Gobierno y empresariado sentados a la mesa

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Los empresarios tratan de conseguir la mayor influencia posible sobre las políticas de desarrollo productivo de sus gobiernos. Tiene sentido, y desde muchos puntos de vista. Los ejecutivos empresariales viven en carne propia los problemas estructurales que les impiden atender mejor a sus clientes, entrar en nuevos mercados y aumentar la productividad. Saben dónde están las asimetrías en la información. Si pueden ayudar al gobierno a superar esas barreras y, a su vez, ayudar a generar más empleo y crecimiento, ¿por qué no convidarlos a la mesa a la hora de tomar las decisiones gubernamentales?

Curiosamente, ningún país de América Latina o del Caribe, con excepción de Colombia, ha tratado de darle al sector privado una participación directa en las instituciones formales dirigidas a transformar la producción nacional; pero esto puede cambiar. Como señalan Marcela Eslava, Marcela Meléndez y Guillermo Perry en un estudio en profundidad y un libro a ser publicado próximamente titulado “Two-To-Tango”, las vivencias de Colombia en la creación de esas iniciativas de colaboración público-privada, aunque en modo alguno han revolucionado la trayectoria de desarrollo del país, han sido una iniciativa mayormente positiva. Le han impartido cierta permanencia a un programa de desarrollo productivo anteriormente altamente inestable, y también han hecho mejorar considerablemente el entorno empresarial de una cantidad de ramas de actividad.

Veamos tan solo un elemento de la colaboración entre los sectores público y privado de Colombia: el Programa de Transformación Productiva (PTP). Este programa, creado por el gobierno en 2008, procuró determinar ramas de actividad que tuvieran un potencial importante de aporte a las exportaciones y el crecimiento general del país. Además, trató de eliminar los cuellos de botella que se interponían a esa meta.

La clave estaba en una estrecha colaboración público-privada. Como punto de partida, una organización de alto nivel en representación tanto del gobierno como del mundo empresarial ayudó a crear una metodología para seleccionar las ramas de actividad. Se asignaron gerentes privados y públicos a cada ramo seleccionado, para crear un plan de negocios con la ayuda de especialistas internacionales. Y un equipo integrado por representantes del sector privado y funcionarios públicos asumió la tarea de coordinarlo y supervisarlo.

En el caso de la industria de los productos cosméticos y de limpieza ‒uno de los 12 ramas de actividad seleccionados‒, este proceso se produjo en un momento crítico. Para 2007, esa industria tenía casi cinco años registrando un crecimiento promedio de 10% y ventas anuales de más de $3.000 millones. También se había convertido en un ramo exportador neto, principalmente a Venezuela, Ecuador y Perú. Pero ejecutivos de empresas del ramo sabían que había un gran potencial que no se estaba aprovechando. Colombia es uno de los países de mayor biodiversidad del mundo, bien ubicado para forjarse un nicho en los mercados mundiales de productos basados en recursos naturales. Pero primero debía eliminar varias barreras importantes, entre ellas, el elevado costo de los insumos importados y un oneroso proceso de obtención de Certificados Fitosanitarios para la exportación.

Fue allí que la colaboración público-privada fue decisiva. Años de cabildear ante el gobierno en busca de esas reformas antes de que se concretara el PTP habían producido escasos resultados. Pero ahora, el alto perfil del programa y la presencia de un gerente gubernamental de alto nivel a cargo de articular el trabajo de diversos agentes, produjo un cambio rápido. El tiempo requerido para obtener los certificados de exportación necesarios cayó de tres meses a 15 minutos; los aranceles a los insumos también cayeron. El gobierno ordenó cambios de su marco legal para facilitar las exportaciones de productos naturales dentro de la Comunidad Andina, e incluso hizo un llamado al estudio de la factibilidad de crear un centro de investigación sobre el uso comercial de especies naturales del país.

Aunque ese no fue el único ramo de actividad en aprovechar dicha colaboración, la iniciativa aportó una enseñanza valiosa. La enseñanza no es que el PTP cumplió un papel importante al concentrarse en potenciar ramas de actividad específicos, sino que, más bien, esas colaboraciones pueden servir como una herramienta útil para detectar cuellos de botella, especialmente los derivados de deficiencias en el funcionamiento el gobierno, y para articular respuestas gubernamentales cuando se necesita la participación de diversas entidades.

Claro está que tales iniciativas de colaboración no son una panacea. Se han topado con obstáculos cuando los representantes del sector privado no han conseguido interactuar con un funcionario público con suficiente autoridad para tomar decisiones, o cuando segmentos vinculados verticalmente de una cadena de valor tienen intereses en conflictos. Y siempre existen riesgos. Por ejemplo, ramas de actividad individuales pueden aprovechar su acceso rápido al gobierno en busca de cambios de la normativa legal, protecciones arancelarias o privilegios tributarios que perjudican a otros sectores de la economía.

Pero esas iniciativas ocurren de cualquier manera durante el devenir político normal. Y, a la fecha, no hay señales de que ramas de actividad específicos que participaron en dichas colaboraciones hayan tratado de obtener ganancias a costa de otras ramas o de la economía en su conjunto. Antes por el contrario, al canalizar las interacciones entre el sector empresarial y el gobierno hacia instituciones formales en las que existe una conciencia general de los riesgos, el sistema apela a los mejores instintos de las empresas. El PTP ha generado iniciativas eficaces para capacitar trabajadores, promulgar leyes modernizadoras, eliminar trabas burocráticas y derribar barreras que distorsionan el mercado. Ha demostrado que, si bien las colaboraciones público-privadas son algo nuevo en América Latina y el Caribe, pueden resultar un modelo útil.

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El Autor

Steven Ambrus

Steven Ambrus trabajó como corresponsal de los medios masivos de comunicación de Estados Unidos y de Europa durante dos décadas en América Latina cubriendo política, educación, medio ambiente y otros temas. El trabaja actualmente en la unidad de comunicaciones y publicaciones del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo BID.

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