya el proceso. Es más, pocas evaluaciones críticas de la tregua han señalado esta ausencia como una fuente de preocupación.

Las mujeres no son una parte desinteresadas en la situación. Aunque son una minoría en las filas de las maras, son victimarias y víctimas de la violencia pandilleril. Son las madres, las esposas, las novias y las hermanas de los pandilleros. Los visitan en la cárcel y conocen las condiciones de hacinamiento. Les llevan comida y ropa, y son la principal fuente de apoyo cuando las personas vuelven a sus comunidades después del encarcelamiento.

Hace unos años, los familiares de personas privadas de libertad organizaron protestas pacíficas para exigir mejores condiciones de las cárceles. Hubo poca reacción. Es poco probable que alcancen el nivel de empatía y respeto que gozan otros grupos que protestan por las violaciones de derechos humanos, como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina o CoMadres en El Salvador. No obstante, las experiencias y las demandas de los grupos de familiares son relevantes y pueden ser un valioso aporte a la conversación pública, comparado con las voces de los pandilleros.

Uno de los factores que a veces ha contribuido a los desafíos de implementación y sostenibilidad de otros procesos de paz es la carencia de voces de mujeres y de perspectivas de género en los diálogos, negociaciones, y otros esfuerzos para la construcción de la paz y la resolución de conflicto. La comunidad internacional reconoció esto por medio de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU del 2000.

Las mujeres siguen estando poco representadas en los procesos de paz. Apenas un 10% de los negociadores y el 3% de los signatarios de los acuerdos de paz son mujeres, y sólo el 16% de los acuerdos de paz hacen referencia a mujeres. Sin embargo, la justificación para incluir a las mujeres está bien establecida, y no hay escasez de guías y herramientas prácticas para lograrlo. De hecho, la reciente nominación de dos mujeres al equipo de negociación con las FARC en La Habana por parte del Presidente Santos ha sido fue ampliamente elogiado.

Aplicar los principios de la Resolución 1325 y la agenda “mujeres, paz y seguridad” a los esfuerzos de dialogar y negociar para reducir la violencia pandilleril en El Salvador podría cambiar significativamente los parámetros del debate y las propuestas de opciones de reintegración. Algunas de las posibles consecuencias incluyen:

• El gobierno tendría que definir más claramente quienes lo representan, quienes toman las decisiones, y el papel de los mediadores o intermediarios, para poder añadir representantes mujeres de una manera significativa.
• Asuntos rodeados por un estigma social y que afectan de manera desproporcionada a las mujeres podrían llegar a incluirse en la agenda, incluyendo temas “invisibles” como la violencia sexual, dentro de las pandillas, por las pandillas, o por familiares, policías, u otros. Del mismo modo, las mujeres privadas de libertad y las mujeres con familiares encarcelados pueden tener demandas específicas en cuanto a las condiciones del sistema penitenciario.
• Sería necesario consultar con una mayor diversidad de organizaciones de la sociedad civil (incluyendo grupos de mujeres), lo que podría influir tanto en la agenda para el diálogo como en la opinión pública en general hacia el proceso.
• La Resolución 1325 exige también la participación de las mujeres en las fuerzas de mantenimiento de la paz y que haya una perspectiva de género en los esfuerzos de prevención y construcción de la paz. Aunque no existe una fuerza de mantenimiento de paz en la situación de El Salvador, esto plantea preguntas acerca de la policía (sólo el 10% de los policías operativos son mujeres) y el diseño de los programas de reintegración para personas vinculadas a pandillas.
• Un tema a tomar en cuenta es la participación de las mujeres en  las maras, lo que podría desafiar los roles tradicionales de género dentro de las pandillas.

Por supuesto, incluir a mujeres en un diálogo sobre la violencia pandilleril no garantiza que la negociación y las soluciones propuestas sean más eficaces o más sensibles al género. Tampoco resuelve los problemas más grandes relacionados con la falta de una estrategia clara. Simplemente “añadir mujeres” no es una solución panacea a los problemas arraigados de la violencia pandilleril, ni a las estructuras de poder basadas en género de las pandillas y de la sociedad centroamericana en general.

Sin embargo, tomando en cuenta todo lo que se ha aprendido de otros procesos de paz a nivel mundial, es crucial que se plantee la pregunta: ¿Dónde están las mujeres en esta tregua?