La economía política de la Agenda de Transparencia de Chile: ¿Acción o Reacción?

¿Es posible, en el corto plazo, crear más y mejor institucionalidad para prevenir corrupción? ¡Sí, se puede! Jorge Sadh y Cristián Valenzuela, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, identifican en su estudio “La economía política de la Agenda de Probidad y Transparencia de Chile” qué factores hicieron posible el desarrollo de una ambiciosa agenda de probidad y transparencia que tuvo lugar en Chile entre 2015 y 2017.

“La Agenda no sólo buscó hacerse cargo de las deficiencias y problemáticas que evidenciaron las denuncias sobre casos de corrupción, sino además aprovechar la oportunidad para incluir otras materias y avanzar en temas que durante mucho tiempo estuvieron pendientes.”

En los últimos dos años, Chile aprovechó una crisis para volverla una oportunidad para continuar cimentando las bases democráticas e institucionales que le caracterizan. A fines de 2014 salieron a la luz pública una serie de casos de corrupción que evidenciaron espacios de mejora para prevenir la corrupción y promover la transparencia. De hecho, la percepción de corrupción en el sector público aumentó en 6 puntos entre 2014 y 2017 según datos del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. A la vez, la corrupción pasó de ser el problema número 12 en la Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos de julio 2014 al número 4 en julio 2017.

Un Consejo Asesor de la transparencia

Para atender esta crisis, el gobierno de Chile creó en 2015 el “Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción ”que, en un plazo récord de 45 días, elaboró un diagnóstico y presentó un conjunto de propuestas para “dar un impulso a la agenda anticorrupción, mejorando regulaciones, fortaleciendo y adecuando capacidades institucionales, y revisando el funcionamiento de áreas esenciales de la administración pública”. Estas propuestas fueron la base para la “Agenda de Probidad y Transparencia” que el gobierno anunciaría poco después. Esta agenda sistematizaba el compromiso del gobierno con un conjunto de más de 30 medidas legales y administrativas que tenían como finalidad el perfeccionamiento de las leyes para prevenir la corrupción y dar primacía a la transparencia en la relación entre política y negocios; robustecer la observancia de los principios de probidad y transparencia en las interacciones entre sector público y sector privado; y promover conductas afines a estos principios en la ciudadanía.

Poco más de dos años después, estas medidas ya habían sido cumplidas. Destaca, por ejemplo, la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses que amplía, transparenta y fortalece el sistema de declaración de intereses y de patrimonio, particularmente su evaluación, fiscalización. También merecen mención la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia que fortalece las facultades administrativas y de fiscalización del Servicio Electoral, y otra ley que mandata la publicación y custodia de las declaraciones de patrimonio e intereses de precandidatos y candidatos de elección popular, entre otros mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En materia administrativa, destaca el diseño y aprobación de los Códigos de Ética en los Servicios Públicos.

Los 10 ingredientes del éxito

Jorge Sadh y Cristián Valenzuela identifican y analizan diez “elementos de economía política que permitieron materializar y dar sustento a la Agenda de Probidad y Transparencia, desde su gestación hasta la implementación efectiva”:

1. Liderazgo presidencial.
2. Existencia de una crisis política profunda.
3. Apoyo transversal y consenso amplio entre los distintos sectores políticos.
4. Abordaje integral y comprehensivo de los desafíos más allá de los referidos a los casos de coyuntura.
5. La articulación de propuestas desde un Consejo Asesor independiente y con libertad para la tarea encomendada.
6. El insustituible papel del Congreso Nacional, incluyendo el liderazgo de parlamentarios que históricamente han promovido el tema.
7. El seguimiento y monitoreo desde sociedad civil, medios de comunicación y organismos autónomos como la Contraloría General de la República.
8. Capacidad de respuesta institucional y técnica del Estado.
9. Incorporación de propuestas que ya contaban con una discusión previa a nivel nacional e internacional, “políticamente maduras, como el perfeccionamiento al Sistema de Alta Dirección Pública o las mejoras al reglamento de las compras públicas”.
10. La cooperación de organismos internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el consiguiente acceso a expertos y a mejores prácticas.

La inevitabilidad de la reforma

Como se menciona en el libro, es importante destacar del análisis de estos factores que, en el caso chileno, la conjunción de una crisis de representación, crisis de autoridad y crisis por la opacidad permitió que la reforma fuese “muy difícil de resistir, dejando con escaso margen de acción a la clase política y elite empresarial”. Un elemento transversal clave de todo el proceso fue, de hecho, la inclusión deliberada y la participación espontánea de diversos actores gubernamentales y no gubernamentales de la sociedad chilena abonó a la apropiación y el compromiso público con las reformas.

“Para salir de la crisis, Chile necesitaba medidas concretas y ágiles para enfrentar las crecientes críticas, de modo que cualquier opositor a tales esfuerzos no era bien recibido por la opinión pública.”

Es de justicia mencionar que esta generación de reformas sobre probidad y transparencia fue en gran parte posible gracias al sólido ecosistema institucional que ya existía en Chile. Por ejemplo, el marco legal que regula la administración del Estado ya incluía principios de transparencia respecto a la conducta de los funcionarios, la obligatoriedad de la declaración jurada de bienes para los individuos que ejercen una función pública, la publicidad en las actividades de lobby y representación de intereses; y el acceso a la información pública en materia de gasto electoral, adquisiciones, contrataciones, nómina y transferencia de fondos entre otros. También se habían ido incorporando, de manera gradual, sanciones a los distintos delitos de corrupción. La creación de instituciones para la implementación y vigilancia de este marco legal tales como el la Fiscalía o Ministerio Público (1997), la Defensoría Penal Pública (2001), el Consejo para la Transparencia (2008), o el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración Pública (ChileCompra) también han sido sin duda cimentos institucionales para el éxito de esta agenda.

Hoy en día, Chile está mejor equipada para hacer frente a la corrupción. Sin embargo, como ocurre con las mejores reformas quedaron materias pendientes y siempre surgirán nuevas necesidades. De ahí que comparta la reflexión final en el estudio sobre el desafío de que éstas reformas pasen de ser políticas reactivas a políticas activas de Estado.

Los hallazgos y reflexiones que nos comparten Sadh y Valenzuela sin duda no sólo son relevantes para los esfuerzos en curso y futuros que emprenda el Chile, sino también para el resto de los países de la región que comparten el desafío de hacer frente a la corrupción.