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El camino hacia las ansiadas tierras ancestrales

May 4, 2021 by Martin Daniel Sosa Sartori - Alejandra Caldo - Victoria Laporte Dejar un comentario


En la mayoría de los países de Latinoamérica, las comunidades indígenas han luchado por disponer de tierras propias para desarrollar y preservar su cultura y garantizar su sustento económico.

Disponer de tierra propia se puede considerar una condición básica para la supervivencia y para gozar de una vida digna. El desplazamiento de sus territorios ancestrales, por lo general, implica la migración forzosa hacia centros urbanos; conduciendo a las comunidades indígenas a una situación de vulnerabilidad socioeconómica y pérdida de los valores culturales que los representan, lo cual vulnera sus derechos humanos.

Esta problemática es aún más notoria en Paraguay, donde solo una pequeña proporción de 531 comunidades indígenas registradas ( DGEEC, 2012[1]) dispone de tierras propias, en las cuales pueda garantizarse sus actividades y medios de vida, y en particular la práctica de sus actividades económicas y culturales tradicionales.

Tal es el caso de cuatro núcleos-comunidades indígenas de pueblo Mbya guaraní (San Jorge Originario, San Jorge Ypanará, Joyvy-Santa Librada y 20 de Julio), quienes reclamaban territorios ancestrales en el área de influencia indirecta del proyecto de Pavimentación de la Ruta Nacional Nº13 (Departamento de Caaguazú, Paraguay), y que al momento de la puesta en marcha de este proyecto, se encontraban desplazadas de sus tierras ancestrales.

Algunos de sus miembros se encontrabanen situación de calle en la localidad de Caaguazú, mientras que otros, se habían asentado precariamente sobre la franja de dominio de la antigua Ruta Nacional Nº13, en total condición de vulnerabilidad, tanto socioeconómica como cultural.

El Programa de Pavimentación de Corredores de Integración, Rehabilitación y Mantenimiento Vial – Fase II, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay, y financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo[2], contempla la pavimentación de cerca de 140 km (Ruta Nacional Nº13 y Ruta Nacional Nº8) y el mantenimiento de 1250 km de la red vial principal del país.

El Programa incluyó, entre otras actividades, el desarrollo y ejecución de forma participativa y consensuada, de un plan de apoyo al reasentamiento voluntario de estas tres comunidades indígenas, centrado en las siguientes actividades:

  1. Un proceso colaborativo para la identificación y selección de tierras, este se realizó mediante un proceso ampliamente participativo, priorizando la Consulta, Libre, Previa e Informada, donde las decisiones fueron tomadas no solo por los respectivos líderes, sino por toda la comunidad, con énfasis en la participación de las mujeres, así como adolescentes y menores,quienes se involucraron en cada una de las visitas a posibles tierras, destino de asentamiento. En esta fase, se evaluaron más de 22 lotes de tierra en 5 lugares diferentes, y fueron descartados los que no cumplieron con los siguientes requisitos establecidos por las comunidades:
    • Estar ubicados en el área de influencia indirecta de la Ruta Nacional N° 13;
    • Formar parte del territorio ancestral de los Mbya;
    • Poseer una extensión adecuada para albergar la cantidad de familias a ser reasentadas;
    • Presentar condiciones de dominio regulares;
    • Condiciones agrologicas requeridas para un asentamiento indígena;
    • Suelos con capacidad de sustentar la regeneración natural del bosque y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.
  2. Compra de un total de 405 hectáreas para casi 90 familias de estas tres comunidades beneficiadas. Se avanzó con la compra de las tierras que mejor satisfacían los requerimientos con la venia y aceptación de cada una de las comunidades beneficiadas.
  3. Proceso de traslado y consolidación de las comunidades indígenas en las nuevas tierras adquiridas, para lo cual se desarrollaron las siguientes acciones:
    • Preparación y organización de las comunidades para la toma de posesión de las fincas adquiridas; planificación participativa de los espacios para su uso adecuado, y puesta en marcha de las tareas logísticas y operacionales del reasentamiento.
    • Mensuras, deslindes, demarcación y cercado perimetral de las propiedades;
    • Compra de herramientas, semillas, enseres y menajes, para la mejora de las condiciones productivas;
    • Compra de víveres por un periodo de casi 18 meses, mientras las actividades productivas propias lograban su consolidación y permitían el autoabastecimiento;
    • Capacitaciones en temas como salud preventiva y fortalecimiento del sistema basado en medicina tradicional indígena; así como actividades de capacitación para el fortalecimiento de habilidades prácticas que permitan a los pobladores mejorar sus niveles de vida.
  4. Con el apoyo de un arquitecto, se llevó a cabo el desarrollo de los etnodiseños de las viviendas para cada una de las comunidades, a través de un proceso participativo de todas las comunidades; en base a sus necesidades sociales, culturales, espaciales y funcionales, considerando los materiales y procesos constructivos tradicionales de su cultura.
  5. Se está desarrollando un proceso colaborativo de construcción de viviendas y servicios básicos; que incluye la contratación de una empresa contratista para la construcción de 60 viviendas dignas para cada una de las familias reasentadas; además de la provisión de servicios básicos, como el sistema de abastecimiento de agua potable, electrificación, e infraestructura educativa. Además, se incluye la construcción de centros comunitarios y de sus centros religiosos, Opy en guaraní, fundamental para la práctica de sus ritos y ceremonias.

Durante una de las consultas a las comunidades, previo al inicio de las obras, manifestaron su interés de ser partícipes y protagonistas directos; brindando su mano de obra  en el proceso constructivo de las viviendas y obras complementarias.

En el caso del Opy, el programa prevé la provisión de materiales, y la construcción es realizada enteramente por los mismos indígenas, y con amplia participación de las mujeres, siguiendo sus tradiciones ancestrales. Además de la construcción de infraestructura, el proyecto contempla la capacitación en oficios a las personas de estas comunidades para que su arraigo en las nuevas tierras sea sustentable y efectivo.

Fotografía 2: Proceso participativo de construcción del Opy (abril, 2021). René González para el MOPC

Este Programa es reflejo de cómo, a través de un proyecto de infraestructura vial, se pudo revertir el pasivo social histórico; relacionado a la pérdida de territorio ancestral de estas comunidades; otorgándoles tierra propia, viviendas dignas; y por lo tanto, acceso a recursos naturales, que sustentan el modo de vida y supervivencia de esos pueblos.

Estas comunidades cuentan con mejores condiciones para desarrollarse como colectividad, conservando su cultura y tradiciones; hecho que se veía seriamente amenazado debido a su desplazamiento sufrido hacia los centros urbanos de la zona.

Cuando los miembros de la cultura Mbya guaraní se sienten arraigados a un territorio, se dan las condiciones para el desarrollo de sus bailes, ritos y tradiciones. En este caso, luego de recorrer un largo camino de reivindicación, las comunidades indígenas ya empezaron a desarrollar sus ritos en los Opy construidos por sus propias manos, y a cosechar los primeros frutos de su tan ansiada, y ya propia, tierra guaraní[3].

Fotografía 3: Celebración de un rito de la comunidad San Jorge del pueblo Mbya guaraní en el Opy (abril, 2021) . René González para el MOPC

[1]Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos -DGEEC- (2012) III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Paraguay.

[2] Contrato de Préstamo N° 2934/OC-PR y 2935/BL-PR

[3] El Programa está desarrollando una evaluación ex post del proceso de reasentamiento involuntario para medir la efectividad de las acciones previstas en el Plan; y analizar como efectivamente se mejoraron las condiciones de vida.


Apoyo en la edición de este blog:  Fernando Yaluk


Archivado bajo:Infraestructura Etiquetado con:camino, caminos, Caminos rurales

Martin Daniel Sosa Sartori

Martín Sosa Sartori, es Especialista en la División Transporte del BID, en la Representación de Bolivia, donde trabaja desde hace 10 años, en la preparación y ejecución de proyectos viales, de transporte urbano, y logísticos. Martín es Ingeniero Civil y Máster en Ingeniería de Organización, con especialización en Gestión de Proyectos Tecnológicos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Alejandra Caldo

Alejandra Caldo es Especialista de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde junio de 2018. Anteriormente trabajó 6 años como consultora de la División de Transporte del BID y 10 años en el Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina, en unidades ejecutoras de programas financiados por el BID y el Banco Mundial. Alejandra es Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y posee una Maestría en Dirección de Negocios de la misma Universidad y un Micromaster en Logística del Massachusetts Institute of Technology.

Victoria Laporte

Victoria Laporte es consultora en salvaguardias sociales de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales (VPS/ESG) desde junio de 2019. Supervisa proyectos de riesgo alto y sustancial en ejecución en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Antes de trabajar en el BID, se desempeñó por 10 años en la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay centrando su trabajo en la promoción de la participación pública en asuntos ambientales y en la evaluación de impacto social de proyectos de infraestructura. Es licenciada en Trabajo Social egresada de la Universidad de la República y cuenta con una maestría en Gestión Ambiental y Planificación Territorial de la Universidad de Barcelona.

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