Mato Grosso está en la región centro-oeste y es el tercer estado más grande de Brasil. Tiene más de 900.000 km² y viven apenas cerca de 3 millones de habitantes. Es una de las últimas fronteras agrícolas del mundo. Más del 53% de la economía está basada en la agroindustria, posicionándolos como el mayor productor de ganadería, girasol, maíz y soja de Brasil. En este contexto, la infraestructura de transporte en la producción agrícola es uno de los retos más importantes para apoyar la actual producción y garantizar su expansión.
Mato Grosso tiene una extensión de carreteras estatales de casi 30 mil kilómetros, de los cuales 6.700 km están pavimentados, aunque en su gran mayoría tienen un mantenimiento deficiente. La densidad de carreteras pavimentadas en esta zona es de aproximadamente 8 km por cada 1000 km², menor que la promedia brasileña de 25 km por cada 1000 km². Esta situación vial eleva los costos de producción por temas logísticos, pero, a pesar de eso, la zona sigue siendo competitiva comparada con por ejemplo Argentina y EEUU.
Para incrementar el volumen de inversión y el mantenimiento de carreteras, se desarrolló una nueva estrategia de inversión privada conocida como APPs (alianza público-privada) Campesinas, en portugués “PPP Caipiras”.
El poder ejecutivo estatal estableció un ordenamiento jurídico que le permite “escribir acuerdos, constituir consorcios, contratos con el gobierno federal y los estaduales y municipales, y alianzas con asociaciones de productores, empresas y otras instituciones sin ánimo de lucro, para ejecutar obras como: pavimentación, mantenimiento, restauración y recuperación de carreteras y estradas no pavimentadas”.
El sistema se implementa en carreteras consideradas de bajo tráfico (entre 1.000 – 1.200 vehículos al día), que no son viables para concesión común o por una APP tradicional y cuyos usuarios tienen urgencia y recursos para invertir y así disponer de una infraestructura de transporte mejor para potencializar la actividad económica.
Firmado el acuerdo, el Estado de Mato Grosso hace la transferencia de la gerencia de la carretera a terceros, que por el momento son asociaciones de productores agrícolas, que realizan la construcción y/o la recuperación de la carretera con recursos propios y del estado de Mato Grosso. El mantenimiento de la carretera pasa a ser responsabilidad de la asociación de productores, cuyos recursos utilizados para inversión son recaudados a través del cobro del peaje a los usuarios de las carreteras. Como forma de compensación por las inversiones iniciales, se establece en el contrato del convenio que los integrantes de las asociaciones no pagarán peajes por un plazo determinado.
Con la estrategia APPs Campesinas se aumentó el volumen de carreteras pavimentadas. Desde 2004 hasta 2014 se ejecutaron obras de pavimentación en 2.274 km de carreteras estaduales. En 2015, el Gobierno de Mato Grosso hizo cambios en los reglamentos del programa para estimular las inversiones y posibilitar que terceros realicen la conservación de carreteras estaduales de manera descentralizada, con recursos por cobro de peaje llamado Programa de Peaje Comunitario (PPC).
En caso de que sean necesarias inversiones costosas, como la ampliación de la capacidad de la carretera, estas se realizarían directamente por el Estado de Mato Grosso. Para ello, los administradores de las carreteras deben informar a la Secretaría de Infraestructura y Logística (SINFRA/MT) y justificar por qué debería hacerse una inversión mayor.
Las ventajas de las “APPs Campesinas” son que:
- disminuyen los gastos públicos de mantenimiento de la carretera y de personal
- el promedio de la vida útil de la carretera crece al realizarse constantes arreglos
- la utilización de vías en mejores condiciones posibilita una mejor eficiencia logística, pudiendo transportar más carga por vehículo a más alta velocidad y a menor tiempo
- mejoran las condiciones de acceso y de conectividad entre las ciudades, posibilitando la ampliación de la producción y del tráfico de personas y de productos generando más riqueza
Del dinero recaudado con los peajes, un 90% se queda en manos de los administradores de las carreteras y un 10% va para la SINFRA/MT. Los administradores deben informar anualmente a la SINFRA/MT sobre las cuentas de los valores recibidos e invertidos, e informaciones de datos operacionales, como el volumen de tráfico y el tipo de vehículo que circuló en la carretera. Los acuerdos, contratos o alianzas están sujetos a la fiscalización de la Agencia Estadual de Regulación dos Servicios Públicos (AGER), y de los órganos de control del estado, como la Oficina de Auditoria de Mato Grosso (TCE).
Esta experiencia demuestra que con estrategias que involucren a la sociedad y atraigan a capital privado podemos promover la sostenibilidad económica, fiscal y social de proyectos de APPs de infraestructura de transporte.
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Foto: Rafael Manzutti (Sinfra/MT)
*Rodrigo da Silva Cruvinel posee una Maestría en Transportes de la Universidad de Brasília (UnB). Antes de unirse al BID, trabajó con regulación económica de infraestructura y con promoción de competencia de emprendimientos de Asociación Público-Privada (APP) en la Coordinación-General de Transportes y Logística de la Secretaría de Asuntos Económico del Ministerio de Hacienda de Brasil. Sigue a Rodrigo en Twitter: @r_cruvinel
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