Es común que ciudadanos y emprendedores perciban la gran cantidad de reglas gubernamentales que condicionan su día a día como el resultado de una pesada burocracia que genera costos innecesarios o exagerados.
El Estado interviniendo en el funcionamiento de la sociedad y los mercados no es algo nuevo, pero desde el siglo pasado el aumento de la complejidad económica y de las interacciones sociales ha propiciado una mayor presencia del Estado regulando el comportamiento de actores públicos y privados. Si bien esas regulaciones buscan proteger el interés público, también generan costos que pueden afectar la competitividad de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos.
Así, cada vez es más frecuente escuchar que la solución a múltiples problemas que enfrentamos es que el regulador actúe, bien sea para regular o para desregular. Pero ¿cómo apoyar de manera sistemática la labor de los reguladores para responder de manera efectiva y dinámica a las presiones que enfrentan?
En países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y México la implementación de procesos de revisión y consulta, y el uso sistemático de herramientas de análisis de impacto, han sido componentes claves para apoyar la labor de los reguladores, y promover regulaciones que faciliten servicios públicos de calidad, promuevan la competitividad, y estimulen las inversiones.
A pesar de que la regulación es una de las principales maneras de intervención estatal, los procesos regulatorios más transparentes y abiertos, y el uso sistemático de instrumentos para tomar decisiones regulatorias con base en evidencia, tienden a estar concentrados en países desarrollados. Según los resultados de una encuesta realizada por el BID y la OCDE en siete países de la región, y publicados en el documento Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe (ALC) 2017, la región está desfasada en la adopción de políticas y herramientas que contribuyan a la mejora de la calidad regulatoria.
Sin embargo, los gobiernos de la región están reconociendo cada vez más la importancia de contar con programas de mejora. En México, el país líder en la materia en la región, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria coordina la realización de análisis del impacto de todas las nuevas regulaciones, y reporta que han logrado bajar los costos de cumplimiento de trámites administrativos federales del 4.8 a 2.6% del PIB en 6 años. Colombia está implementando un sistema unificado de consultas públicas sobre propuestas de regulaciones y utilizando tecnología de big data para categorizar su acervo normativo. Otros países como Brasil, Perú, Ecuador y El Salvador también han avanzado en iniciativas concretas los últimos años, alimentando el debate de la calidad regulatoria.
El desafío de la región es doble. Por un lado, América Latina y el Caribe pueden aprovechar el ejemplo de países más desarrollados y construir las capacidades básicas requeridas para la formulación e implementación de este tipo de políticas, estimulando el uso de instrumentos de consulta y evaluación regulatoria. Por el otro, con el avance de la economía digital, y las complejidades, dinamismos e incertidumbres que ésta genera, nuestros reguladores deben prepararse desde ya para la implementación de enfoques inteligentes que respondan a los cambios tecnológicos, y favorezcan ambientes propicios para la innovación, definiendo como deben operar, por ejemplo, los modelos de economía compartida, como Uber o Airbnb, o los vehículos autónomos. En este contexto, expertos internacionales ya cuestionan si la aplicación de principios tradicionales, como el de precaución, podría inhibir la innovación productiva en sociedades conectadas donde los ciudadanos están cada vez más informados y empoderados para tomar sus propias decisiones.
El BID se ha posicionado como un aliado estratégico de América Latina y el Caribe, en la búsqueda de marcos de política modernos para la mejora regulatoria, apoyando iniciativas de fortalecimiento de capacidades regulatorias en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y México. Desde el 2013 el BID ha apoyado el funcionamiento de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, iniciativa a la cual la OCDE se incorporó en 2015. Hoy la Red ya constituye una instancia importante de intercambio y coordinación en materia regulatoria en la región. A fines de octubre, en su última reunión, los representantes de México y Perú fueron elegidos para coordinar sus actividades.
También, a inicios de octubre, 17 oficiales gubernamentales de 9 países de ALC participaron en un programa ejecutivo de capacitación en mejora regulatoria en Washington D.C., desarrollado en conjunto por el BID, la OCDE y el Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad George Washington. Este programa permitió discutir los desafíos y avances de la política regulatoria en el marco de la economía digital.
En conjunto con las nuevas tecnologías y prácticas modernas de gestión, las regulaciones inteligentes tienen el potencial de apalancar la productividad en las organizaciones públicas y privadas, con efectos positivos en el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas. Ojalá en un futuro próximo, los ciudadanos y emprendedores de la región puedan cambiar su percepción de cómo las regulaciones gubernamentales afectan sus vidas.
Pedro Farias es un ciudadano brasileño. Su formación académica incluye una licenciatura en Ingeniería Civil y una Maestría en Administración Pública en la Universidad de Brasilia, además de cursos de especialización en la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil, George Washington University y Carleton University. Se desempeñó como un oficial en el Gobierno Federal de Brasil por 13 años, trabajando en varias agencias en diferentes funciones como Director de la Secretaría de Reforma del Estado y Secretario General Adjunto del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. Ha publicado varios artículos y ha participado como panelista en numerosos eventos en gestión pública y financiera, prestación de servicios públicos, gobernanza regulatoria, servicio civil y reforma del estado. Desde 2003, ha trabajado en el BID, apoyando a los gobiernos latinoamericanos en proyectos y coordinando estudios analíticos relacionados con la gobernanza y la capacidad institucional de los gobiernos.
Ana Maria Zárate Moreno es Economista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una Maestría en Política Pública de la Universidad George Washington. Actualmente es consultora del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. Ana Maria trabajó por varios años en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en donde contribuyó activamente en el proceso de ingreso de Colombia al Comité de Política Regulatoria de la OCDE y en el diseño de una política pública para promover la mejora normativa en la Rama Ejecutiva del Poder Público. Ana Maria también trabajó en el equipo Doing Business del Banco Mundial y en el Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad George Washington. Sus intereses de investigación giran en torno al análisis comparativo de mejores prácticas regulatorias, la importancia de la gobernanza regulatoria para el desarrollo, y la relación entre regulación e innovación.
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