De acuerdo a la Iniciativa CoST (Iniciativa para la Transparencia en el Sector de Construcción), las pérdidas estimadas por corrupción a nivel mundial en obras públicas oscilan entre un 10% y un 30%. A su vez, las pérdidas estimadas por mal manejo e ineficiencia se encuentran en una escala similar.
Si sumamos ambas, entre un 20% y un 60% de la inversión pública a nivel mundial no sería utilizada de forma eficiente y transparente. El artículo reciente de Alejandro Baron aporta varios ejemplos para evaluar la magnitud de este problema en América Latina.
Por otro lado, las catástrofes naturales – cada vez más frecuentes en el marco del cambio climático – generan importantísimos incrementos en el gasto en obras públicas. La reconstrucción de la infraestructura pública (es decir, la mejora de carreteras, puentes, hospitales, escuelas y, sobre todo, viviendas) habría requerido aproximadamente US$ 8.400 millones de dólares o 5% del PIB en Chile luego del terremoto de 2010, y se calcula que cueste US$ 2.300 millones a 2,2% del PIB en Ecuador (terremoto 2016).
En el caso de Perú, se estima que la reconstrucción con cambios luego de la catástrofe natural derivada del fenómeno del Niño costero que afectó al norte del país en 2017 costará unos US$ 6.400 millones, aproximadamente 3% del PIB. Si a este monto le aplicáramos los promedios de pérdidas por corrupción e ineficiencia a nivel global, el riesgo sería enorme, llevando a obras que podrían no realizarse o hacerse con peor calidad por falta de recursos.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) de la Presidencia del Consejo de Ministros, creada por ley en abril de 2017, se ha planteado como uno de sus cinco ejes asegurar la transparencia de la reconstrucción y promover la participación de la sociedad civil, un factor fundamental considerando: (i) la complejidad de la reconstrucción (los proyectos serían ejecutados por distintos ministerios del gobierno nacional además de gobiernos regionales y locales), y (ii) el hecho que en Perú la corrupción es el principal problema que percibe la ciudadanía (48,1% de los ciudadanos).
La ARCC se encuentra diseñando una estrategia con tres acciones complementarias, tomando lecciones aprendidas de diferentes experiencias internacionales:
(1) Una plataforma tecnológica con visualización georreferenciada y seguimiento a los proyectos de la reconstrucción. La plataforma – actualmente en preparación con apoyo de la iniciativa Mapa Inversiones del BID, que también está siendo implementada en Costa Rica y Paraguay– tomaría fuentes de información existentes en el Estado peruano así como información relacionada con los proyectos de la reconstrucción, incluyendo documentos, información de ejecución financiera y ejecución física, y la haría pública de una forma fácil de entender para la ciudadanía. Asimismo, en el marco de esta plataforma, se creará un canal de interacción entre los ciudadanos y el gobierno. En otros países, como por ejemplo en Colombia con MapaRegalías, estas plataformas han incluido fotos y hasta videos tomados por drones en el caso de obras como carreteras.
(2) Un observatorio de la sociedad civil. En el evento del BID: “Un Nuevo Norte: Experiencias Internacionales para la Reconstrucción” se presentó el caso de Honduras, cuyo observatorio liderado por el capítulo de Transparencia Internacional en ese país (ASJ), ha implementado herramientas en áreas muy específicas del proceso de obras públicas, llevando a importantes mejoras en los estándares de información y a un mucho mejor control.
Foto: Fernando Zavala, Presidente del Consejo de Ministros del Perú y Pablo de la Flor, Director Ejecutivo de la ARCC, presentando en el evento del BID “Un Nuevo Norte: Experiencias Internacionales para la reconstrucción”, Fuente: BID
3) Mecanismos de veedurías ciudadanas, en especial en pequeños municipios remotos. Debido a que las grandes organizaciones de la sociedad civil no suelen llegar a los municipios más remotos, la experiencia internacional de la reconstrucción en Asia y América Latina indica que la capacitación y empoderamiento de líderes y comunidades locales en mecanismos de auditoria ciudadana es crucial.
A estos mecanismos de mayor transparencia y lucha contra la corrupción se sumarían también los esfuerzos que liderará la Contraloría General de la República, que planea realizar auditorías concurrentes durante el proceso además de otras acciones.
La transparencia y rendición de cuentas en la gestión de obras públicas tiene resultados tangibles. En Estados Unidos, por ejemplo, una evaluación integral del programa de transparencia utilizado para monitorear obras para la reactivación de la economía demostró un ahorro fiscal de aproximadamente US$ 157 millones.
Por todo esto, la Reconstrucción con Cambios en el Perú no solamente está llamada a llevar infraestructura sostenible al cambio climático a las regiones afectadas, también tiene la oportunidad de instalar nuevos estándares de transparencia en la gestión de las obras públicas del país.
Excelente artículo! Buena noticia para la region
Gracias!
Estimado mariano, muy buen aporte. En efecto es una gran oportunidad para el gobierno hacer las cosas con transparencia y sobre todo demostrar con hechos que si es posible reconstruir un país sin corrupción.