Ya pasó un año del campeonato mundial de futbol. Un momento de euforia para toda Latinoamérica, que fue la gran anfitriona de este espectáculo. Esta euforia, sin embargo, estaba polarizada. Mientras que algunos aplaudían la calidad del colombiano James, la unidad del equipo de Costa Rica, y la habilidad de Messi, otros se manifestaban en las calles por la corrupción y falta de transparencia relacionada con el manejo de los recursos públicos. Ambos lados tenían razón.
Hoy los escándalos que envuelven altas esferas de la política y las movilizaciones sociales continúan a lo largo y ancho de nuestra región. De hecho, muchos coinciden en que la institucionalidad pública en Latinoamérica está en un punto de inflexión. La dirección que tomen las reformas para reforzar la gobernanza pública, sin embargo, es incierta en la mayoría de los países que están atravesando crisis institucionales.
En aquellos países donde los recursos naturales representan una fuente primordial de los ingresos públicos, las instituciones del sector extractivo no pueden quedar al margen de las reformas. La sostenibilidad del crecimiento económico en estos países no depende únicamente de saber cuándo, dónde y cómo extraer, transportar y comercializar los recursos naturales, sino de la solidez de los marcos institucionales y de gobernanza pública.
La tarea para los países ricos en recursos naturales es urgente, ya que el tiempo de la abundancia que han generado las industrias extractivas por más de una década puede estar llegando a su fin. La bajada en los precios de las materias primas genera condiciones para la reflexión y la promoción de iniciativas de gobernanza. Claramente, en tiempos de vacas flacas existen oportunidades para reformar que no existen cuando sobra el dinero. En un contexto donde los excedentes de la explotación y producción de petróleo, gas y minería tienen márgenes pequeños de beneficio neto, las inversiones en el sector se tienden a concentrarse fundamentalmente en nuevas exploraciones y la actividad en el sector se reduce. Esta reducción de actividades crea oportunidades para realizar reformas institucionales o regulatorias, las que son claves para la recuperación del sector.
Este llamado de atención es una de las motivaciones principales del libro recientemente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo Gobernanza con Transparencia en Tiempos de Abundancia: Experiencias de las Industrias Extractivas en América Latina y el Caribe.
De este libro se desprenden principalmente cuatro recomendaciones para fortalecer la gobernanza en el sector extractivo:
- Apostar al diseño e implementación de herramientas que permitan crear un entorno favorable para la gobernanza, fortaleciendo el imperio de la ley, la rendición de cuentas y las instituciones encargadas de prevenir y controlar la corrupción. Esto significa invertir en programas de fortalecimiento institucional como el primer paso en la búsqueda de una mayor eficiencia del sector. A modo de ejemplo, el gobierno de Colombia ha reconocido que una plataforma de información sobre las regalías solo puede alimentarse de información confiable y de calidad cuando las instituciones del sector minero energético tienen capacidades de recursos humanos adecuadas y sistemas de información eficientes que faciliten la fiscalización en todos los niveles de gobierno.
- Concentrarse en el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) para fortalecer la gestión efectiva del sector. Los gobiernos están realizando cada vez mayores esfuerzos por poner más información a disposición de los diversos actores intervinientes en el sector extractivo, incluyendo la sociedad civil. Pero aún existe un amplio margen de mejora, específicamente en lo que respecta a la calidad y oportunidad de la información publicada, la sostenibilidad de las inversiones en TICs, y el balance entre divulgación y confidencialidad de la información, entre otros. Todos estos temas serán cada vez más importantes para los responsables de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, dado que la ola de avance tecnológico no tiene vuelta atrás.
- Apoyar la gobernanza en los niveles sub-nacionales de gobierno. Aquí es donde existen los mayores riesgos de corrupción debido a que la ejecución de la mayoría de los grandes proyectos extractivos tiene lugar en áreas geográficamente alejadas a las capitales, donde los gobiernos provinciales y municipales cumplen un rol central. En los niveles descentralizados es donde existen los mayores desafíos en términos de transparencia: existe evidencia empírica que sugiere que las municipalidades brasileñas que más reciben regalías del petróleo tienden a ser menos transparentes y menos eficaces en el uso de los fondos públicos. Los gobiernos centrales deben incentivar y apoyar a que sus contrapartes provinciales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para recolectar y analizar información que provenga de los ciudadanos, lo cual es un insumo clave para fortalecer la gobernanza.
- Conocer mejor las debilidades y fortalezas potenciales del sector extractivo. Los países de la región deben concentrarse en desarrollar diagnósticos y estudios comprensivos sobre instituciones, regulaciones y prácticas sectoriales. Estos factores determinan en gran parte los impactos medioambientales y sociales que pueden acompañar tanto a mega-proyectos minero-energéticos como a la pequeña minería. Como parte de estos diagnósticos se deben subrayar las estructuras de incentivos que existen detrás de las decisiones en el sector, lo cual puede ayudar a mejorar las relaciones entre los actores que son relevantes para el sector extractivo, incluyendo las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil.
Sobre la base de estos cuatro pilares nuestra región puede transitar de manera efectiva el camino hacia una mejor gobernanza en el sector extractivo, pero para ello se necesita una condición básica e irremplazable: voluntad política. La misma es fundamental para promover cambios en la gestión del sector extractivo, pues el esfuerzo por transparentar las instituciones y las prácticas mediante las que se gobiernan los recursos naturales es de largo aliento e involucra abrirse a la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos. En estos procesos, algunos pierden y otros ganan.
Los que viven en la sombra de la corrupción pueden ser puestos en evidencia y perder su anonimato. A quienes hacen las cosas bien, la transparencia les permite ampliar mercados y oportunidades de negocios. Sin la suficiente voluntad política es difícil que los estados puedan doblegar la resistencia de quienes van a perder y se amparan en el statu quo.
Este blog post esta basado en un artículo del mismo autor en Revista Iberoamericana.
Muy buen artículo. Me parece y coincido con el autor del artículo, que si no existe una Voluntad Política, no podemos avanzar en la gobernanza de cualquier sector productivo. En Bolivia en el discurso de los gobernantes a cada rato se habla de transparencia, sin embargo en la práctica, cuando un ciudadano quiere acceder a información básica de algún ministerio, se encuentra con una serie de exigencias que van desde los motivos hasta llegar a pedir aval político para poder acceder a la información, asi no podemos hablar que en el pais se esta luchando contra la corrupción. Solo para mencionar un caso.
Sin lugar a dudas fortalecer a los gobiernos subnacionales o territoriales es clave en este proceso, por ejemplo en Colombia el Estado Nacional es el dueño de los recursos que hay en el subsuelo, pero este subsuelo donde hay hidrocarburos y otros recursos normalmente esta ubicado en zonas apartadas de la geografía, zonas con un desarrollo muy precario y con gobiernos sin preparación, tanto para administrar los recursos de regalías como para atender la gran presión y demanda de servicios públicos que traen consigo los proyectos mineroenergéticos, es fundamental ver los territorios con sus diferencias.