Cómo Chile forjó una nueva relación con sus comunidades indígenas

Por Carlos Perafán

América Latina ha tenido una larga y conflictiva relación con sus pueblos indígenas, que durante siglos han sido frecuentemente marginados, subatendidos e ignorados por los gobiernos y la sociedad. Sin embargo, desde hace unos 12 años, Chile tomó la ambiciosa decisión de tratar de cambiar este paradigma histórico, ejecutando el programa más amplio de la región enfocado exclusivamente en apoyar a los grupos indígenas.

Conocido como Orígenes y respaldado por el BID, se trata de un programa sin precedentes en Chile y en la región dada su escala y la metodología que aplica para facultar a casi 2.000 comunidades indígenas para que lleven a cabo sus propios proyectos de desarrollo. El fin último del programa era establecer una nueva relación entre el gobierno y los pueblos indígenas mediante el fortalecimiento de la identidad y la cultura de los indígenas y el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Desde el comienzo la ejecución del programa Orígenes fue difícil, pues suponía cambiar el enfoque paternalista empleado tradicionalmente por los organismos gubernamentales al trabajar con las comunidades indígenas. En este programa, las comunidades mismas tomaron la iniciativa a la hora de seleccionar proyectos y ejecutarlos, de modo que los organismos gubernamentales tuvieron que mantener un diálogo eficaz para ayudarlas a preparar planes de desarrollo a largo plazo coherentes y descentralizados.

“Lo novedoso del proyecto fue que teníamos los recursos ahí y nosotros teníamos que postular que necesidad teníamos”, señaló Zunilda Santos, miembro de una comunidad indígena de Belén, en el norte de Chile.

El proyecto desarrolló una metodología innovadora para empoderar a las comunidades indígenas.

No es sorprendente que dicho enfoque haya sido mucho más difícil de llevar a la práctica de lo previsto, ya que ni las comunidades ni el gobierno estaban preparados para hacer frente a la escala y la complejidad del programa. Por una parte, muchas comunidades indígenas tenían escasos conocimientos sobre planificación y ejecución de proyectos o procesos gubernamentales. Por otra, el gobierno entendía poco sobre la manera de trabajar en colaboración con comunidades indígenas. Por ejemplo, en un principio el gobierno organizó a las comunidades conforme a su situación jurídica, sin tener en cuenta sus lazos ancestrales o territoriales.

Como resultado, al comienzo el programa hizo demasiado hincapié en estructurar proyectos pequeños para solucionar las necesidades de las comunidades a corto plazo, en vez de planificar estas inversiones de modo que promovieran el desarrollo a largo plazo de los territorios indígenas. Además, el programa sufrió extensas demoras en la aprobación y entrega de los recursos para los proyectos comunitarios, debido en parte a que los consultores externos, al carecer de vínculos con las comunidades, no contemplaban las prioridades locales ni obtenían la validación de las comunidades para los proyectos que presentaban en su nombre. Por su parte, las comunidades a menudo tenían dificultad en cumplir los plazos e informar adecuadamente sobre cómo estaban gastando los recursos del programa.

Para resolver algunos de estos problemas, el gobierno impartió capacitación en materia de planificación y gestión de proyectos para las comunidades y sus líderes, comenzó a trabajar con las comunidades beneficiarias conforme a los vínculos familiares y a los lazos económicos, culturales e históricos y estableció metas y plazos razonables para que tanto el gobierno como las comunidades pudiesen cumplir sus obligaciones.

“Con mucho trabajo (arreglamos el programa). Lo primero que hicimos fue recuperar la confianza con la dirigencia a través de diálogo, salir al terreno”, explicó Karina Doña, coordinadora del programa Orígenes.

La lección

A pesar de las dificultades que tuvo el programa Orígenes al comienzo, se establecieron 874 planes de desarrollo territorial y se realizaron más de 3.500 proyectos de desarrollo comunitario, que abarcaron desde la restauración de iglesias y la construcción de infraestructura comunitaria hasta el suministro de financiamiento a casi 9.000 familias para la compra de activos productivos tales como ganado y equipo para labores forestales y agrícolas. Las familias que recibieron fondos para comprar activos productivos en la primera fase del programa señalaron que sus ingresos reales habían aumentado en un 11% entre 2003 y 2011.

 

El programa ha contribuido a aumentar el número de personas que se identifican como indígenas dentro de las comunidades. En 2011, el 32% de los adultos se identificaban como indígenas, en comparación con el 29% en 2003. Sin embargo algunos de los resultados no cumplieron con las expectativas. Algunos planes de desarrollo a largo plazo no tuvieron la visión estratégica necesaria para fortalecer la economía rural local, por lo que no lograron disminuir la migración persistente de miembros de las comunidades a los centros urbanos, lo que constituye la mayor amenaza a la preservación de las culturas indígenas. Un motivo que se aduce para este problema fue que el programa no incluyó en el diálogo con las comunidades a los líderes indígenas tradicionales no reconocidos formalmente por el sistema político. Además, los procedimientos requeridos por las comunidades para dar cuenta de los gastos del proyecto fueron bastante engorrosos. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre la contabilización de todos los gastos, al final del proyecto sólo cerca del 0,5% de los fondos del préstamo del BID quedó sin contabilizar, debido en gran parte a que algunas comunidades perdieron los recibos y algunos organismos gubernamentales se demoraron en suministrar documentos que respaldaran el gasto. “Los recursos no estaban perdidos. Eso es lo más importante. Nosotros chequeamos que los proyectos estaban hechos”, agregó Karina Doña.

A pesar de estas limitaciones, el proyecto logró dar poder de decisión a las comunidades indígenas y mejorar sus relaciones con el gobierno. El número de comunidades indígenas inscritas ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la agencia chilena encargada de los asuntos indígenas, aumentó en un 65% a lo largo de los 12 años del programa. De igual manera, el 67% de las comunidades que participaron en el programa Orígenes han tenido acceso a fondos de otras entidades oficiales para llevar a cabo proyectos de desarrollo.

Para el gobierno, el legado más importante del programa Orígenes fue la creación de una fuerza laboral que comprende cómo trabajar con las comunidades indígenas. Chile Indígena, un nuevo programa gubernamental lanzado al concluir Orígenes con la finalidad de promover el desarrollo de las comunidades indígenas, utiliza en la actualidad una metodología semejante para facultarlas y establecer con ellas un diálogo organizado y descentralizado. Esta vez, el diálogo incluye a los líderes indígenas tradicionales.

“De cierta manera, todos los gobiernos piensan que sus ciudadanos son iguales”, explicó Karina Doña. Agregó que, gracias a Orígenes, “una lección es que el estado chileno, de alguna manera, entiende la diversidad de su gente. Y es un aprendizaje en términos de diversidad.”