Se buscan financiadores de infraestructura en América Latina y el Caribe – Razón: aquí

Cinthya Pastor*

En América Latina y el Caribe (ALC) habitan aproximadamente 620 millones de personas y al menos el 80% de ellas vive en ciudades. En los últimos 15 años, esta región ha experimentado un proceso de rápido crecimiento económico que se tradujo en una importante reducción de la pobreza y aumento de la clase media. ¿Sin embargo, qué pensaríamos si nos dijeran que en ALC aún hay 21 millones de personas que no tienen luz, o que 31 millones no acceden a agua potable en sus hogares y que 105 millones no cuentan con servicios de saneamiento? Lamentablemente esa es la realidad en la región.

¿Cuán lejos vamos a llegar dada esta situación?

Pues no muy lejos si no contamos con una agenda de infraestructura adecuada que solucione los actuales desafíos. La infraestructura es necesaria para incrementar la productividad, competitividad y mejorar la calidad de vida de un país. Hay 3 puntos que vale la pena resaltar para encaminarnos a cerrar esta brecha:

1. La inversión en infraestructura en ALC ha progresado, pero no de manera suficiente. Entre el 1990-2015 la cobertura eléctrica pasó de 89% a 97%, la cobertura de agua de 85% a 95% y la de saneamiento de 67% a 83%. Asimismo, entre 1999 y el 2012, la red vial en la región creció de 2.9 millones de Km a 3.6, y pasó de contar con 16% de la red pavimentada a un 20%. No obstante, aún existe una brecha de infraestructura que están frenando el crecimiento y desarrollo de la región.
2. La inversión pública explica el 60% de la inversión total en este sector (2008-2015) según INFRALATAM, pero no es suficiente. La situación empeora cuando uno de los primeros ajustes frente a problemas cíclicos de contracción económica es la reducción en inversión en infraestructura Por ello, es necesaria también la inversión del sector privado.
3. La inversión privada en la región se ha incrementado. Entre 1990 y 2015, ALC ha atraído inversiones privadas por más de US$ 800 mil millones, siendo Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Perú los países que mayor monto de inversiones privadas han recibido. Cada vez hay más modalidades de participación privada en infraestructura que se ajustan a las demandas y circunstancias del mercado. Sin embargo, se requiere aún más.

 

Frente a este contexto, se deben encontrar nuevas maneras de participación y nuevos actores privados en infraestructura en un escenario de mayores regulaciones financieras desde la crisis internacional y Basilea III.

Dadas las características de la infraestructura (activos de larga maduración y cuyos ingresos se generan en su mayoría en moneda local), el ahorro doméstico privado canalizado a través de actores institucionales, es la fuente ideal para financiar la infraestructura que necesita ALC, no obstante, su participación es limitada. Existen limitaciones que impiden que la infraestructura sea una clase de activos atractiva para ellos. Por ejemplo, la pequeña magnitud de los proyectos de infraestructura, las demoras entre adjudicación de concesiones y el cierre financiero de los proyectos, los riesgos de construcción en infraestructura, las regulaciones que restan liquidez a dichos actores o aquellas que le permiten solo invertir en valores que coticen, la elevada corrupción que se suele dar en proyectos de infraestructura, entre otros.

Así, se vuelve importante eliminar estos cuellos de botella en la región para que los inversionistas institucionales vean la infraestructura como una clase de activo de inversión.  Hace falta fortalecer las capacidades del sector público, destrabar el proceso de concesión, mejorar la regulación, reducir los riesgos que perciben los actores institucionales. Más allá de cuánto invertir en infraestructura, el enfoque debe ser ahora en cómo financiar la inversión privada en infraestructura en ALC y; cómo hacer más atractiva la inversión en infraestructura para los actores con fondos disponibles, como los inversionistas institucionales.

Por todo ello, desde el departamento de Infraestructura y Energía del BID hemos querido pasar del análisis general del estado del financiamiento privado de la infraestructura para toda la región, a un análisis basado en el enfoque de los estudios de caso, atendiendo a las particularidades de tres países en ALC: Chile, Perú y Uruguay, países que han mostrado un desempeño económico positivo en los últimos años, han tenido una significativa inversión privada en infraestructura y han innovado en los instrumentos utilizados para atraer financiamiento privado. En Financiamiento privado de la infraestructura en América Latina y el Caribe: Chile, Perú y Uruguay como casos de estudio se busca identificar nuevos jugadores que cuenten con recursos que financien inversión privada en infraestructura, como los inversionistas institucionales, y las limitaciones que impiden que la infraestructura sea una clase de activos atractiva para la inversión privada. Todo con el objetivo de dar luces a los estados de las políticas y regulaciones que se deben implementar para que la infraestructura sea un activo capaz de canalizar ahorro doméstico privado.

Te animamos a  visitar la publicación y acceder a más datos y una discusión más detallada del financiamiento de la infraestructura en los países de la región.

*Cinthya Pastor es economista en la gerencia del Departamento de Infraestructura y Energía del BID. Previamente se ha desempeñado como consultora dentro de la Dirección General de Estudios Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú y en el Instituto Peruano de Economía, organización sin fines de lucro, fundada por el Banco Mundial en 1994, dedicada al análisis y propuesta de políticas públicas. Cinthya es graduada en economía de la Universidad del Pacifico (Lima) y cuenta con una maestría de Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.