El Sector del Transporte Automotor de Carga (TAC) es una pieza clave en el desarrollo económico y la competitividad de los países de América Latina y el Caribe (ALC). Por su importancia, requiere ser atendido adecuadamente con una institucionalidad adaptada a sus necesidades y a la solución de sus problemas.
Históricamente, en ALC, la competencia sobre la planificación y regulación del TAC ha estado asignada a los ministerios de obras públicas, algunos de los cuales se han ido transformando en ministerios de transporte, sin perder su foco original en el fomento y construcción de infraestructuras. En el enfoque tradicional de organización ministerial, la segmentación de las direcciones sectoriales ha tendido a dividirse de forma modal, dando más importancia a los proyectos de vialidad, puertos, aeropuertos, o ferrocarriles; que a los servicios u operadores de cada modo en particular. Esta focalización de los ministerios centrales en la inversión en infraestructura resulta aún más intensa en el caso del TAC, dado que la construcción y mantenimiento de la red vial principal y terciaria suele estar entre los principales intereses de inversión del Sector Público.
Más recientemente, la relevancia dada a la logística y a la multimodalidad ha hecho que algunas estructuras ministeriales hayan añadido direcciones destinadas a estas temáticas, sin que esto se traduzca en una atención a la problemática específica del TAC.
Una aproximación institucional que se ha ido abriendo paso a nivel regional es la descentralización funcional de las competencias ministeriales en entes públicos especializados. Los casos más representativos a nivel de ALC son la ANT de Ecuador e INTRANT en República Dominicana, aunque también cabe destacar la ANTT de Panamá o la prevista transformación del VMT de El Salvador en una nueva entidad denominada DMOV, encargada de la regulación y modernización de la movilidad, el transporte de carga y la seguridad vial. Otros países como Costa Rica o Uruguay han preferido mantener la consolidación de estas funciones a nivel centralizado.
En los países de estructura federal como Brasil, México o Argentina, la descentralización de competencias se ha llevado a cabo a través de una descentralización parcial, transfiriendo a los estados la potestad de planificar y regular el TAC dentro de su territorio, a través de sus respectivas secretarías o gobiernos regionales.
Un caso específico de interés es el de Colombia, en el que el ministerio de transporte ha ido impulsando la configuración de corredores logísticos con gobernanza propia, que desbordan la institucionalidad tradicional del sector con la voluntad de apoyar la operativa de los transportistas y de reducir los riesgos de accidentabilidad en los principales ejes del país.
En el Sector Privado la dinámica de digitalización muestra grandes diferencias entre las empresas de transporte y los transportistas informales. En el primer caso se aprecia una progresiva incorporación de medios tecnológicos, que van desde la utilización de sistemas ERP/CRM, hasta el uso habituado de pasarelas de pago, sistemas automatizados de comunicación y control de flotas, acceso a bolsas de carga, y utilización de sistemas de mantenimiento predictivo. El sector informal, por el contrario, tiene una baja predisposición a la incorporación de las nuevas tecnologías, que son percibidas como elementos de control y no como herramientas para la mejora de la eficiencia operativa. El paulatino crecimiento de esta brecha tecnológica plantea importantes desafíos para la futura viabilidad de una parte significativa de los operadores y, previsiblemente, será una fuente de conflictos a corto plazo.
Las nuevas tecnologías de atención virtual constituyen una oportunidad para mejorar la comunicación entre los operadores del TAC y el Sector Público. Es con este propósito que desde el Bien Público Regional DIGITAC-HUB, con el apoyo de los países participantes (Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y República Dominicana) impulsamos la identificación e implementación de herramientas de digitalización que apoyen las funciones básicas en materias de: registro, tramitación, fiscalización, soporte a la operativa y financiación, equidad de género, transición ecológica, capacitación, y seguridad; que centran la actividad del Sector Público en relación al TAC.
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