Para mejorar la calidad de las políticas públicas y de la gobernanza es fundamental medir y comparar los resultados logrados en cada país. Esta tercera edición del Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2020 es una publicación conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluye más de 130 indicadores clave de la gestión pública y fiscal en la región y que permite comparar los países de América Latina y el Caribe entre sí y con los países de la OCDE. El estudio muestra un panorama lleno de avances y desafíos sobre el desempeño de la región.
Es el conjunto más completo de indicadores para la región sobre gobernanza pública, abarcando las finanzas y el empleo público y los diferentes procesos gubernamentales, así como los resultados principales de gobierno. Adicionalmente, fueron incluidos por primera vez indicadores de integridad en el sector público y de rendición de cuentas de los procesos de toma de decisiones. Los datos presentados permiten a los lectores evaluar tanto el diseño de las reformas de la gobernanza pública como su efectiva implementación mediante una buena gestión.
En lo general, la evidencia presentada demuestra cómo la región ha logrado un progreso notable en varias áreas, incluido un mayor compromiso para involucrar a diversos actores en el desarrollo y la calidad de regulaciones, una mayor transparencia en el proceso presupuestario y mejoras en el acceso a datos del sector público. No obstante, los países de América Latina y el Caribe (ALC) todavía luchan por implementar políticas públicas efectivas, como el caso de leyes relacionadas con el financiamiento político y el derecho de acceso a la información que, aunque en algunos casos son más fuertes que en los países de la OCDE, muchas veces presentan un cumplimiento rezagado.
Algunos logros de la región están en riesgo y la confianza ha disminuido
Entre algunas de las conclusiones del estudio, se puede mencionar que, si bien los países de ALC realizaron mejoras significativas en el bienestar público en las últimas dos décadas, estos logros están en riesgo y la confianza en el gobierno ha disminuido, como se muestra en el gráfico siguiente.
A partir de 2018, el 34% de la población de ALC informó que confiaba en el gobierno, 4 puntos porcentuales menos que en 2007. Por otro lado, la confianza en el poder judicial sigue baja, pero aumentó en promedio en ALC de 31% a 34% entre 2007 y 2017.
En los últimos años, las perspectivas económicas y fiscales de la región se han deteriorado debido al lento crecimiento económico, mientras que las opciones de gasto público podrían no mejorar el crecimiento inclusivo. Como se muestra a continuación, en 2018, los países de ALC reportaron un déficit promedio del 4,3% del PIB, 3,4 puntos porcentuales más que en 2007; asimismo, la deuda bruta alcanzó el 65% del PIB, un aumento de 17,2 puntos porcentuales desde 2007. Adicionalmente, si bien la región necesita una inversión significativa en infraestructura, la inversión pública representó solo el 1,6% del PIB en 2017, alrededor de la mitad de lo que se ha invertido en promedio en los países de la OCDE (3,1%) y 0,7 puntos porcentuales menos que en 2007.
Aumentan los países con reglas fiscales, pero persisten desafíos para mejorar la calidad del gasto y el servicio civil
Varios países de ALC tienen reglas fiscales para mejorar la previsibilidad de las finanzas públicas; diez de los trece países encuestados han establecido límites o niveles de gasto, y siete tienen límites de deuda u objetivos de reducción. A pesar de esto, ocho de los 13 países encuestados han recurrido a presupuestos complementarios cada año entre 2010 y 2017, lo que puede reflejar una planificación financiera deficiente. Los países de ALC gastan proporcionalmente menos que los países de la OCDE en beneficios sociales, como pensiones y transferencias monetarias condicionadas (30% de los gastos del gobierno en comparación con el 41% en los países de la OCDE en 2017), y más en subsidios, como a la electricidad y el combustible (15% en la región en comparación con 6,5% en la OCDE).
En el servicio civil, ocho de los doce países encuestados tienen mecanismos para el reclutamiento basado en el mérito, como es el caso de los exámenes de ingreso competitivos para el servicio civil. No obstante, una proporción significativa del personal no permanente en la fuerza laboral del servicio público no está sujeto a tales procedimientos (por ejemplo, el 57% del servicio civil en Chile, el 40% en Perú y el 34% en Argentina en 2018).
La fuerza laboral del sector público es menor en los países de ALC que en la OCDE (12% del empleo total en 2018 en ALC y 21% en la OCDE). Las mujeres representan el 51% de la fuerza laboral del sector público en ALC, y el 60,2% entre los países de la OCDE. Por su parte, solo el 27,4% de los ministros en ALC eran mujeres en 2019, en comparación con el 31,2% en los países de la OCDE.
En cuanto a la calidad regulatoria, en 2019, 10 países encuestados de esta región reportaron tener como requisito el consultar a los actores interesados durante el desarrollo de algunas regulaciones subordinadas, pero en la práctica, solo tres de ellos involucran sistemáticamente a dichos actores durante el proceso regulatorio.
Los sistemas electrónicos de compras públicas y los datos abiertos siguen avanzando
La contratación pública en ALC representa, en promedio, el 6% del PIB. La mayoría de los países tienen políticas y estrategias para utilizar este tipo de contratación para lograr objetivos de política complementarios, como el apoyo a las PYME, y dos tercios tienen sistemas electrónicos de contratación pública, que promueven la transparencia, la equidad y la eficiencia; mientras que todos los países de la OCDE los tienen.
El índice de datos abiertos, útiles y reutilizables (OURdata) de la OCDE mide la disponibilidad, accesibilidad y apoyo del gobierno para su reutilización. En promedio, los países de ALC obtuvieron 0,43 en comparación con un promedio de la OCDE de 0,60 en 2018, con Colombia (0,88), México (0,71), Brasil (0,63) y Uruguay (0,62) con puntajes más altos que el promedio de la OCDE.
¡Mejores indicadores, mejores políticas! Promoviendo una cultura de evaluación de resultados
En conclusión, para mantener un crecimiento sostenible e inclusivo, ALC debe continuar implementando reformas en el sector público que promuevan resultados y aumente su capacidad institucional, así como una mayor confianza en el gobierno y equidad para todos. Este informe tiene como objetivo facilitar una comprensión más profunda de la situación de la gestión pública en la región, y ayudar a los gobiernos a desarrollar reformas más exitosas y a promover una mayor transparencia, integridad y efectividad en la gobernanza pública.
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Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2020
La tercera edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe contiene la evidencia disponible más actualizada sobre las administraciones públicas y su desempeño en ALC y en comparación con los países de la OCDE. Descarga la publicación.
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