La Encuesta Global de Gallup recolecta información en más de 160 países sobre aspectos esenciales que hacen a la calidad de vida de una población: salud, empleo, educación, medio ambiente, satisfacción, seguridad y balance vida-trabajo. Una de las preguntas de la encuesta apunta a conocer el nivel de satisfacción de la población con la calidad del agua de su zona. La información se levanta sobre la base de una muestra de unos 1000 hogares por país, lo que da un buen indicio de cómo se percibe la calidad del servicio de agua en un país y/o región.
Si comparamos los datos agregados para el continente americano (incluyendo Estados Unidos y Canadá), encontramos que el 73% de los encuestados respondió que estaba satisfecho. En África y Asia, el porcentaje fue del 54% y 68% respectivamente, mientras que en Europa del 79%. Estos datos corresponden al año 2009.
Si analizamos los datos por país para la región de América Latina y el Caribe, encontramos que Uruguay es el país con mayor nivel de satisfacción (94%), y que Haití es el país con menor nivel (37%). En países como Colombia (73%), Argentina (74%) y Brasil (78%) se observan niveles de satisfacción aceptables, mientras que en Venezuela (60%), Perú (62%) y Ecuador (64%), el grado de satisfacción es menor.
¿Para qué nos sirve esta información? Muchas veces la decisión de consumir agua directamente del grifo (canilla o llave) está definida por la percepción que tenemos del servicio. Es decir, si consideramos que el agua es de mala calidad, seguramente optemos por otras fuentes como el agua embotellada, al menos para beber y/o cocinar. Estas fuentes alternativas suelen ser más caras, por unidad de medida (litro o m3), que el agua que llega por red.
En un estudio que conducimos en México en 1300 hogares de bajos ingresos (entre US$115 y US$345), observamos que, en promedio, cada hogar mexicano compra unas 6 unidades de 20 litros por mes (120 litros) a un costo total de US$11. Si el ingreso del hogar fuera de US$115, el gasto en agua embotellada correspondería a casi el 10%, cuando el estándar que se considera aceptable en los análisis de capacidad de pago es del 3%.
La percepción sobre la calidad del servicio debe ser un insumo para las empresas operadoras de agua. Aun invirtiendo cuantiosos recursos en garantizar potabilidad, si la calidad del servicio es percibida como mala, la gente seguirá comprando agua embotellada y el efecto en el bolsillo de las familias de bajos ingresos seguirá siendo el mismo, sea al agua potable o no.
En realidad, el efecto en el bolsillo de las familias de bajos ingresos, no es el mismo, es mayor porque deben distraer sus recursos de alguna otra necesidad, para garantizar la calidad del agua que beben, pagando doblemente por el servicio de un recurso al que tienen derecho. “En las ciudades y pueblos, invariablemente, es la población pobre la que sufre un impacto mayor, debiendo comprar el agua a precios 10 a 20 veces más altos que los que pagan las clases más adineradas. Los estudios también afirman el hecho de que las clases más pobres destinan una cantidad mayor de sus ingresos a pagar sobornos”(Kauffman, 2004, 2005)
Por otro lado, el que “la percepción sobre la calidad del servicio debe ser un insumo para las empresas operadoras de agua” se vea como deseable es importante, pero no suficiente, dado que se relaciona con el ejercicio pleno del derecho humano al agua y como decíamos, con un mayor impacto en los pobres. Asimismo, si la percepción del servicio no es una actividad que el operador promueva, si debiera ser promovida desde la sociedad misma, por lo que tenemos una tarea pendiente en fortalecer la voz de los ciudadanos, mejorar la rendición de cuentas y reducir la corrupción en el sector.
Otro elemento es que mientras la publicidad de empresas embotelladoras inunda los medios de comunicación -aunado a un eficiente y extendido servicio de distribución-, se trata sin duda, de una NECESIDAD ya creada y poco combatida desde los gobiernos que no logran asegurar la calidad del agua que proveen. Digamos que es una batalla de percepciones para la que no están dispuestos o tienen la capacidad de acometer, porque implicaría compromisos y demostraciones públicas y no por ello, significa que no debamos o podamos comprometernos como sociedad con una mayor exigencia.
Para los investigadores, representa una oportunidad sobre todo en Latinoamérica -dadas las cifras que manejas-, el estudio de la corrupción en el sector del agua: en el diseño y construcción de plantas potabilizadoras y tratadoras, la corrupción en “operaciones y mantenimiento”, la efectiva compra y distribución de insumos de desinfección, la falta de indicadores PÚBLICOS y homologados en todo el país sobre calidad del agua distribuida y un largo etcétera.
Por último, no debemos dejar de lado, la poca información y organización que se aprecia en cualquier nivel comunitario, para prevenir la contaminación de los canales domésticos, el propio lavado del tinaco por ejemplo. es increíble que no exista más bien un negocio que garantice que el tinaco esté limpio para mejorar incluso la calidad del agua proveniente de la red pública.
En fin, mucho que hacer en esta materia.
En realidad, el efecto en el bolsillo de las familias de bajos ingresos, no es el mismo, es mayor porque deben distraer sus recursos de alguna otra necesidad, para garantizar la calidad del agua que beben, pagando doblemente por el servicio de un recurso al que tienen derecho. “En las ciudades y pueblos, invariablemente, es la población pobre la que sufre un impacto mayor, debiendo comprar el agua a precios 10 a 20 veces más altos que los que pagan las clases más adineradas. Los estudios también afirman el hecho de que las clases más pobres destinan una cantidad mayor de sus ingresos a pagar sobornos”(Kauffman, 2004, 2005)
Por otro lado, el que “la percepción sobre la calidad del servicio debe ser un insumo para las empresas operadoras de agua” se vea como deseable es importante, pero no suficiente, dado que se relaciona con el ejercicio pleno del derecho humano al agua y como decíamos, con un mayor impacto en los pobres. Asimismo, si la percepción del servicio no es una actividad que el operador promueva, si debiera ser promovida desde la sociedad misma, por lo que tenemos una tarea pendiente en fortalecer la voz de los ciudadanos, mejorar la rendición de cuentas y reducir la corrupción en el sector.
Otro elemento es que mientras la publicidad de empresas embotelladoras inunda los medios de comunicación -aunado a un eficiente y extendido servicio de distribución-, se trata sin duda, de una NECESIDAD ya creada y poco combatida desde los gobiernos que no logran asegurar la calidad del agua que proveen. Digamos que es una batalla de percepciones para la que no están dispuestos o tienen la capacidad de acometer, porque implicaría compromisos y demostraciones públicas y no por ello, significa que no debamos o podamos comprometernos como sociedad con una mayor exigencia.
Para los investigadores, representa una oportunidad sobre todo en Latinoamérica -dadas las cifras que manejas-, el estudio de la corrupción en el sector del agua: en el diseño y construcción de plantas potabilizadoras y tratadoras, la corrupción en “operaciones y mantenimiento”, la efectiva compra y distribución de insumos de desinfección, la falta de indicadores PÚBLICOS y homologados en todo el país sobre calidad del agua distribuida y un largo etcétera.
Por último, no debemos dejar de lado, la poca información y organización que se aprecia en cualquier nivel comunitario, para prevenir la contaminación de los canales domésticos, el propio lavado del tinaco por ejemplo. es increíble que no exista más bien un negocio que garantice que el tinaco esté limpio para mejorar incluso la calidad del agua proveniente de la red pública.
En fin, mucho que hacer en esta materia.
En realidad, el efecto en el bolsillo de las familias de bajos ingresos, no es el mismo, es mayor porque deben distraer sus recursos de alguna otra necesidad, para garantizar la calidad del agua que beben, pagando doblemente por el servicio de un recurso al que tienen derecho. “En las ciudades y pueblos, invariablemente, es la población pobre la que sufre un impacto mayor, debiendo comprar el agua a precios 10 a 20 veces más altos que los que pagan las clases más adineradas. Los estudios también afirman el hecho de que las clases más pobres destinan una cantidad mayor de sus ingresos a pagar sobornos”(Kauffman, 2004, 2005)
Por otro lado, el que “la percepción sobre la calidad del servicio debe ser un insumo para las empresas operadoras de agua” se vea como deseable es importante, pero no suficiente, dado que se relaciona con el ejercicio pleno del derecho humano al agua y como decíamos, con un mayor impacto en los pobres. Asimismo, si la percepción del servicio no es una actividad que el operador promueva, si debiera ser promovida desde la sociedad misma, por lo que tenemos una tarea pendiente en fortalecer la voz de los ciudadanos, mejorar la rendición de cuentas y reducir la corrupción en el sector.
Otro elemento es que mientras la publicidad de empresas embotelladoras inunda los medios de comunicación -aunado a un eficiente y extendido servicio de distribución-, se trata sin duda, de una NECESIDAD ya creada y poco combatida desde los gobiernos que no logran asegurar la calidad del agua que proveen. Digamos que es una batalla de percepciones para la que no están dispuestos o tienen la capacidad de acometer, porque implicaría compromisos y demostraciones públicas y no por ello, significa que no debamos o podamos comprometernos como sociedad con una mayor exigencia.
Para los investigadores, representa una oportunidad sobre todo en Latinoamérica -dadas las cifras que manejas-, el estudio de la corrupción en el sector del agua: en el diseño y construcción de plantas potabilizadoras y tratadoras, la corrupción en “operaciones y mantenimiento”, la efectiva compra y distribución de insumos de desinfección, la falta de indicadores PÚBLICOS y homologados en todo el país sobre calidad del agua distribuida y un largo etcétera.
Por último, no debemos dejar de lado, la poca información y organización que se aprecia en cualquier nivel comunitario, para prevenir la contaminación de los canales domésticos, el propio lavado del tinaco por ejemplo. es increíble que no exista más bien un negocio que garantice que el tinaco esté limpio para mejorar incluso la calidad del agua proveniente de la red pública.
En fin, mucho que hacer en esta materia.
En realidad, el efecto en el bolsillo de las familias de bajos ingresos, no es el mismo, es mayor porque deben distraer sus recursos de alguna otra necesidad, para garantizar la calidad del agua que beben, pagando doblemente por el servicio de un recurso al que tienen derecho. “En las ciudades y pueblos, invariablemente, es la población pobre la que sufre un impacto mayor, debiendo comprar el agua a precios 10 a 20 veces más altos que los que pagan las clases más adineradas. Los estudios también afirman el hecho de que las clases más pobres destinan una cantidad mayor de sus ingresos a pagar sobornos”(Kauffman, 2004, 2005)
Por otro lado, el que “la percepción sobre la calidad del servicio debe ser un insumo para las empresas operadoras de agua” se vea como deseable es importante, pero no suficiente, dado que se relaciona con el ejercicio pleno del derecho humano al agua y como decíamos, con un mayor impacto en los pobres. Asimismo, si la percepción del servicio no es una actividad que el operador promueva, si debiera ser promovida desde la sociedad misma, por lo que tenemos una tarea pendiente en fortalecer la voz de los ciudadanos, mejorar la rendición de cuentas y reducir la corrupción en el sector.
Otro elemento es que mientras la publicidad de empresas embotelladoras inunda los medios de comunicación -aunado a un eficiente y extendido servicio de distribución-, se trata sin duda, de una NECESIDAD ya creada y poco combatida desde los gobiernos que no logran asegurar la calidad del agua que proveen. Digamos que es una batalla de percepciones para la que no están dispuestos o tienen la capacidad de acometer, porque implicaría compromisos y demostraciones públicas y no por ello, significa que no debamos o podamos comprometernos como sociedad con una mayor exigencia.
Para los investigadores, representa una oportunidad sobre todo en Latinoamérica -dadas las cifras que manejas-, el estudio de la corrupción en el sector del agua: en el diseño y construcción de plantas potabilizadoras y tratadoras, la corrupción en “operaciones y mantenimiento”, la efectiva compra y distribución de insumos de desinfección, la falta de indicadores PÚBLICOS y homologados en todo el país sobre calidad del agua distribuida y un largo etcétera.
Por último, no debemos dejar de lado, la poca información y organización que se aprecia en cualquier nivel comunitario, para prevenir la contaminación de los canales domésticos, el propio lavado del tinaco por ejemplo. es increíble que no exista más bien un negocio que garantice que el tinaco esté limpio para mejorar incluso la calidad del agua proveniente de la red pública.
En fin, mucho que hacer en esta materia.