De nuestro estudio sobre costos del crimen en América Latina y el Caribe
Nuestros países presentan uno de los mayores índices de delincuencia del mundo. Desafortunadamente los números han venido aumentando durante los últimos dos decenios, lo que impone costos considerables a las sociedades y a menudo convierte el problema de la delincuencia en la principal preocupación de los ciudadanos de la región.
No obstante, esta tendencia creciente de la delincuencia no parece ir acompañada de una inversión significativa en conocer más sobre este problema y sobre la eficacia de las políticas dirigidas a resolverlo (Di Tella, Edwards y Schargrodsky, 2010).
Una posible explicación de esta situación es la falta de datos confiables sobre la actividad delictiva en la región. Un sistema eficiente para la recopilación, procesamiento y difusión de información sobre la actividad delictiva y la justicia penal es un requisito previo para el análisis de la delincuencia y la prevención eficaz del delito.
Nuestro libro sobre costos del crimen ha mostrado que en materia relacionada con la recopilación y difusión de información sobre la actividad delictiva, la región presenta un atraso considerable, con grandes brechas en los datos estadísticos que entorpecen la formulación de políticas y el análisis de la actividad delictiva. En términos generales, los sistemas de estadísticas sobre la delincuencia de América Latina difieren de los sistemas estadísticos ideales en cuatro aspectos clave.
En primer lugar, no están orientados hacia el usuario. Un sistema ideal de estadísticas sobre la delincuencia debería producir, como mínimo, indicadores sobre la seguridad ciudadana (como el índice delictivo por tipo de delito) e indicadores de las respuestas del sistema de justicia penal (recursos, desempeño y castigo sistémico). Sin embargo, la información que proporcionan los sistemas estadísticos sobre la delincuencia de la región suele no estar a disposición general, carece de periodicidad y es poco detallada.
En segundo lugar, los sistemas de estadísticas sobre la delincuencia no se planifican ni se gestionan de manera efectiva. La realidad lo demuestra: las dependencias encargadas de recopilar los datos por lo general están adscritas a diferentes niveles del gobierno y a diversos organismos en cada nivel gubernamental. Además, en la mayoría de los países, la falta de recursos y capacitación son obstáculos importantes para la recopilación y el análisis de estadísticas.
En tercer lugar, dichos sistemas no mantienen la neutralidad política ni un perfil público elevado, por el contrario, la importancia de la delincuencia, como problema que preocupa a los potenciales electores, a veces se ha usado para fines de manipulación política, al influenciar el contenido y el momento elegido para dar a conocer estadísticas sobre la delincuencia.
Por último, el alcance y contenido de los sistemas de estadísticas sobre la actividad delictiva de la región no están claramente expresados ni integrados. La información que ofrecen no obedece a la reacción al problema de la delincuencia por parte del sistema de justicia penal y dichos sistemas no usan conceptos y clasificaciones comunes. Esta falta de información uniforme y disponible de manera periódica ha obligado a los investigadores a depender exclusivamente de las estadísticas sobre homicidios recopiladas por la Organización Mundial de la Salud, para fines de comparaciones internacionales. A pesar de la diversidad de las definiciones, el “homicidio” puede ser el crimen cuyos datos más se recopilan y difunden en la región.
Quizá sea por ello que la investigación académica sobre la delincuencia en América Latina se ha concentrado sobremanera en el homicidio. Dicho eso, es imprescindible mejorar la disponibilidad y la calidad de las estadísticas, como requisito previo para poder estimar con mayor precisión los costos que imponen la delincuencia y la violencia en la región. Es necesario crear instrumentos de recopilación de datos más precisos, especialmente un sistema integrado que permita el cruce de referencias de datos sobre denuncias, detenciones, poblaciones carcelarias y procesos judiciales, así como de datos provenientes de encuestas de victimización (Bergman y Whitehead, 2009).
Los esfuerzos en este sentido son un requisito previo para entender un fenómeno tan complejo como el costo de la actividad delictiva y la violencia, así como sus factores determinantes, para promover un debate constructivo y llevar a cabo evaluaciones rigurosas que acrecienten y mejoren el conocimiento sobre la delincuencia en América Latina y el Caribe.
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Foto: Flickr CC Municipalidad de Miraflores
Con concluyen que eld elito crece en la región si no hay datos confiables?
Estimado José,
La cifra más confiable es la del homicidio, que ha ido en aumento. Es un barómetro imperfecto del crimen en la región pero un indicador importante. Cabe aclarar que el crimen no va en aumento en toda América Latina. En muchos países hay avances importantes, como son los casos de Chile y Honduras, o como es el caso en ciudades específicas, como Sao Paulo y Río de Janeiro. De hecho, hay países donde el crimen sube en una ciudad pero baja en otra y esto es una realidad que a veces las cifras nacionales esconden.
Con que datos concluyen que el delito crece en la región si no hay datos confiables? Como compatibilizan la pretensiónd euna justicia penal preventiva con el derecho penal liberal de acto?
Muy atento, gracias. Continuo interesado por conocer vuestro pensamiento sobre la seguna cuestión (compatibilidad entre justicia preventiva y derecho penal de acto). Esta inquietud se funda en que nuestra CN, liberal y filohmanista, en su art. 18 prescribe la intervención de la justicia penal a partir del “…hecho del proceso…”, lo que a las claras indica una veda a la prevención. Gracias.
Esa es una pregunta para un abogado/constitucionalista. No sé si estamos en una posición de comentar pero si encuentro una persona que lo pueda hacer, te aviso.