Estudios de investigación realizados en distintos países indican que, a pesar de las diferencias en políticas públicas y contextos locales, las y los jóvenes que cumplen la mayoría de edad y, por lo tanto, ya no son elegibles para recibir cuidado estatal, se enfrentan a similares retos sociales y de salud. Estas personas jóvenes enfrentan dificultades para encontrar una vivienda asequible y estable, así como para acceder a redes comunitarias y de socialización, a servicios de salud, y a relaciones sociales y de apoyo seguras; tienen también dificultades para tener acceso a la educación, capacitación y al empleo. Un informe de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido descubrió diferencias significativas en las experiencias de vida de la juventud que salió del sistema de asistencia en comparación con otras personas jóvenes adultas:
- El 41% de los y las jóvenes que salieron del sistema de asistencia social no estudian, no trabajan, ni reciben capacitación, en comparación con el 15% de todas las personas jóvenes de 19 años.
- El 6% de los y las jóvenes que salen del sistema de asistencia cursan estudios superiores, en comparación con un tercio de todas las personas jóvenes de 19 años.
- El 49% de las y los jóvenes menores de 21 años que han entrado en contacto con el sistema de justicia penal tuvieron una experiencia de asistencia social.
- El 22% de las mujeres que salieron del sistema de asistencia se convirtieron en madres adolescentes; y
- Los y las jóvenes que salen del sistema de asistencia tienen entre cuatro y cinco veces más probabilidades de autolesionarse en la edad adulta.
“Jóvenes adultos que han estado en programas de acogida: Desafíos y Soluciones”, un informe de Youth.Gov, indica que las y los jóvenes con experiencia en el sistema de acogida en Estados Unidos se enfrentan a retos similares
- Más del 20% se queda sin hogar durante el primer año después de emanciparse;
- Sólo el 3% recibe educación post secundaria;
- Aproximadamente el 33% presenta trastornos de salud mental; y, según un estudio,
- El 45% ha tenido problemas con la policía, el 41% ha pasado tiempo en la cárcel, el 26% ha estado en contacto con el sistema judicial (con cargos formales presentados) y el 7% ha sido encarcelado.
En Belice, un estudio reciente, financiado por el BID (disponible en inglés), reveló que aproximadamente el 70% de los niños y niñas que ingresan a centros de acogida son adolescentes de entre 15 y 18 años. La mayoría de ellos y ellas viven en entornos no familiares, como hogares grupales o centros de rehabilitación juvenil, y necesitan apoyo para llevar a cabo su transición a la vida independiente.
No se dispone de información concluyente sobre las experiencias de estos jóvenes después de salir del centro de acogida. Sin embargo, la información anecdótica disponible indica que, similar a lo que sucede en otros países del mundo, estas personas jóvenes se enfrentan a considerables dificultades al hacer la transición a la independencia. A petición del Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de Pueblos Indígenas (MHDFI) de Belice, el BID solicitó un estudio sobre los servicios de apoyo disponibles para los jóvenes que salen del sistema de acogida por haber alcanzado la mayoría de edad. El informe resultante, preparado por Coram International, ofrece una serie de recomendaciones operativas, políticas, y programáticas para fortalecer los servicios de apoyo a la transición de los jóvenes hacia la independencia. Aunque muchas de ellas son específicas para el contexto de Belice, proporcionan un marco útil que puede ayudar a otros países de la región.
Seis puntos clave para que los sistemas de la región puedan mejorar la experiencia de vida de la juventud vulnerable en cuidado estatal:
1. Fomentar el vínculo de los niños con su familia y con su comunidad mientras están bajo el cuidado del Estado.
Las políticas y los procedimientos de gestión de la juventud en el sistema de acogida deben reforzar su capacidad para mantener relaciones estables con su comunidad y su familia. Promover activamente la relación y el contacto continuo de los niños con miembros adultos de su familia – siempre y cuando se trate de una relación sana-, evitar separar a los niños de sus hermanos o amistades con quienes tiene apego, y fomentar que los niños reciban en su hogar y hagan visitas a amistades de su comunidad, mejora las posibilidades de la juventud de desarrollar y mantener redes familiares y amistosas que puedan apoyarles una vez que hayan dejado el sistema de asistencia.
2. Aumentar la edad a la que la juevntud del sistema de acogida puede recibir asistencia.
No es raro para las personas adultas en Belice, así como en muchos otros países de América Latina y el Caribe, seguir viviendo con sus padres hasta casarse o hasta tener hijos. Por el contrario, al dejar el sistema a los 18 años, los y las jóvenes que han crecido en régimen de acogida pierden su vivienda, así como el apoyo financiero, social y educativo a una edad más temprana que otras personas jóvenes, todo ello, mientras lidian con el trauma experimentado antes y durante su estancia en el sistema de acogida.
La pérdida de un hogar estable, aunada a la ausencia de redes familiares y sociales, aumenta considerablemente la vulnerabilidad de la juventud que sale del sistema de acogida. Por esta razón, el apoyo para alojamiento, manutención, educación y gastos de salud, así como el apoyo de trabajo social, hasta al menos los 21 años y, en los casos que sea necesario, hasta los 25 años, permite a los jóvenes que dejan el sistema de acogida lograr una exitosa transición hacia la independencia.
Aunque es cierto que la ampliación de la asistencia implica un aumento en los costos, el Informe señala que los costos vitalicios de no proporcionar apoyo a los jóvenes que dejan la asistencia -incluidos los costos que genera el problema de las personas sin hogar, su involucramiento en el sistema de justicia penal, el desempleo, los problemas de salud, el abuso de alcohol y drogas, y la creación de nuevas unidades familiares inestables- pueden ser mayores.
Un estudio de la Fundación Annie E. Casey reveló que cada joven que sale del sistema de acogida a los 18 años en EE.UU. le cuesta al Estado 300,000 dólares en asistencia social, Medicaid, pérdida de salarios y costos de encarcelamiento, en comparación con personas de la misma edad que no vivieron en un régimen de acogida. Otros países de América Latina y el Caribe están empezando a extender la asistencia a la juventud en el sistema de acogida después de los 18 años, reconociendo los costos de no hacerlo. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha reconocido que el sistema de protección infantil sigue siendo responsable por las y los adolescentes que no han sido reunidos con sus familias biológicas o que no han sido adoptados hasta que logren independizarse, y deben seguir prestando apoyo para prepararles para trabajar y lograr una integración social positiva, de forma similar a la que se espera de la familia biológica, adoptiva o de acogida.
3. Desarrollar un conjunto de opciones de apoyo para jóvenes que salen del sistema de acogida.
Todas las partes interesadas entrevistadas para el estudio coincidieron en la necesidad de apoyo para que los y las jóvenes que salen del sistema de asistencia se adapten a la vida independiente. Es importante que las opciones de apoyo reflejen la diversidad de las necesidades de esta juventud que deja la asistencia y que el apoyo específico sea adaptado para cada quien. Las opciones a explorar incluyen apoyo terapéutico continuo; el desarrollo de una red de apoyo en la comunidad, desde caseras solidarias que alquilen alojamiento para jóvenes que abandonan la asistencia, hasta personas mentoras adultas; la ampliación del periodo de estancia en el hogar de acogida hasta los 21 años; la provisión de una vivienda independiente con apoyo a jóvenes aún dentro del sistema; y la opción de permanecer cerca, de manera que la persona joven viva de forma independiente pero cerca del hogar de asistencia, con acceso al apoyo continuo de trabajadores sociales del hogar, y la opción de volver al hogar para alimentarse y participar en las actividades, si así lo desea.
4. Reducir el número de jóvenes que necesitan iniciar la transición a la independencia después de salir del sistema de atención a la infancia
Una alternativa al internamiento de los y las jóvenes se trata del uso de residencias grupales o centros de rehabilitación. Parte de este trabajo está actualmente en marcha en Belice. La propuesta de abolir el internamiento de jóvenes en albergues juveniles bajo órdenes incontrolables y el mayor uso de la derivación para niños y niñas en conflicto con la ley, representan pasos en la dirección correcta.
Sin embargo, en cuanto a la juventud que se encuentra en el sistema de protección de la infancia, aún puede hacerse mucho más para reducir la dependencia en los hogares grupales y para trasladarles a entornos similares a los de una familia, donde puedan desarrollar vínculos fuertes y recibir el apoyo de personas adultas consistentes y cariñosas.
Un informe de la Casey Family Foundation señala la limitada eficacia del internamiento en grupos e instituciones y aboga por ofrecer los servicios que allí se prestan en “entornos similares a los de la familia, a través de la acogida terapéutica, servicios integrales y servicios de crisis móviles”. La evidencia en los EE.UU señala que al hacerlo se muestran resultados significativamente peores para las y los jóvenes que experimentan internamientos de grupo que aquellos en entornos familiares; incluyendo un 250% más de probabilidad de convertirse en delincuentes, peores resultados en términos de rendimiento escolar y culminación de estudios; y menor probabilidad de lograr la permanencia.
5. Fortalecer la recopilación de datos sobre los jóvenes en el sistema de acogida y sobre los jóvenes que dejan el sistema
Entre los datos clave que deben recopilarse se encuentra la duración de la estancia, el entorno de alojamiento, los logros educativos, el empleo, los problemas de salud y los vínculos sociales. Estos datos deberían complementarse con evaluaciones cualitativas de los servicios ofrecidos a las y los jóvenes que salen del sistema de acogida, para garantizar que los servicios son eficaces y satisfacen sus necesidades cuando llega el momento de dejar el sistema.
6. Desarrollar una política nacional sobre la salida del sistema de acogimiento considerando la experiencia de jóvenes en situación actual de acogimiento y de jóvenes que salen de él
El establecimiento de una política a nivel nacional es clave para desarrollar un marco de acción que identifique los problemas sistémicos que impiden la transición exitosa del sistema de asistencia a la independencia, y los pasos a seguir para asegurar el éxito. Sin embargo, dada la falta de datos sobre la asistencia y sus resultados, es fundamental que la juventud que recibe el apoyo y quienes han salido del sistema participen formalmente en este proceso.
El Informe recomienda el desarrollo de una organización dirigida por jóvenes que se encuentran en situación de acogida y que han salido del sistema, para representar los intereses de la juventud en el sistema de acogida a nivel político, legislativo o práctico y/o para proporcionar apoyo a este grupo de niños, niñas y jóvenes.
Este tipo de organizaciones son vías importantes para que la experiencia de la juventud que ha vivido en acogimiento y que ha salido del sistema sea escuchada. El Informe indica que estas organizaciones existen en diferentes formas en otros países y proporcionan “un conducto o instrumento a través del cual las y los jóvenes pueden hablar sobre sus experiencias de vida en el sistema, sentir apoyo de parte de sus compañeros y profesionales, y hacer que sus opiniones se tengan en cuenta en las discusiones sobre políticas y prestación de servicios“.
¿Qué está haciendo el BID para mejorar el futuro de los niños en el sistema de acogida?
El Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con una agenda multisectorial que incluye apoyo al fortalecimiento de los sistemas de protección social y la provisión de oportunidades para las poblaciones en riesgo, como lo es la juventud en el sistema de acogida, a través de programas de prevención de violencia social. Este trabajo se ha centrado en niños y niñas que actualmente tienen problemas con la ley, o que corren el riesgo de tenerlos.
En Belice, concretamente, el Banco financió el programa de Acción Comunitaria para la Seguridad Pública con el objetivo de prevenir y reducir la participación de las y los jóvenes en actividades delictivas y comportamientos violentos, así como de reducir la reincidencia de jóvenes en centros de rehabilitación juvenil. El programa, que se cerró en 2017, apoyó la creación de un modelo de atención continua para delincuentes juveniles y una serie de centros educativos y recreativos para jóvenes que no estudian ni trabajan, con el fin de apoyar el desarrollo positivo de la juventud.
En su mayor parte, como en otras partes de la región, el trabajo del Banco en Belice se ha centrado en niños, niñas y jóvenes que vivían con sus familias o en centros de detención.
El presente estudio, financiado por una subvención del BID, pretende ampliar y profundizar el trabajo del Banco con la juventud vulnerable de Belice, incluyendo a una población que hasta ahora se había pasado por alto: la juventud en el sistema de protección infantil. El estudio pone de manifiesto la urgente necesidad de apoyar a este segmento de la población juvenil y sienta las bases para una nueva e importante agenda en este ámbito.
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