La pandemia ha supuesto un desafío histórico para el mundo y los países de América Latina y el Caribe. Según el Observatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo más de 26 millones de personas han perdido sus empleos en América Latina. En este contexto, los migrantes, refugiados y comunidades receptoras constituyen uno de los grupos más vulnerables. Por ello, el cierre de fronteras derivado del COVID-19 ha generado varios retos. Además de aumentar la migración por pasos no regulados, se han incrementado los riegos sanitarios en las comunidades receptoras y en los propios migrantes. El reto social de acoger, asistir y proteger a los migrantes recae sobre los gobiernos y las comunidades receptoras. Por ello, el fortalecimiento de capacidades institucionales tanto de los funcionarios públicos de instituciones migratorias como de los funcionarios de otras entidades que proveen servicios a migrantes se hace más perentoria hoy día.
Los funcionarios públicos y los agentes que actúan en las fronteras no están acostumbrados a lidiar con emergencias como la suscitada a raíz del COVID-19. De hecho, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las instituciones migratorias de la región, es la falta de consenso acerca de las medidas que se deben llevar a cabo en los puestos de frontera o si las fronteras deben mantenerse cerradas. Sin embargo, la situación actual de incertidumbre y vulnerabilidad a la que se enfrentan los migrantes requiere una respuesta rápida, conjunta y coordinada por parte de las autoridades de los países de la región y en todos los niveles gubernamentales, para asegurar una inclusión sostenible de esta población en las políticas públicas de los países receptores.
Fortaleciendo las instituciones migratorias
Para dar respuesta a estas problemáticas y preguntas, el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Migraciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha reforzado y enfocado la temática de sus cursos de política y gestión de migraciones adaptándolo a las circunstancias originadas por la pandemia.
A la fecha, se han capacitado más de 300 funcionarios de 30 instituciones de la región, lo que ha permitido el intercambio de experiencias y conocimientos entre funcionarios que antes no se conocían. Igualmente, gracias a estos cursos, los participantes han tenido la oportunidad de definir, evaluar, y monitorear la gestión de las migraciones, y conocer los marcos internacionales y regionales que regulan los flujos migratorios, además de las mejores prácticas internacionales en gestión y política migratoria.
Alfredo López Rita, director nacional de Migraciones de Argentina, nos ha indicado que tras esta formación están realizando propuestas a nivel nacional para adecuar políticas públicas que permitan fomentar el autoempleo y el emprendimiento, además de buscar los mecanismos para la convalidación de titulaciones académicas para que los migrantes puedan integrarse de manera más fácil al mercado laboral.
La necesidad de formación continua
A pesar de los avances, todavía queda un largo camino por recorrer para fortalecer las capacidades institucionales de las agencias migratorias. La ausencia de políticas públicas efectivas que promuevan el acceso a los servicios básicos a los migrantes o la necesidad de implementar nuevos sistemas para la gestión coordinada de fronteras y mejorar los centros de control fronterizos, son algunos de los desafíos prioritarios actuales que enfrentan estas instituciones y sus funcionarios.
Por todo ello, resulta importante seguir capacitando e involucrando a los cargos gerenciales y ejecutivos con capacidad de liderazgo que puedan implementar los cambios necesarios y promover la coordinación migratoria interinstitucional nacional y regional.
En esta línea, la Unidad de Migraciones del BID va a continuar con su compromiso de seguir apoyando a los funcionarios públicos que trabajen en temas relativos a la migración, a través de cursos virtuales tutorizados, comunidades de práctica y Cursos Masivos, Abiertos y en Línea (MOOC), en temas como la gestión intergubernamental, las medidas sanitarias en la gestión de frontera o las herramientas para la integración de migrantes entre otros. El objetivo es apoyar a los países receptores de la migración para que puedan enfrentar los desafíos surgidos con el COVID-19 de manera más eficaz, y a su vez permita aprovechar las oportunidades de desarrollo en las poblaciones receptoras y los migrantes.
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