La integración laboral de la población migrante depende de distintas variables, que van desde la cultura a la economía y, particularmente la legislación de cada país. En esta publicación presentamos un adelanto de un informe sobre los marcos regulatorios de la migración laboral internacional en América Latina y el Caribe, a cargo del abogado y profesor de Harvard José Ignacio Hernández.
El estudio analiza los marcos jurídicos que de la integración laboral de trabajadores migrantes en situación regular en los 26 países prestatarios del BID. El análisis fue realizado desde una mirada del jurídica, es decir, desde el Derecho doméstico y el Derecho internacional de los Derechos humanos. En particular, en lo correspondiente al Sistema interamericano de derechos humanos, cuyos estándares de protección vinculan a la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe.
Para la elaboración del estudio se definieron tres indicadores:
– Condiciones para que las personas migrantes puedan acceder a un trabajo.
– Desempeño de los trabajadores migrantes en sus puestos de trabajo.
– Incidencia del Derecho Internacional para la inserción laboral de migrantes.
El acceso de migrantes al mercado laboral
El acceso al mercado laboral, que implica ceñirse a las reglas o condiciones que los Estados plantean para la contratación de trabajadores extranjeros conlleva, desde la perspectiva de la persona migrante, lidiar con las numerosas barreras para acceder a un permiso de trabajo que le permita ser contratado formalmente. Pero también ello constituye un potencial desincentivo para que el sector empresarial conozca las reglas y asegure una contratación formal en el corto y mediano plazo.
Algunas de estas barreras incluyen, por ejemplo, el control previo, la escasa interoperabilidad entre instituciones migratorias y laborales, los obstáculos burocráticos que ralentizan la contratación, la imposibilidad de que los/as dependientes del/a trabajador/a puedan trabajar, entre otras. Todo ello se agrava cuando las barreras se analizan con un enfoque interseccional, es decir, teniendo en cuenta las múltiples situaciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes. De ahí la importancia de analizar las provisiones legales que determinan la protección de trabajadores domésticos que, en muchas ocasiones, limitan sobremanera la contratación de personas extranjeras.
Desempeño de migrantes en sus empleos
El estudio midió también el desempeño de los/as trabajadores migrantes en sus puestos de trabajo. Al respecto, uno de los procesos clave para la inserción es el fomento de mayores mecanismos de regularización para favorecer un mayor empoderamiento de las personas migrantes, evitar la precarización laboral, y aprovechar al máximo las nuevas capacidades que traen las personas migrantes a los países de destino. Asimismo, el desempeño también se medirá en función del reconocimiento -o no- de derechos económicos y sociales, como acceso a seguridad social, que resulta un incentivo importante tanto para la persona migrante como para el Estado y la mejora en la calidad de servicios que se proveen.
El impacto de los acuerdos internacionales en el empleo para migrantes
Finalmente, un tercer indicador está asociado a la incidencia práctica del Derecho internacional en la implementación de reglas de juego más favorables para las personas migrantes. Ello, demanda poner en práctica los estándares más favorables para asegurar un mejor respeto y garantía de los derechos de trabajadores extranjeros. En términos prácticos, esto demanda de los Estados un mayor compromiso para implementar y dar seguimiento constante a las provisiones contenidas en tratados o jurisprudencia, de modo que informen los ordenamientos jurídicos internos con una mirada de mayor protección al trabajador/a extranjero/a.
La importancia de fortalecer los marcos legales para promover el trabajo entre migrantes
Estos tres indicadores muestran la importancia de fortalecer los marcos legales internos a la luz de las previsiones más protectoras para trabajadores/as migrantes que se han desarrollado desde el sistema interamericano de derechos humanos. Esto no solo coadyuvará a favorecer la situación de personas migrantes, especialmente de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, sino que también permitirá un mejor y mayor desarrollo de capacidades institucionales para los Estados, lo que se traduce en una mejora en la coordinación interinstitucional y mayor eficiencia en la respuesta a los/as usuarios/as y al sector empresarial.
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