Los aumentos de la inversión pública y privada en infraestructura y una mayor eficiencia en el suministro de estos servicios, pueden contribuir a dinamizar las fuentes internas del crecimiento en América Latina y el Caribe. Pero en situación de fragilidad de las finanzas públicas, cuando los gobiernos implementan sus planes de consolidación fiscal, el gasto de capital es casi siempre recortado, a pesar de las buenas intenciones de los responsables de política que entienden los efectos positivos de la inversión pública sobre el crecimiento económico y la equidad.
Eso se demuestra en el recientemente publicado Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2019 del BID, cuyo capítulo fiscal analiza el avance con los planes de consolidación fiscal de los países de la región, que prevén a futuro recortes en el gasto corriente proporcionalmente mayores a los ajustes en el gasto de capital, que incluso se pretende expandir en algunos casos. De esta manera, parece haber una clara motivación por proteger la inversión hacia adelante, lo que facilitaría impulsar las tasas de crecimiento regional a futuro.
Ahora bien, el informe demuestra que cumplir con la intención de proteger la inversión en períodos de consolidación fiscal ha sido desafiante en el pasado. En una muestra de más de 100 países entre 1990 y 2018, se contabilizaron alrededor de 350 episodios donde una medida ajustada del balance fiscal primario mejoró por encima de 1,5% del PIB en un solo año, umbral usualmente utilizado para identificar períodos de ajuste fiscal en la literatura. Los datos revelan que en el país promedio de América Latina y el Caribe, la inversión pública real disminuye en un 10% en términos reales durante dichos episodios, un efecto que equivale a más del doble (y hasta el triple) en relación con otras economías en vías de desarrollo (Gráfico 1).
Incluso en el período más reciente, los países de la región que redujeron los déficits fiscales de manera más ambiciosa entre 2015 y 2018, lo hicieron disminuyendo la inversión, que perdió terreno frente a otras categorías de gasto (Gráfico 2). Lamentablemente, la situación actual no está haciendo más que profundizar un sesgo contra la inversión que viene dándose desde hace casi 40 años en la región, y que como señala el informe insignia del BID, Mejor gasto para mejores vidas es particularmente costoso por dos motivos: 1) los multiplicadores de la inversión pública son mayores a los multiplicadores del gasto de consumo, y 2) puede conducir a un menor crecimiento en el mediano plazo, en la medida que el capital público complementa a la inversión privada.
Los países de América Latina y el Caribe no están solos en esta dinámica. Un artículo reciente del Financial Times ha expresado su preocupación a propósito de la caída de la inversión pública tanto en términos brutos como netos en los países en desarrollo en general, cayendo por debajo del 1 por ciento del PIB por primera vez en 20 años en promedio. Las opciones de política para revertir el sesgo son múltiples. Por un lado, se pueden identificar espacios para reducir ineficiencias en distintos rubros del gasto corriente, como por ejemplo, racionalizar los subsidios a la energía mal focalizados. Por otro, es posible mejorar los marcos de política fiscal basado en reglas, ya sea a través de la introducción de límites al crecimiento del gasto corriente, o la exclusión parcial o total de la inversión pública de los perímetros de la regla, defendiendo así el gasto de capital.[1] Por lo tanto, proteger la inversión es posible, y avanzar en dicha dirección ahora es crucial, dado los riesgos provenientes de un entorno económico global cada más complejo. El tiempo para transformar las buenas intenciones en resultados ha llegado.
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[1] Este blog es el primero de una serie sobre inversión pública. Una discusión detallada del papel de las reglas fiscales en la protección de la inversión pública formará parte de un próximo blogpost.
En la ciudad de Guayaquil donde yo resido y que trabajo para una Corporación Municipal, se implantó una política dada por el ex-alcalde la cual consistía que el presupuesto sea de 15% en gastos administrativos y 85% en gastos de inversión y capital, en los primeros año no se pudo llegar a esos porcentajes pero con el control y seguimiento se logro superar esa meta para este año 2019 el presupuesto es de 13% gastos administrativos y 87% gastos de inversión y capital, esto ha hecho que Guayaquil, sea la ciudad que mas crezca en Ecuador y es referente para los otros gobiernos sub-nacionales del país e incluso hemos tenido visitas de otras ciudades de Sudamérica y lo mejor tenemos crédito abierto de muchas agencias de créditos de desarrollo tale como CAF- BID, Agencia Francesa y Banco Mundial a una mejor tasa e interés bajo.
La medida ideal es el manejo responsable y equilibrado de las finanzas públicas, para lo cual se requiere poner limites y controles a los ordenadores del gasto público. La participación activa de la sociedad civil es importante en la medida en que realicen control y sanciones sociales para quienes abusan del poder; no es fácil en América Latina y especialmente en Colombia, donde cualquier opinión divergente es catalogada como enemigo de la patria. Sin embargo, es necesario seguir insistiendo.
Me parece que una forma es medir de manera más exacta las cifras. En Ecuador se dá mucho que los datos del sector público no se compaginan muchas veces con la realidad. Otra forma es haciendo una reestructuración de costos, ya que por ejemplo en América Latina el kilómetro de carretera en algunos casos supera en varias veces al de Europa, todo esto ligado a temas de falta de control de la corrupción en la contratación pública.
En el último quinquenio el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú ha implementado una política de protección de las inversiones al tratar de asignar recursos a los Proyectos de Inversión, por lo menos a la continuidad de los mismos, con respecto a los gastos corrientes, en la medida que exista recursos de la caja fiscal – el tema es que casi siempre no existen los recursos en razón que son escasos, tal es así, que prácticamente en los últimos dos años solo se han asignado recursos para la continuidad de proyectos y no se ha priorizado nuevos proyectos.
Y si a esta situación, le sumamos que los procesos de selección de obras son tediosos y largos para seleccionar postores, hay observaciones y apelaciones de los postores, así como la demora en las trasferencias de los recursos a algunos Gobiernos Subnacionales la situación se complica.
Entonces la moraleja es, como podemos hablar de una política de protección de inversiones por parte del MEF, si en la práctica no se asigna mayores recursos en Inversiones y no se modifican los procesos de selección de proveedores del estado en materia de inversiones. La situación conlleva a que los programadores de inversiones de los Sectores tengan que reestructurar los escasos recursos de sus presupuestos asignados cada año para financiar los proyectos estratégicos de cada sector y por ende a desfinanciar acciones estratégicas de actividades. Tal es así, que solo en el Sector Interior se incrementó en 65% sus inversiones repriorizando su presupuesto inicial e incrementando su asignación con otras fuentes de financiamiento.
En Bolivia, se nota que la inversión pùblica es discrecional, ya que la inversiòn no se la realiza en factores productivos, es decir que la mayoria de la inversiòn se encuentra disipada en canchitas y otras que no son fundamentales, por otra parte, la demanda de la sociedad no se encuentra en proyectos para iniciar la inversión, el aspecto politico limita la presentación de los mismos, por lo tanto, la caida de la inversión en terminos monetarios es a consecuencia de la discrecionalidad de los administradores de la cosa pública.
Desafortunadamente, todas las naciones han estado pasando por un momento no tan bueno en la economía. Vivo aquí en Brasil, sé exactamente cómo funciona esto.
Me gustaría seguir la linea de este artículo e investigaciones previas sobre el tema. Ojalá podamos contribuir en los estudios sobre reglas fiscales, encaminadas a propiciar la inversión pública.
La disminución del gasto público en Latinoamérica se ha acentuado con la reciente dificil situación fiscal de países como Ecuador, Argentina y Brazil. En el caso de Ecuador, justamente la disminución del gasto en inversión ha predominado sobre la del gasto corriente.
La inversión pública es fundamental para incrementar las vías de desarrollo, así como para sentar las bases de futuros crecimientos consolidados en el tiempo. Hay muchos ejemplos en Europa y otras regiones de cómo se puede incrementar el PIB con una mayor inversión pública a largo plazo.
El aumento de la inversión pública y privada en infraestructura, junto con una mayor eficiencia en el suministro de servicios, puede impulsar el crecimiento interno en América Latina y el Caribe. Estas medidas fomentan el desarrollo económico, mejoran la conectividad y fortalecen la competitividad regional, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.