Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional indicaba que la pandemia del Coronavirus es la peor crisis global desde la Gran Depresión, dejando atrás, por un amplio margen, a la crisis financiera global de 2009. Sólo en Estados Unidos de América, 26 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo entre mediados de marzo y finales de abril –con la expectativa de que el número crezca aún más. En otros países, los ingresos de trabajadores formales en el sector privado que no fueron despedidos se han reducido significativamente.
Los gobiernos están enfrentando el enorme desafío de apoyar en un momento crítico a las poblaciones más vulnerables y a proteger lo máximo posible a trabajadores y empresas en un contexto donde los ingresos tributarios se han desplomado (dada la reducción de la actividad económica) y donde acceder a financiamiento a través de los mercados financieros se ha encarecido significativamente. Igualmente, hay una necesidad de transmitir a los ciudadanos un mensaje de austeridad en un momento crítico en el que empresas y trabajadores de todos los sectores están aplicando estrictas medidas de control presupuestario.
En este contexto de mayores necesidades y menores recursos, varios países de América Latina se han planteado la posibilidad de reducir salarios públicos de manera temporal para financiar transferencias a poblaciones vulnerables y desempleados durante esta fase inicial de la crisis (Brasil y Honduras, por ejemplo), y otros se encuentran ya implementando estas medidas (Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay, y a nivel subnacional en el Estado de Sao Paulo en Brasil, entre otros). Medidas similares han sido aplicadas en Nueva Zelanda y en la Unión Europea.
Reducir salarios públicos: Impacto económico vs señal simbólica
Desde un punto de vista de orden de magnitud de recursos, los salarios del sector público representan el 29% del gasto público en América Latina y más del 8% del PIB (hay países donde llegan a un monto mucho mayor). Un argumento en contra de reducir salarios públicos es que tendría un carácter simbólico porque sería una gota en el océano de las necesidades actuales. ¿Es así?
Se requeriría un análisis detallado por país y de acuerdo al diseño de cada medida para responder con mayor certeza. Para aterrizar estas cifras presupuestarias a la realidad de las personas, en Colombia el impuesto solidario a ser pagado por 21.000 servidores públicos podría financiar como mínimo el ingreso solidario de 131.250 hogares en situación de pobreza o alrededor de medio millón de personas.
Proteger la calidad de los servicios públicos esenciales
El enorme sacrificio del personal de salud pública durante esta crisis del COVID-19 ha permitido que los ciudadanos adquieran -o recuperen- conciencia sobre el rol vital que tienen los empleados públicos. La reducción de los salarios de los empleados, tanto en el sector público como el privado, es siempre una decisión muy delicada.
Por un lado, están los interrogantes en torno a los posibles efectos económicos y legales de la medida. El Estado emplea al 12% de la fuerza laboral en promedio en América Latina y el gasto de planilla inyecta mucho efectivo en las economías locales. Además, hay voces críticas que alegan que durante una emergencia nacional los servidores públicos en muchos casos prestan servicios esenciales. Una bajada en sus salarios podría debilitar el Estado en un momento donde precisamente se necesita un Estado más fuerte.
Por ello, más allá del debate sobre su último valor económico, la posibilidad de reducir salarios públicos de manera temporal levanta dos cuestiones. ¿Cómo asegurar en el corto plazo que los ajustes no impacten en la calidad de los servicios públicos más urgentes? Y más allá de la emergencia… ¿Cómo mejorar la composición del talento humano en el sector público para que ello contribuya a llevar mejores servicios a los ciudadanos?
Blindaje a la primera línea de respuesta de emergencia
A fin de proteger la calidad de los servicios públicos esenciales, es vital que las medidas de contribuciones obligatorias de los servidores públicos a fondos de crisis incluyan prerrogativas para limitar su impacto negativo en la prestación de servicios. Por ejemplo:
- Protección especial para servidores públicos en los servicios más esenciales. Es decir, es importante que las medidas no apliquen a aquellos empleados directamente involucrados en la gestión de la emergencia. En el caso actual de la pandemia del COVID-19, esto atañería a servicios de salud y seguridad principalmente. De hecho, en algunos países este personal de primera línea ha visto sus salarios incrementados para compensar el nuevo perfil de riesgo de sus actividades.
- Carácter temporal. Por temas económicos y legales, muchos países sólo contemplan ajustes salariales a empleados públicos con carácter excepcional y temporal. Por ejemplo, en el caso de esta pandemia algunos gobiernos han aprobado ajustes por dos o tres meses, con posibilidad de una única extensión por dos meses adicionales. En otras palabras, cubren principalmente el período que se espera que dure la cuarentena.
- Garantías de uso de recursos para enfrentar la emergencia. Las normativas establecen que los ajustes salariales se conviertan en contribuciones a un fondo que sólo puede ser utilizado para fines específicos de la emergencia. En el contexto de la actual pandemia algunos países han establecido mecanismos institucionales para asegurar que las ganancias del ajuste se capitalizan al máximo para luchar contra los efectos de la crisis. En especial, hay un énfasis en usar los recursos para cubrir los fondos de seguro de desempleo y para transferencias a poblaciones vulnerables.
Una oportunidad para repensar el servicio civil
Para proteger la calidad de los servicios esenciales en el contexto que vivimos, es fundamental reforzar cómo se gestionan los recursos humanos en el Estado. A corto plazo, es urgente implementar más mecanismos de reconocimiento a los servidores públicos para fortalecer la motivación del personal en tiempos difíciles.
Además, se debe asegurar la mayor flexibilidad posible a la fuerza laboral pública. Entre otras cosas, eso implica facilitar el teletrabajo y asegurar las condiciones sanitarias necesarias (por ejemplo, espacio físico adecuado mediante la creación de turnos, medidas de higiene, equipos de protección personal para quienes están más expuestos, etc.).
Las crisis son oportunidades. Con una visión de mediano plazo, se puede aprovechar esta crisis para adaptar el marco normativo del servicio civil a las necesidades del siglo XXI. Por ejemplo, desde ahora ajustando la planificación de la fuerza laboral a las necesidades de un Estado moderno y considerando la capacidad fiscal de nuestros países.
Gabriel Farfan Mares dice
Estimado Mariano,
Presido una organización independiente en México precisamente dirigida a estudiar y proponer medidas para el tema de los bienes y servicios públicos.
Me interesa que conozcas lo que hago para ver si podemos hacer algo con el BID.
Atentos saludos
Mariano Lafuente dice
Hola Gabriel, escribeme a mlafuente@iadb.org. Saludos
Daniel Valderrama C dice
Muy buen artículo, deberíamos abrir espacios de dialogo y discusión, para que lo aquí dicho no se quede en un simple decir, y se pueda implementar de una manera efectiva y eficiente
jesus roman gutierrez sanchez dice
muy interesante el artículo, y solo le agregaría que en estos momentos de actividades desde casa, es muy recomendable que el Estado implemente esquemas de capacitación, sobre los temas de cada ente público, ya que normalmente no se capacita a los servidores públicos, razón por la cuál la calidad del servicio público es deficiente.
otra situación que se podría aprovechar, es que cada área del servicio público, revise sus procesos y gestión administrativa, para mas eficiente su trabajo, bajo la premisa de que esta epidemia traerá forzosamente cambios en la gestión pública.
Caonabo Antonio Gonzalez dice
Buenos dias. Seria saludable como forma de mejorar el cash flow del gobierno motorizar una amnistia fiscal parcial, a fin las empresas con capacidad financiera y con compromisos pendientes con el Estado puedan apresurar los pagos? de esta manera los servicios públicos se verian afectados minimamente debido a que el gobierno tendría mas holgura en sus ingresos fiscales sobre todo en mi país donde dichos ingresos cayeron un 25% en el pasado mes de marzo.. Lógicamente esto como parte de un paquete de medidas adicionales.
Ester Feitosa dice
In this pandemic, this was very important.
Profissional em Boates em Piracicaba, Campinas – SP
José Joaquín Arguedas dice
Estimado Mariano
Excelente artículo. Tratas un tema muy delicado y que en Costa Rica ha generado gran algarabía, dado que según Estudio Económico de la OCDE 2020, Caso Costa Rica, somos el país de la región que más invierte en salarios públicos en proporción al PIB, pero todos los sindicatos y gremios se han opuesto de manera exitosa a contribuir solidariamente con la atenuación de la crisis, que si ha afectado muy seriamente al empleo en el sector privado,
clinica de recuperação dice
Obrigado por nos escrever. Agradecemos as informações úteis.
Jhon Parra Rojas dice
Buena Noche Mariano, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Cun. Excelente publicación, es interesante el tema expuesto y más en estos tiempos donde la economía presento esta caída por la emergencia presentada por la pandemia, es evidente el grado de afectación que esto presento para personas de mediana y baja clase ya que en su mayoría quedaron desempleados o se vieron obligados a bajar el ingreso para permanecer dentro de la organización, provocando de esta manera más pobreza dentro de dichas clases.
El beneficio Solidario es un tema que causa diversas opiniones al medirlo dentro de mi entorno, con las personas que me relaciono veo que nos benefició ya que al quedar desempleados este sustento mensual garantizo varias comidas dentro de varios hogares, pero es evidente que este beneficio es una espada de doble filo, no solo porque para servidores públicos “afectaría sus bolsillos” sino que se puede observar que este fue uno de los puntos de la reforma tributaria se justificaba en estos dineros solidarios que en parte es absurdo.
En cuanto al tema de los involucrados y nombrados como primera línea si bien en otros países fueron beneficiados y premiados por su gran labor, en Colombia gracias a las inversiones es tanques y aviones de guerra no se logró premiar a tan importante personal de los contagios del COVID 19, fue expuesta la ineptitud de un gobiernos en el que cubrían en bosas de basura a su “primeras líneas” para afrontar una enfermedad en la que el mundo implementaba sus mejores tecnologías, se destacó que la gestión pública quedo por el piso y que una vez más tenemos dirigentes que invierten en armas y no en salud y educación. Gracias por el articulo y que buenos temas expuestos y es interesante ver que unas palabras abren miles de opiniones e ideas.