El reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial describe los efectos devastadores de los eventos climáticos extremos y los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe. En toda la región, los países están siendo fuertemente afectados por inundaciones, sequías, olas de calor y huracanes, los cuales han causado la pérdida de cientos de vidas, grandes daños a la infraestructura y desplazamientos de población.
La situación es bastante grave. Las actividades humanas son responsables de un aumento en la temperatura promedio del planeta del orden de 1,1°C por sobre niveles preindustriales, y los compromisos de mitigación presentados por los países bajo el Acuerdo de París son insuficientes para alcanzar las metas establecidas.
Si bien en la pasada COP26 se lograron algunos acuerdos, la situación sigue siendo precaria. Con los compromisos climáticos nacionales, combinados con otras medidas de mitigación, ponen al mundo en camino de un aumento de la temperatura global de 2,7 °C para fines de siglo. Esto podría generar un impacto sin precedentes en los sistemas humanos y ambientales, destruyendo ecosistemas, desplazando a cientos de millones de personas y generando enormes costos para las economías del mundo y las finanzas públicas.
Combatir el cambio climático requiere hacer consistente el conjunto de flujos financieros públicos y privados con los objetivos internacionales establecidos en el Acuerdo de París. Como parte de esos esfuerzos se requiere desarrollar mecanismos de financiamiento y sistemas de información que permitan identificar, priorizar y evaluar los esfuerzos en el financiamiento climático de los países. En este contexto, un tema crucial es la identificación y evaluación del gasto público climático en los presupuestos nacionales.
La clasificación y la identificación de los gastos climáticos es un paso crucial para los países
La identificación y medición de los gastos públicos climáticos facilita una buena gestión de los mismos. De hecho, la clasificación de los gastos climáticos permite saber cuánto y en qué se gasta, a la vez que facilita el seguimiento y la evaluación a la gestión climática, aspectos fundamentales para un análisis de los riesgos fiscales asociados a los impactos climáticos y la transición hacia economías de cero emisiones netas. Además, es importante para reducir los gastos públicos con impactos climáticos negativos o potencialmente negativos. Por ello es importante contar con una metodología consistente y coherente que contribuya a la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales, la evaluación de los impactos del accionar público sobre el cambio climático, y el mayor acceso a financiamiento oportuno.
Sin embargo, actualmente no existe una metodología internacionalmente consensuada para la identificación de los gastos relacionados con la acción climática. Asimismo, la posibilidad de realizar una clasificación periódica del gasto está limitada por restricciones internas de los países respecto a sus sistemas de administración y clasificación del gasto público, así como las crecientes demandas por información para el desarrollo sustentable.
Por ello es necesario desarrollar un marco metodológico coherente con las prácticas habituales de los organismos presupuestarios de los países de la región, que no solo permita la identificación y clasificación de los gastos climáticos de manera permanente, sino además facilite la comparabilidad internacional.
Las clasificaciones presupuestarias y de actividades ambientales representan un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad pública. Si bien los países de la región implementan sistemas de organización y clasificación de la información estadística con distintos niveles de desarrollo y especificidad, todos se orientan por los estándares estadísticos internacionales de información ambiental y fiscal tales como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), el Sistema de Cuentas Económicas Ambientales (SCAE), y el Marco de Estadísticas de las Finanzas Públicas (MEFP) del FMI.
Particularmente relevante para estos propósitos es el clasificador de funciones de gobierno (CFG), que permite analizar las tendencias de los gastos en funciones específicas. Esta clasificación, presente en el MEFP (FMI, 2014), establece las categorías funcionales consideradas más importantes y, en consecuencia, sirve como un marco analítico para evaluar cómo los gobiernos responden, a través del gasto público, a las demandas de la sociedad. Sin embargo, todavía no existe una clasificación funcional suficientemente detallada para identificar todo el gasto público climático,, debido a la naturaleza transversal de la problemática climática.
¿Cómo se define el gasto público climático?
En términos generales, el gasto público climático se puede definir como aquel gasto que enfrenta al cambio climático o sus impactos, a través de acciones como la mitigación o la adaptación. Es decir, el gasto climático es aquel que tiene como propósito principal, o causa final, responder la crisis climática. Pero también existen gastos que, si bien no tienen como propósito principal enfrentar el cambio climático, sí tienen, por la naturaleza técnica de las actividades que se implementan, impactos significativos sobre la gestión climática o alternativamente gastos que responden a impactos sustantivos climáticos como los desastres naturales asociados a eventos climáticos extremos. Estos se pueden considerar como gastos climáticos indirectos o con efectos secundarios sobre la política climática.
Lo anterior refleja un dilema metodológico fundamental de la problemática relacionada con la acción climática del Estado y los sistemas de clasificación funcional del gasto. El actual sistema de clasificación no identifica aquellas acciones o gastos indirectos o secundarios, cuyo objetivo principal no es la mitigación o adaptación al cambio climático, como por ejemplo las inversiones en las energías renovables o el transporte público, pero que son de interés del tomador de decisiones.
En consecuencia, surge el desafío metodológico de identificar y clasificar gastos climáticos de acuerdo con la lógica y coherencia con los sistemas de clasificación vigentes, pero también respondiendo a la demanda de los tomadores de decisión por información de gastos climáticos que va más allá de la definición estricta de función en base a propósito principal o motivación final.
Una nueva metodología del BID ofrece un camino para identificar y clasificar el gasto público climático
Con este objetivo, el BID ha desarrollado una metodología de clasificación del gasto climático que no solo es compatible con los estándares internacionales, sino que además es consistente con las prácticas presupuestarias de los países de la región. En concreto, la metodología propone anclar la clasificación de gastos climáticos en la estructura actual del sistema de clasificación de funciones de gobierno (CFG) del MEFP (FMI, 2014) a través de una matriz de clasificación funcional de doble entrada, considerando propósito principal y secundario del gasto con el clima, y con un enfoque analítico de cuenta satélite.
La metodología sirve para que los países construyan sus propios sistemas de clasificación, y cuenten con los insumos para hacer el seguimiento del gasto climático, realizar su evaluación y retroalimentar el proceso de formulación del presupuesto para un gasto con el clima más eficiente y eficaz. El BID ya viene aplicando esta metodología de manera exitosa en Costa Rica, República Dominicana y Jamaica, tema que aboardamos en este blog.
El desarrollo de esta metodología por parte del BID es parte de los esfuerzos del Banco dentro de su estrategia institucional para acelerar la recuperación económica de la región a través de políticas fiscales que fomenten su resiliencia frente a eventos climáticos extremos y que atraigan inversiones verdes. Como parte de este esfuerzo, el BID y el gobierno alemán lanzaron en la COP26 un fondo de US$20 millones para reforzar las políticas fiscales verdes en América Latina y el Caribe.
La propuesta metodológica desarrollada por el BID como parte de este trabajo, atiende la demanda de información de los tomadores de decisión interesados en impulsar políticas fiscales verdes. El cambio climático presenta desafíos enormes para los países de América Latina y el Caribe, y la identificación y seguimiento del gasto público en cambio climático será una herramienta fundamental para perfeccionar la gestión climática y sobre todo proyectar el costo fiscal de inacción para nuestra región.
Descarga el aquí: Marco Conceptual para la Clasificación del Gasto Público en Cambio Climático
Conoce más sobre el trabajo del BID sobre gestión fiscal y cambio climático.
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I am interested in Bm methodology to
Measure environmental impact financing
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