Para superar las brechas históricas en la provisión de servicios públicos, América Latina y el Caribe debe incrementar en 70% la inversión en infraestructura hasta 2030, de acuerdo a nuestra más reciente publicación interactiva.

Por Tomás Serebrisky, Ben Solís y Leonardo Mastronardi*

Antes de comenzar a leer el blog, le adelantamos la respuesta: la región debe invertir al menos 3,12% del PIB cada año hasta 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación, los detalles que explican esa cifra, muy por encima de los niveles históricos.

¿Cómo nos imaginamos que debe ser América Latina y el Caribe en 10 años? Sin duda alguna, una región integrada, sostenible y con servicios públicos de calidad y universales.

Debemos llegar a 2030 siendo una región que garantice a todos sus ciudadanos el acceso a los servicios básicos. Todas las personas –sea en el ámbito urbano o rural— tendrán acceso a agua y saneamiento gestionados de manera segura, reduciendo así la incidencia de enfermedades infecciosas. Los niños de todas las ciudades y centros poblados podrán hacer sus tareas en casa, porque todos los hogares contarán con acceso a la energía eléctrica. Las personas y negocios aprovecharán las ventajas de la conectividad, pues habremos alcanzado las tasas de acceso a banda ancha fija e internet móvil con estándar 4G de países desarrollados.

En el 2030 también habremos dado pasos importantes en nuestro camino hacia ciudades sin contaminación. La mayor penetración de energías renovables en la matriz de generación eléctrica habrá permitido reducir las emisiones de carbono. Por su parte, la calidad del agua en ríos, lagos y mares habrá mejorado pues la totalidad de las aguas residuales en el ámbito urbano recibirá tratamiento. El transporte urbano en las grandes ciudades será ordenando, permitiendo que los ciudadanos hagan un uso óptimo de su tiempo, con infraestructura para el transporte público masivo, con énfasis en la electrificación del transporte.

Hacia 2030, habremos también avanzado hacia una región con ciudades y países integrados, como consecuencia de una mayor disponibilidad de aeropuertos y de una adecuada red de caminos y carreteras, cuyo buen estado permitirá el correcto traslado de personas y bienes.

Esta visión está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, a fin de dar una guía a los países sobre las metas a alcanzar para garantizar el desarrollo de sus ciudadanos.

¿Qué hacer para lograrlo?

Para que la aspiración de la región en 2030 se haga realidad, un componente fundamental –aunque no el único— es invertir.  Entre 2008 y 2019, en promedio, la región invirtió anualmente el 1,8% de su PBI en infraestructura de servicios de agua, saneamiento, electricidad, transporte y telecomunicaciones. Sin embargo, de acuerdo con nuestros cálculos, la región debe destinar el 3,12% anual de su PBI a fin de cerrar la brecha de infraestructura hasta 2030. Eso quiere decir que la región necesita incrementar en 70% su nivel de inversión histórico.

Nuestras estimaciones indican que la inversión se distribuye del siguiente modo entre sectores: 0,5% en agua y saneamiento; 0,8% en electricidad; 1,4% en transporte y 0,4% en telecomunicaciones.

Estas estimaciones se han realizado de manera modular, tomando los ODS para establecer las metas a alcanzar y calculando las brechas para los subsectores de agua, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, generación y transmisión de electricidad, distribución de electricidad, caminos y carreteras, aeropuertos, transporte público masivo, banda ancha fija y banda ancha móvil con tecnología 4G. Para ello, hemos utilizado información de línea base sobre acceso a los diferentes servicios en los 26 países de la región, e información de costos relevada de distintas fuentes que incluyen opinión de expertos y de proyectos ejecutados y en ejecución del BID, así como trabajos académicos.

Nuestros cálculos incluyen tanto la inversión necesaria en nueva infraestructura como la inversión en mantenimiento y reemplazo de aquellos activos que llegan al final de su vida útil. Este último tipo de inversiones —si bien no siempre son consideradas en los planes de inversión de los países— resultan fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos de calidad. De los 2.220.736 millones de dólares que requiere invertir la región hasta 2030, el 59% debe destinarse a inversión en infraestructura nueva, mientras que el 41% a mantenimiento y reemplazo de activos.

Una herramienta de cálculo de acceso abierto para ayudar a la toma decisiones

Como hemos señalado en este blog, para garantizar servicios públicos universales y de calidad a todos sus ciudadanos, la región necesita hacer un importante esfuerzo e incrementar las inversiones de aquí a 2030. Invertir anualmente 3,12% del PBI en infraestructura es un reto en el contexto actual, en el que los países han elevado su endeudamiento y destinan más recursos a mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, es también una oportunidad para recurrir a la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y reactivar la economía que se encuentra afectada como consecuencia de la crisis generada por el COVID-19.

Finalmente, si bien nuestras estimaciones son producto de la información disponible actualmente y de información de costos estándar, nuestro objetivo es que sea un “documento vivo”. Es decir, que se convierta en una herramienta cuyo cálculo pueda ser adaptado y afinado para los distintos países. Por ello, hemos puesto a disposición de los interesados el modelo de cálculo a fin de que puedan modificar los supuestos de cálculo.

Les invitamos a revisar el documento completo con los detalles del resultado, la metodología y los supuestos utilizados para el cálculo de la brecha de infraestructura en el siguiente enlace:

https://interactive-publications.iadb.org/La-brecha-de-infraestructura-en-America-Latina-y-el-Caribe

_{*Ben Solís es consultor del Sector de Infraestructura y Energía del BID. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Competencia y Regulación de Mercados por la Barcelona Graduate School of Economics. Ha trabajado previamente en las áreas de regulación tarifaria y estudios económicos de los organismos reguladores de agua potable, saneamiento y energía en Perú.}

*Dedicamos este trabajo a la memoria de Leonardo Mastronardi. Excelente profesional y mejor persona. Te recordaremos siempre atento, cálido y compañero. Te vamos a extrañar Leo.